Procés
Montoro utiliza su propia Ley para amenazar a Cataluña con cortar el FLA

El 21 de julio, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el acuerdo aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el cual se condiciona el pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat envíe todas las semanas todos los gastos y partidas de todas sus consejerías. Esta nueva modificación en la Ley obliga a la Generalitat ha realizar ese informe con un detalle por entidad y de manera semanal para poder “impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre”, según declaró Méndez de Vigo.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados a petición de En Comú Podem, ERC y PDeCAT, ya que consideran una amenaza “absolutamente insultante”, tal y como declaró Jordi Xuclà, del PDeCAT.

Tras hacer alarde de las cifras de crecimiento económico y de empleo del Estado español y de Cataluña, ha atribuido esas cifras a la aplicación de las leyes de estabilidad presupuestarias de 2012, conocida como la Ley Montoro, y de la que se desprende el mecanismo de financiación que ahora ha modificado y que amenaza con bloquear. El ministro ha recordado que la Generalitat ha recibido 69.278 millones de euros a través de este canal de financiación. Además, 23.000 millones de euros de esa financiación han sido usados para pagar directamente a los proveedores de servicios públicos.

Ante las protestas de los partidos de cataluña sobre la modificación específica de la Ley para el caso de Cataluña, Montoro ha explicado que la aceptación de esa financiación, trae implícita la aceptación de “compromisos que se pueden ampliar, tal y como se ha hecho”, a lo que el ministro ha añadido que esas modificaciones “no son arbitrarias, buscan el objetivo de la estabilidad y la recuperación económica”.

Xavier Domench, portavoz de En Comú Podem, ha recriminado al ministro que “si las medidas tomadas van en la vía de asegurar la estabilidad financiera, entonces han sido un fracaso notorio, ya que la realidad es que estas medidas llevan el escenario de excepción, que llevamos tiempo sufriendo en Cataluña, al ámbito financiero. Es un maniobra política y no financiera y de estabilidad como intenta hacernos creer”. Además, Domenech, ha tachado la amenaza de cortar el grifo del FLA como “una irresponsabilidad política, ya que un corte del FLA podría provocar una quiebra de la administración pública catalana y afectaría a la economía de todo el Estado”.

“Estas medidas llevan el escenario de excepción que sufre Cataluña al ámbito financiero”, dice Xavier Domenech

Antoni Postius, del grupo mixto, ha agradecido al ministro Montoro ya que “estas medidas estimulan a más catalanes a tener claro que el único camino posible es la independencia”, y ha denunciado que “esta amenaza pretende colapsar nuestros los públicos catalanes”. Postius también ha explicado que “el FLA no es ningún regalo del Estado, es un préstamo retribuido que se financia, en parte, con los 18.000 millones de euros de déficit fiscal que Cataluña paga pero que no vuelven, si no es en préstamos como el FLA que pagamos con intereses”.

Ester Capella, diputada de ERC, ha explicado que el 80% de los pagos del FLA, los cuales Montoro ya controla, son dedicados a pagar vencimientos de deuda, en muchos casos, vencimientos del mismo FLA y también ha agradecido al ministro esta nueva amenaza ya que, según Capella, “cada vez que usted interviene, el Sí gana un voto”.

El FLA como herramienta de control

El FLA ya es usado por parte del Ministerio de Hacienda como una herramienta de control sobre las comunidades autónomas. Hasta ahora, y todavía lo sigue siendo para el resto de gobiernos regionales, la aceptación del FLA llevaba la condición implícita de que el Gobierno catalán enviara un certificado mensual, firmado por el interventor, en el que demostrara no se infringía el ordenamiento jurídico. Además, el Ministerio de Hacienda obtiene acceso directo, mediante conexión telemática con su sistema informático, al pago de las facturas de la Generalitat.

Este intento de asfixia económica por parte del Gobierno central no es nuevo. “El objetivo es que no se gaste ni un euro en veleidades independentistas”, declaró el ministro Montoro, en noviembre de 2015, tras aprobar medidas excepcionales en las exigencias de contrapartida del FLA, que no se aplicaban a otras comunidades. Según el mismo Montoro, las medidas se aprobaron para tratar de impedir que se gastaran recursos en crear estructuras de Estado.

El Tribunal Constitucional también anuló e ilegalizó las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum. Pero los avances hacia la celebración del referéndum han hecho que Montoro saque la artillería pesada y vuelva a amenazar a la Generalitat con cortarles el grifo de la financiación.

El FLA vio la luz con el Decreto Ley de julio de 2012 con el cometido de ser un mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas. Pero la realidad es que el Gobierno ha controlado los pagos realizados con esos préstamos y su finalidad ha sido, en su gran mayoría, para pagar deuda e intereses. También se aprobaron pagos que fueran dirigidos a reducir la deuda comercial. Pero solo se aprobaron aquellos que iban dirigidos a conciertos con la sanidad y la educación privada.

¿Qué pasaría si se cortara el grifo del FLA a Cataluña?

Si se cortara la financiación que recibe el Gobierno catalán por medio de este mecanismo, los primeros afectados serían los tenedores de deuda catalana, los bancos y el mismo Estado. Esto pondría una fuerte presión sobre Cataluña por parte del sector financiero. De todos los pagos realizados por Cataluña con los fondos del FLA hasta finales de 2016, un 65,5% fueron destinados al pago de deuda e intereses.

Las concesiones administrativas, los conciertos sanitarios y educativos, las encomiendas de gestión o los receptores de subvenciones, algunas de las cuentas para las que son usadas el FLA, se verían afectadas ante el cierre del grifo del Gobierno central.