Crisis climática
¿Hay algún Plan de Ordenación que evite que Andalucía se convierta en territorio de sacrificio?

Ordenar, planificar y participar es el mantra que repite el conjunto de asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, plataformas de afectados, sindicatos, empresarios, etc. afectados por las megarenovables . Comparten la idea de que las renovables pueden ser parte de la solución a los graves problemas medioambientales. También tienen claro que el despliegue desordenado de grandes proyectos que sacrifican territorio sin dejar beneficios locales, lejos de resolver, agrava. El Defensor del Pueblo Andaluz se hizo eco de esta situación y en junio de 2021, concluía que en Andalucía no se dispone de un documento con valor normativo efectivo para preservar valores medioambientales, paisajísticos y culturales en las zonas rurales donde proliferan los megaproyectos renovables  Pasaron más de tres años y no hubo respuesta positiva de la Administración ni a los reclamos participación y planificación de los afectados ni a la queja del Defensor.

En medio del desorden y la conflictividad crecientes en torno a las megarenovables, la Junta inicia la revisión del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía. A través de un portal público y mediante la prensa, se convoca a toda la sociedad andaluza a participar en el proceso de ordenación para así lograr el máximo consenso posible. De momento, lo único que se ofrece a la ciudadanía es un Buzón de sugerencias que nadie responde. Y entre los colectivos que pedían ordenación, planificación y participación, muy pocos se involucran. Muchos ni siquiera creen que tenga sentido.

Si no le encuentran sentido, quizás sea por la nula convocatoria a instancias de debate y diálogo. Algo que contrasta con la presentación del proceso de revisión del POTA como una oportunidad para implicarse en planificar un desarrollo equilibrado y cohesionado del territorio andaluz. En el documento borrador, casi todo lo que tiene que ver con el despliegue de los proyectos renovables en Andalucía se compagina con una declaratoria abstracta de buenas intenciones. Medidas o directrices concretas para frenar la proliferación caótica de tramitaciones y el desequilibrio que conlleva, ni una.

El desorden es tal, que en algunas zonas rurales hay “parques” solares sin conexión a la red eléctrica y en otras, hay redes eléctricas sin conexión ni a viviendas ni a instalaciones de generación. Hay poblaciones rurales andaluzas, con alto índice de pobreza energética, situadas frente a desiertos fotovoltaicos que no consumen ni un solo KW de los generados por sus territorios. Por eso se habla de territorios de sacrificio, toda la energía que se produce es evacuada por líneas de alta tensión inaccesibles para las redes domésticas. Los perjuicios quedan en el territorio, los beneficien se van. Y el caos sacrificial es tal, que las megarenovables ya están a las puertas de Granada. Más concretamente a 130 metros de algunas viviendas de Viznar .

El borrador del POTA insiste en la racionalidad del uso de los recursos y en lograr una ordenación territorial equilibrada. Pero no dice una palabra sobre cómo frenar desequilibrios tan evidentes como los de los municipios saturados de macro renovables que actualmente producen hasta mil veces más de la electricidad que consumen. El desequilibrio en las instalaciones macro renovables se ve en el mapa . Aunque se reconoce que Andalucía posee un gran potencial de energía solar distribuido uniformemente , de los 785 municipios andaluces sólo en 209 hay instalaciones de energía solar. Y aunque Juan Manuel Moreno minimice las afecciones territoriales afirmando que las instalaciones sólo ocupan un 0,3% del territorio andaluz , en 18 municipios, la superficie industrializada para generar electricidad supera el 1%. En casos extremos de afectación como en La Calahorra, Aldeire y El Carpio, las instalaciones abarcan respectivamente 16%, 9% y 6% de su término municipal.

La base del desequilbrio territorial asociada con la transición energética en Andalucía, no sólo es geográfica (énfasis en sacrificar la ruralidad despoblada) sino jurídica. Por eso llama la atención que el largo listado de leyes y decretos incluido en el borrador del POTA, omita una de las leyes más omnipresentes en el marco jurídico de los grandes proyectos renovables. Me refiero a la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 1954, usada indiscriminadamente para declarar de utilidad pública numerosos megaproyectos y así expropiar a miles de pequeños agricultores. Valga como ejemplo lo que está ocurriendo ahora mismo en Jaén, donde a las expropiaciones, se suman extorsiones y el inicio de la tala de unos 100.000 olivos sin contar con los permisos de los ayuntamientos.

¿Qué sentido tiene ordenar el territorio si no se frenan expresamente las declaraciones genéricas de utilidad pública? Y ¿cómo van a frenarlas si desde la Junta ni siquiera se reconoce que se está usando de manera asidua un ley pre constitucional? La alarma social no es nueva. Incluso se presentó una Iniciativa Legislativa Municipal transversal que aunaba voces de numerosas asociaciones y vecinos afectados por las expropiaciones junto con 93 ayuntamientos que representaban a todo el espectro político. La demanda de esos más de 430.000 electores sigue vigente: moratoria temporal inmediata de los macro proyectos renovables para planificar y ordenar el proceso con plena participación ciudadana.

Gran parte de la Andalucía rural está inmersa en una carrera acelerada hacia el precipicio del sacrificio territorial que el POTA no parece dispuesto a detener. Entre otras cosas porque también olvida mencionar que para producir energía solar podría utilizarse suelo degradado, caminos, tejados, áreas industriales etc. Caos especulador mediante, las instalaciones macro renovables, se ubican en un 80 % de los casos, en suelo agrícola. Con lo cuál a la degradación de suelos (pérdida de capacidad de retención hídrica, erosión etc.) se suma la eliminación de miles de empleos. Atando cabos: en Andalucía se están declarando de utilidad pública proyectos que destruyen empleo rural.

La consecuencia obvia de promover el desempleo en los territorios de sacrificio es la despoblación rural. Lo cuál agrava (aún más si cabe) los problemas de acceso a la vivienda, exclusión y precariedad laboral que existen en todas las ciudades andaluzas. Esto no puede ser un plan. Ni puede barrerse debajo de una alfombra de buenas intenciones desarticuladas. Sin detener el caos macro renovable y sin instancias de diálogo real, la ordenación territorial de Andalucía no es más que desorden sacrificial.