Violencia machista
Cuando el riesgo lo decide un algoritmo

El pasado 12 de noviembre Sacramento entraba por la puerta de la comisaría para denunciar el acoso que sufría por parte de su ex, Rafael. Ese día contó que le había pinchado las ruedas del coche y había puesto carteles ofreciendo sexo con su teléfono por las calles de Palma de Mallorca. Sacramento aseguraba que Rafael se había presentado en su trabajo varias veces tras su ruptura. El 17 de noviembre, cinco días después de su denuncia, Rafael volvió a su trabajo y acabó con su vida.

“El temor que dice sentir la denunciante hacia ella y sus hijas no es coherente con sus conductas”, explicaba en abril la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón. La magistrada denegaba un recurso a Itziar, quién ya había recibido una primera negativa. Itziar pedía una orden de protección para ella y para sus hijas pero no lo consiguió. En el auto, al que tuvo acceso EFE, se aseguraba que expresiones de su marido como “tú sabes lo que haces, ya estás sentenciada” y “me voy a cargar lo que más quieres”, no podían apreciarse como una intimidación hacia su esposa en el contexto de las grabaciones. La policía, además, calificó su caso de riesgo bajo. El 25 de septiembre Ricardo asesinaba a sus dos hijas antes de precipitarse por el balcón.

Estos son solo dos de los últimos casos en los que las víctimas de violencia de género se han visto desprotegidas. Pero no han sido las únicas y así lo denuncian expertas, juristas y asociaciones de mujeres con los datos oficiales en la mano. Según los números que hace públicos el Ministerio de Igualdad, casi el 30% de las mujeres asesinadas este año habían presentado una o más denuncias previas. Por otro lado, el 90% de las denuncias que se realizan en comisaría son declaradas de nulo o bajo riesgo y los juzgados solo dictan sentencia condenatoria en 2 de cada 10 casos de violencia de género denunciados. Además, en el 84% de los casos se deniegan las órdenes de protección.

Esta es la situación que denuncia la Plataforma Estambul Sombra en su último informe que pone el acento, entre otros aspectos, en los incumplimientos que se suceden en la protección judicial de las víctimas con respecto a lo que fijan los estándares y compromisos internacionales adquiridos por España, como el Convenio de Estambul. “Puede decirse que se trata de la parte del articulado del Convenio que acumula más incumplimientos y cuya implementación, por razones obvias, puede ser vital”, advierte Martha Montejano, portavoz de la Plataforma que redacta un informe respaldado por más de 200 organizaciones.

La ineficacia del Viogén

Cuando una mujer denuncia una agresión en comisaría se desencadena el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Este protocolo incluye una entrevista en comisaría que consta de unas 50 preguntas. Las mujeres pueden elegir entre NS (no sabe), ND (no se da), B (baja), M (media), A (alta) y E (extrema) para responder. “En ella no se toman en cuenta los riesgos de los menores. Además, tenemos el gran problema de la capacitación y sensibilización que tienen los policías, que muchas veces es inexistente y esto frena la atención a las víctimas ya que se las revictimiza”, denuncia Montejano.

Esta entrevista es la que sirve para concluir si la denuncia es de riesgo “nulo”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo” y dar una protección acorde a este riesgo. El resultado se determina a través de un algoritmo informático. Según los datos de octubre que ha hecho públicos VioGén en España solo hay diez casos de riesgo extremo de un total de más de 522.000. Por tanto, solo diez de las denunciantes reciben hoy protección las 24 horas del día.

