Tribuna
Crónica de un montaje policial para encubrir una agresión machista y racista

La violencia contra las mujeres es algo habitual en la sociedad en la que vivimos. Prácticamente todos los días somos testigos, a través de los medios de comunicación, de nuevas agresiones, violaciones y asesinatos contra ellas. En los últimos años, gracias a la lucha de miles de mujeres anónimas, ha comenzado a visibilizarse con una fuerza enorme la respuesta en la calle. Pero, como decimos, la violencia machista es una vieja lacra consustancial al sistema en el que vivimos.

Hace ocho años, el 4 de octubre de 2010, volvía con mi pareja de visitar a un amigo cuando comenzamos a oír los lloros y gritos desesperados de una mujer que pedía que dejaran de pegarla. De forma instintiva cogí el móvil, conecté la cámara y me dirigí corriendo hacia los gritos con el ánimo de ahuyentar al agresor.

Al llegar al lugar no me encontré a un hombre pegando a su pareja, sino a un policía perfectamente uniformado golpeando una y otra vez con su porra a una chica que parecía menor de edad y estaba acurrucada en el suelo protegiéndose la cara con las manos. En cuestión de segundos otro agente al que no había visto me agarró y me puso contra la pared.

En ese momento comprendí que se trataba de una redada racista [...], segundos después de estar tumbado y esposado en el suelo, el mismo policía que nos había golpeado a la chica y a mí se acercó y me dijo: “Panchito de mierda, ¿no sabes que a la policía no se le graba?”

En cuanto el primer agente acabó de agredir a la chica, vino hacia donde me encontraba y me dio una bofetada, me amenazó de muerte, me agarró del cuello tratando de desequilibrarme, me golpeó en las piernas y me tiró al suelo. Poco antes de caer pude ver que, a pocos metros de nosotros, estaban contra la pared otra mujer y dos hombres; se trataba de la madre de la chica, su tío y un amigo de la familia. Todos ellos ecuatorianos. En ese momento comprendí que se trataba de una redada racista y no pasó mucho tiempo hasta que lo pude confirmar, ya que, segundos después de estar tumbado y esposado en el suelo, el mismo policía que nos había golpeado a la chica y a mí se acercó y me dijo: “Panchito de mierda, ¿no sabes que a la policía no se le graba?”. Debido a mis rasgos me habían confundido con otro familiar de la joven y como a un inmigrante más decidió tratarme.

Violencia policial en los calabozos

Los golpes y las amenazas de muerte se repitieron en el traslado en el coche policial y andando por la rampa que conduce a los calabozos de la comisaría del barrio de Carabanchel. En esa rampa de acceso, y mientras estaba esposado con las manos en la espalda, el policía que nos había estado golpeando en la calle me dio una patada por detrás que casi me tira al suelo. Súbitamente otro policía le gritó: “¡Ahí no, que hay cámaras!”.

Una vez en el interior de los calabozos comenzaron a pedirnos la documentación. A todos nos pedían el NIE. Cuando llegó mi turno les dije que yo no tenía NIE, sino DNI. En ese momento varios policías se miran entre sí. Un poco nerviosos lo dejan pasar y comienzan a preguntar si queremos un abogado de oficio o uno particular. Cuando me toca a mí les digo que quiero un abogado particular, y entonces la tensión da un salto exponencial y los policías que había en la sala se quedan callados mirándome sin dar crédito.

Les doy el nombre y apellidos del abogado y me dicen que, si no me sé el número de teléfono personal del abogado, deberé renunciar al mismo y me darán uno de oficio —un procedimiento totalmente ilegal—. En cualquier caso, les doy el número de teléfono del abogado de memoria porque no me dejan consultarlo en el móvil, y entonces el nerviosismo de los policías se convierte en hostilidad, especialmente por parte del agente que nos había estado golpeando. Este individuo ya no se puede controlar, me levanta de la silla esposado, me lleva a una sala contigua sin cámaras, se pone unos guantes y comienza a golpearme mientras me dice que le da igual cuántos abogados tenga, que de ahí no voy a salir y que me va a matar.

Pocos segundos después un policía llama a la puerta, abre rápidamente y le dice que tiene que parar. Al devolverme con el resto de detenidos me quitan las esposas y me dicen que me tengo que desnudar, pero cuando ya estoy sin ropa llega corriendo otro policía y dice que me vista rápido. Algo había ocurrido y, desde ese momento, las cosas empezaron a cambiar en los calabozos.

