Acuerdos comerciales
Más de 200 organizaciones sociales rechazan el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

Dos centenares de colectivos de la sociedad civil denuncian el acuerdo comercial que negocian la Unión Europea y el Mercosur. Para las entidades que han firmado una petición a los Gobiernos de los Estados miembros, a la Comisión y el Parlamento europeo, este tratado comercial “supondrá la aceleración de la destrucción medioambiental y la crisis climática, el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, y un impulso al modelo agropecuario orientado a la exportación que perjudica al campesinado” a ambos lados del océano.

Las negociaciones entre la UE y el bloque del Mercosur —formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— tienen dos décadas de historia. En junio de 2019, las partes llegaron a un entendimiento y, desde entonces, la Comisión trabaja en un texto definitivo.

Sin embargo, la reciente iniciativa del presidente argentino, Aníbal Fernández, y el Gobierno alemán, que presidirá la UE en el segundo semestre de 2020, ha dado un nuevo impulso a un tratado que no puede estar “más anclado en la mentalidad y las políticas del pasado”, según las organizaciones firmantes. El Gobierno español se ha mostrado hasta ahora favorable al tratado.

La firma del tratado, señalan, implicaría “la legitimación de las políticas antindígenas y antisociales” de Bolsonaro. Y apenas existirán mecanismos para actuar en caso de que se produzcan incumplimientos

El preacuerdo supondría, denuncian, la profundización de un modelo de dependencia y reparto del trabajo que reserva a los países latinoamericanos una posición desigual como proveedor de materias primas. Una vía que conlleva enormes consecuencias sociales y medioambientales. El tratado, señalan, impulsará sectores como la carne o la soja en los países del Mercosur, “responsables de la deforestación de la Amazonía y la destrucción de las sabanas del Cerrado en Brasil y los bosques secos del Chaco en Argentina, que contienen una enorme biodiversidad y son esenciales para la estabilización del clima global”. Junto con la expansión de los monocultivos y los pastos para la ganadería, la facilidades para la exportación de automóviles también impactarán en una “aceleración de la destrucción ambiental y la crisis climática”. 

Si antes de la pandemia del covid-19 “las salvaguardas ambientales contenidas en el acuerdo eran insuficientes”, señalaba el Observatorio Brasileño del Clima, “ahora el documento está claramente obsoleto. 

Mientras las consecuencias ambientales y sociales del tratado “son muy concretas, los mecanismos para evitarlas son claramente insuficientes”, indican en la carta que la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado a la Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a todos los europarlamentarios y europarlamentarias españoles.

"El acuerdo aumentará las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, incluyendo violencia física contra pueblos indígenas y comunidades campesinas así como la expulsión de sus tierras”

Para las organizaciones firmantes, el acuerdo “aumentará las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, incluyendo violencia física contra pueblos indígenas y comunidades campesinas así como la expulsión de sus tierras”. En concreto, la firma del tratado, señalan, implicaría “la legitimación de las políticas antindígenas y antisociales” de Bolsonaro. Y apenas existirán mecanismos para actuar en caso de que se produzcan incumplimientos ya que, según detalla el escrito, “en caso de violaciones persistentes de estos compromisos, el acuerdo solo abre un canal adicional de discusión diplomática, sin posibilidad de imponer sanciones materiales”.

Un año después de la firma del preacuerdo, estos colectivos piden que se atienda a algunas de las lecciones de la crisis del coronavirus: “Como ha demostrado la crisis del covid-19, la destrucción de la biodiversidad y la persecución de una globalización y un crecimiento económicos ilimitados exponen a la humanidad a enormes amenazas”.

El rechazo al acuerdo, sostienen, “no debe malinterpretarse como una negativa a la cooperación constructiva con la región”, basada en lucha contra el hambre, la pobreza, le cambio climático y el respeto de los derechos laborales, humanos y animales.