Para María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la asociación Mujeres Jurista Themis, la encuesta tiene un montón de cuestiones y “parece un examen de oposición” en el que se hace un repaso de la vida de la víctima desde que empieza a sentir los primeros signos de violencia hasta la actualidad. “Cuando la mujer está en una situación delicada, que se le pongan a hacer este tipo de encuestas creyendo que eso les va a dar datos fiables es complicado y no es muy útil a la hora de imponer una medida de protección adecuada”, asegura quien añade que los asesinatos no se concentran entre las mujeres que se encuentran en riesgo extremo. “Hay más asesinatos entre las mujeres cuyos casos están calificadas con otros riesgos”, asegura. “El VioGén no es la máquina de la verdad en la detección del riesgo, tiene muchos fallos. Por muchas razones: porque la mujer está en estado de shock, no sabe contestar, el profesional que lo pasa a veces no tiene la experiencia suficiente…”, enumera.

Para las organizaciones, la evaluación del riesgo no debería recaer solo en la Policía. “El ojo clínico del profesional es insustituible. Pedimos que la evaluación de riesgo se haga con equipos forenses dentro de los juzgados de violencia contra la mujer antes de adoptar la orden de protección”, afirma la presidenta de Mujeres Juristas Themis. En este sentido, la Ley contra la Violencia de Género de 2004 incluye la creación de Unidades de Valoración Forense Integral formadas por profesionales cualificados como médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Estos se encargarían de evaluar el riesgo integral caso por caso y de asesorar a los jueces al respecto. El problema es que estas unidades no se han implementado aún en todo el Estado. “Catorce años después de la Ley 1/2004 aún faltan en Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid, y las existentes tienen escasez de recursos humanos y materiales”, alertan desde la Plataforma Estambul Sombra.

Montejano señala además que la protección debe darse en estadios previos, mucho antes de que exista denuncia o el caso esté ya en los juzgados. “Tiene que haber protocolos para actuación contra la violencia de género para que haya una detección precoz, que se puede dar en los centros sanitarios. Más del 90% de las mujeres pasamos por la sanidad pública. Si tenemos profesionales capacitados, ellos lo pueden detectar antes de que la víctima lo manifieste. No podemos esperar a que una víctima de violencia ponga una denuncia para que tenga asistencia psicológica o protección jurídica gratuita”, asegura.

Juzgados sin perspectiva de género

Después de superar el test en comisaría, el caso de violencia de género sigue su camino hacia los juzgados. Allí solo se dicta sentencia condenatoria en dos de cada diez casos y se han concedido órdenes de protección a 16 de cada cien mujeres. Las organizaciones denuncian una elevada arbitrariedad. “Hay una gran diferencia entre territorios y aún no sabemos por qué”, expresa María Ángeles Jaime de Pablo. En lugares como Madrid o Cataluña, casi el 50% de las órdenes son denegadas, tal y como muestran los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en Murcia se deniegan un 8% y en la Rioja un 15%. Dentro de estas medidas, la más extrema es la prisión provisional, luego estaría el arresto domiciliario y después la orden de alejamiento. También se puede establecer la prohibición de la comunicación con la víctima o de volver a un lugar.

“En los juzgados falta perspectiva de género. Y lo podemos ver con casos tan mediáticos como el de La Manada pero hay muchos más. Todavía se sigue juzgando bajo una visión de la violencia de género con estereotipos sexistas y machistas y no se les da la protección necesaria a las mujeres víctimas”, denuncia la portavoz de la Plataforma Estambul Sombra.

Desde 2003, año en el que se comienzan a recoger y contabilizar los asesinatos por violencia machista, ya han sido asesinadas 972 mujeres en nuestro país. Montejano recuerda que estas cifras están incompletas porque la ley sigue considerando víctimas de violencia de género a las que son asesinadas a manos de sus parejas y sus exparejas. “Sabemos que hay muchas más violencias que afectan a la mujer por el hecho de serlo, como la violencia sexual, y no están recogidas. Pese a que se ha firmado un Pacto de Estado en el que se recoge que deben incluirse todas estas violencias, no ha habido un cambio en el marco legal. De las 214 medidas que contempla el Pacto solamente se han cumplido siete. Necesitamos que se cumpla el Pacto y que se refuerce la protección a las víctimas”. Y, a la vista de los datos, no podemos esperar más.