Un par de minutos después volví a ver por última vez al policía que nos había golpeado. Se acercó a mí me pidió el móvil y se fue con él. En el móvil estaba la grabación de su agresión a la chica. Y, como cualquiera se puede imaginar, nunca más recuperé el teléfono, sencillamente me lo robaron en comisaría.

La organización y la lucha siempre son nuestra mejor defensa

Lo que en realidad estaba sucediendo, y que los detenidos no podíamos saber, era que compañeras y compañeros del Sindicato de Estudiantes y de Izquierda Revolucionaria se habían personado en la comisaría y estaban exigiendo nuestra liberación. Durante esa madrugada, compañeras y compañeros fueron advertidos de lo que estaba sucediendo y comenzaron a llamar desde todos los territorios del Estado pidiendo explicaciones y nuestra liberación. La campaña de denuncia continuó extendiéndose en las horas siguientes a organizaciones sociales y políticas de la izquierda hasta que las llamadas colapsaron la centralita de la comisaría de Carabanchel. Gracias a esta rápida reacción, nos dejaron de golpear.

Desde ese 4 de octubre de 2010 me enfrento a una petición de tres años de cárcel por haber agredido supuestamente a un policía. Afortunadamente esa noche no fui el único que decidió grabar lo que sucedía, y otro vecino desde su ventana grabó todo lo que allí pasaba. Conseguimos ese vídeo y lo aportamos como prueba para el futuro juicio, pero el juez instructor del caso se negó a aceptarlo como prueba a pesar de que la policía científica avalaba la veracidad del vídeo y el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid señaló que era necesario contemplar la prueba.

Finalmente, y debido a las trabas constantes que el juez instructor puso al procedimiento, hemos tenido que esperar ocho años para poder celebrar el juicio. Un juicio en el que la fiscalía ha actuado como un verdadero tribunal inquisitorial contra la familia de inmigrantes, y en el que las contradicciones de los policías declarantes, incluido el que nos agredió, han sido constantes y escandalosas.

El bochorno del juicio ha sido tal que, en mi caso particular, el agente que en su día dijo haber sido agredido por mí reconoció en sede judicial que yo no le golpeé en ningún momento (!!!), es decir, que fui detenido, amenazado, golpeado, acusado y retenido durante 39 horas en los calabozos de Carabanchel, Morataláz y Plaza de Castilla sin ningún motivo.

La familia ecuatoriana y yo mismo hemos sido víctimas de un montaje policial que lo único que perseguía era encubrir una redada racista y el sadismo y la violencia de un agente de policía acostumbrado a tratar a golpes a mujeres e inmigrantes en las calles de Madrid.

Gracias a la campaña de solidaridad impulsada por el Sindicato de Estudiantes, este caso ha sido conocido por miles de personas en todo el Estado que nos han brindado su apoyo y solidaridad. En este sentido merecen una mención especial los compañeros de Coca-Cola en Lucha, que desde el primer momento y hasta el final han estado a nuestro lado dispuestos a ayudarnos en lo que hiciera falta. En las diferentes ruedas de prensa que hemos realizado estos últimos meses frente a los juzgados han participado compañeros y compañeras de Izquierda Revolucionaria, del PCE, diputados de Podemos e IU, activistas de la PAH y de Coca-Cola en Lucha, de La Comuna Presxs del franquismo, representantes de las federaciones de enseñanza de CC OO y UGT, STE`s, el expresidente de la CEAPA…

No cabe duda de que haber realizado una campaña de esta magnitud ha sido una parte fundamental para nuestra defensa y es lo que mejor previene acciones judiciales injustas. El nuestro ha sido un caso más de montaje policial. Las similitudes con el procedimiento llevado contra los ocho jóvenes de Altsasu son enormes. A ellos también se les acusa de múltiples agresiones y también en su caso hay un vídeo que desmonta toda esa farsa de acusaciones. Sin embargo, estos jóvenes llevan ya más de 676 días en la cárcel.

Aunque haya gente a la que inicialmente le resulte difícil poder creerlo, los montajes policiales están a la orden del día, y uno de los motivos principales es la impunidad judicial con la que cuentan los diferentes cuerpos policiales en los juicios. Y esto es así porque el aparato del Estado continúa colmado de viejos elementos franquistas que continúan ejerciendo su influencia y defendiendo sus posiciones reaccionarias dentro de los órganos políticos, judiciales, militares y policiales.

Para acabar con todos estos atropellos necesitamos continuar la lucha por la depuración de los elementos franquistas del aparato del Estado y derogar todas las leyes que, al amparo de la ofensiva represiva actual, están recortando las libertades y los derechos democráticos.