Agroindustria
La azucarera de Mérida se disuelve

Por ahora, ni 36.000 toneladas de remolacha procesadas al día, ni 436 millones de euros para un negocio polémico desde sus inicios y que, finalmente, parece no haber sido más que otro episodio de una lista de proyectos estrella (preferiblemente con grandes inversores extranjeros de por medio) que no llegan a materializarse a pesar de contar con todos los parabienes de la Administración.

Lo que era un secreto a voces desde el pasado septiembre, se confirma. Según todos los datos conocidos, el proyecto de azucarera que Iberia Sugar Company (del grupo inversor Al Khalej) planteaba instalar en Mérida va a pasar a mejor vida. Tras tres años de anuncios oficiales, rumores, dilaciones y precipitadas satisfacciones oficiales, parece que el propio Ayuntamiento de Mérida tira la toalla. El mismo Ayuntamiento que el 17 de noviembre de 2017, en pleno extraordinario, aprobara ventajas fiscales, modificando la normativa de tres impuestos, y declarando (con los votos en contra de IU y Podemos), a la empresa de utilidad pública, resolverá en el pleno del jueves 26 de noviembre dejar sin efecto ese mismo acuerdo.

Saltamos Extremadura

La mayor azucarera de Europa, en Mérida

María José Rodríguez Fernández

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Medio ambiente

La mayor azucarera de Europa, en Mérida

María José Rodríguez Fernández

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Han modificado normativas, aplicado reducciones fiscales del 97%, agilizado la DIA y negocian ventajas en suministro energético para la planta. La Asociación MiralRío y Ecologistas en Acción presentaron alegaciones

Argumenta la alcaldía en su propuesta que, en todo el tiempo transcurrido desde entonces, “no solamente no tenemos conocimiento de ningún avance, sino que ni siquiera se ha iniciado la tramitación de la licencia de obras, la ejecución de las excavaciones preceptivas, los sondeos arqueológicos, etc...”. Añade, a renglón seguido, que “la ciudad de Mérida necesita urgentemente que el suelo industrial disponible en su entorno más cercano tenga inversiones productivas que le ayuden a salir de esta crisis cuanto antes. No es posible, y se hace inviable, que podamos seguir sosteniendo la esperanza de una inversión como la de este proyecto sin tener la certeza de su ejecución”.

El mismo Ayuntamiento que el 17 de noviembre de 2017, en pleno extraordinario, aprobara ventajas fiscales, modificando la normativa de tres impuestos, y declarando (con los votos en contra de IU y Podemos), a la empresa de utilidad pública, resolverá en el pleno del jueves 26 de noviembre dejar sin efecto ese mismo acuerdo

De hecho, en todo este tiempo, el grupo inversor ni siquiera había procedido a formalizar la solicitud de licencia necesaria. Ningún movimiento real sobre el que se pudiera sostener la entelequia de una factoría anunciada a bombo y platillo en su momento y que, de acuerdo con su conformación inicialmente prevista, apenas hubiera generado más trabajo que cualquier empresa manufacturera de producción agroalimentaria de la región. Recordemos que, en su momento, se habló de la creación de 200 puestos de trabajo durante, exclusivamente, 150 días al año. Algunas organizaciones vecinales críticas con la azucarera señalaron en su día que esos eran “los mismos que crea cualquier pequeña o mediana central hortofrutícola en Extremadura, con 1.000 hectáreas en cultivo ecológico, sin contaminar”. Ecologistas en Acción, de hecho, presentó alegaciones en la fase preliminar del proyecto en relación a la cuestión urbanística, cuando estaba en trámite el cambio de calificación del polígono donde su ubicaría la planta, pasando de tecnológico a industrial.

Ya en su momento, y a la luz de estos datos, se levantaron no pocas voces críticas en relación a la oportunidad de otorgar toda clase de beneficios a un proyecto proveniente de un grupo inversor extranjero, del que no se obtenían más garantías que las provenientes de su supuesta buena fe. Concretamente, en su día se dio el visto bueno a bonificaciones ventajosas para la empresa de hasta el 95% en el Impuesto de Construcción, Instalación y Tasa de licencia Urbanística, la misma reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), además de en el Impuesto de Actividades Económicas.

En el próximo pleno de la capital, también se solicitará a la Junta de Extremadura que libere el suelo industrial disponible para esas instalaciones que, parece, en última instancia, nunca van a llegar.

En su día se dio el visto bueno a bonificaciones ventajosas para la empresa de hasta el 95% en el Impuesto de Construcción, Instalación y Tasa de licencia Urbanística, la misma reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), además de en el Impuesto de Actividades Económicas.

El propio presidente Fernández Vara apostó fuertemente por este proyecto, asegurando desde el comienzo de las negociaciones su compromiso de acortar los tiempos de tramitación, siendo ésta una de las claves por las que Ibérica Sugar Company habría decidido ubicarse en la capital extremeña. Hassa Jamal Majid Al Ghurair, representante de la compañía, destacó en su momento, por su parte, el apoyo recibido por parte de la Junta de Extremadura para conseguir que el proyecto se instalara en la región. Propósitos y declaraciones que, ahora mismo, quedan en el capítulo de los deseos y en el archivo, cada vez más amplio, de autopromociones  institucionales en torno a proyectos de dudoso futuro.

En este capítulo de anunciadas —y virtualmente fallidas— operaciones, sigue sin saberse nada del más que controvertido Eurovegas extremeño, Elysium City. Ni la Junta de Extremadura ni el Ayuntamiento de Castilblanco tienen novedades al respecto, a pesar de que se llegó al extremo de aprobar, al expreso efecto de su instalación, la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO). Ese macroproyecto urbanístico, presentado a finales de 2018 y en el que la empresa estadounidense Cora Alpha (un proyecto compartido entre John Cora, exdirectivo de la compañía Disney, y Francisco de Borbón, primo lejano del Rey Juan Carlos ) afirmaba invertir 3.200 millones de euros en una primera fase, parece en completa parálisis.