Congreso de los Diputados
Derrota del PSOE en su iniciativa de legislar contra el proxenetismo

Tal vez un aparente exceso de confianza por parte del primer partido del gobierno daba la sensación de que la propuesta de Ley Orgánica del PSOE contra cualquier forma de proxenetismo pasaría la toma en consideración con una mayoría simple. Durante la mañana en la sala de prensa del Congreso de los y las Diputadas algunas formaciones políticas dejaban clara la postura que llevarían al pleno de la sesión de la tarde de este martes. Patxi López, el portavoz socialista, hacía declaraciones en un tono de confianza: “Pretendemos avanzar en la abolición de la prostitución. En este país creo que hay un sentir mayoritario que acompaña lo que dice esta ley. Esta tarde todo el mundo se retratará”. Sin embargo, Sumar le adelantaba desde mediodía a su socio de gobierno que su voto sería un rotundo no.

Una vez comenzado el debate un aire a tormenta se dejaba oler. A cada intervención de los grupos políticos, una vez expuesta la iniciativa por parte de Andrea Fernández del PSOE se desvanecían una a una las esperanzas de la mayoría simple. Llegó un momento en que no daban ya los números, a pesar de que el PP, el último en intervenir dejaba en una incógnita su sentido del voto. Hasta que no sumó. Así, con 184 votos en contra (PP, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Junts); 122 a favor (PSOE, BNG y Coalición Canaria) y 36 abstenciones (Podemos y Vox), una mayoría amplia del Congreso tumbó los planes socialistas de marcarse un tanto, ante la mirada estoica de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Los discursos más elaborados y mejor argumentados contra la proposición de ley socialista fueron pronunciados por los grupos EH Bildu, Ezquerra Republicana de Catalunya, Sumar e incluso Junts. Todos coincidieron en señalar que el enfoque punitivista de la propuesta no alcanzaba ni para llegar al fondo de la cuestión ni para resolver lo más urgente. Achacaron a las socialistas no poner en el centro la situación real de las mujeres que ejercen la prostitución ni reconocerlas como sujetos de derechos y agencia propia.

En diversas partes del Estado colectivos de trabajadoras sexuales y organizaciones proderechos aliadas siguieron con atención el debate hasta la votación, momento en que se liberaron gritos de emoción y enhorabuenas. Kenia García, integrante del Colectivo Prostitutas de Sevilla, CPS, lo contaba así a El Salto: “Ha sido un día angustioso para las trabajadoras sexuales pero finalmente se ha hecho justicia. También ha sido esperanzador escuchar los discursos y la altura política de varios grupos parlamentarios desde una perspectiva de derechos y reconocimiento que creo que son fruto de todo el trabajo de incidencia realizado por todos los grupos de trabajadoras sexuales. así como el fuerte apoyo de un sector del movimiento feminista proderechos desde la legislatura anterior, sin olvidar nunca a todas las compañeras que desde antes nos abrieron camino como las Putas Indignadas, a quienes la diputada Gala Pin recordó como sus madres políticas”.

Los partidos más críticos coincidieron todos en no entender las pretensiones de legislar que tenía del PSOE sin contar con las mujeres que ejercen la prostitución y el trabajo sexual. La diputada EH Bildu, Bel Pozueta, ha afeado al PSOE que no se haya consultado  antes de presentar la Proposición de Ley Orgánica.  “Nunca, repito, nunca se les ha brindado a las trabajadoras sexuales la oportunidad de compartir sus demandas y reivindicaciones en sede parlamentaria. Una vez más se intenta legislar sobre ellas negándoles, la voz”, expreso desde la tribuna. En resumen Pozueta calificó de inútil la propuesta presentada por el grupo socialista porque, les dijo, “prohibir no es lo mismo que abolir, y ustedes lo saben”.

Más vehemente en su alocución fue la diputada Pilar Vallugera de Ezquerra Republicana (ERC), quien espetó hacia la bancada socialista: “¿Sois conscientes del impacto que esto tiene en vidas que parecer ser desprecian porque ni escuchan?”, para luego exhortarles a que presenten ya la ley de trata y deroguen la ley de extranjería y así poder empezar a pensar en soluciones reales apegadas a la realidad de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y tomándolas en cuenta porque, agregó, “a golpe de código penal, destrozamos vidas”.

En este sentido también se expresó Gala Pin, la diputada de Sumar: “la mejor manera de garantizar los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución es derogar la ley de extranjería” porque aseguraba que las mujeres que ejercen tienen derecho a decidir sobre su vida. Arremetió también contra la tercería locativa que el PSOE se había empeñado en mantener dentro de la propuesta legislativa. “Parece que no son conscientes de la emergencia habitacional que vive el país o les vale un pepino el derecho a la vivienda de las mujeres que ejercen”, sostuvo. Les señaló también que la ley socialista pretendía penalizar la fuente de ingresos de las mujeres y que con eso no se acabaría  con la prostitución si no ampliando y garantizando derechos. Pin le reprochó también el haber  abandonado el concepto del consentimiento era una forma retorcida de abordar el debate.

La intervención de Pilar Calvo Gómez, de Junts per Catalunya, también le saco los colores al PSOE al señalar, “Una regulación que hará que las prostitutas que no forman parte de proxenetismo coercitivo pongan en riesgo su integridad física no es una buena regulación”. “¿Que ha pasado con el consentimiento?”, preguntaba también la diputada catalana. “Hablan de libertad sexual defienden que solo sí es sí, pero cuando una mujer adulta, de manera voluntaria deciden ejercer la prostitución su consentimiento no es válido” les cuestionó.

Todas las políticas aquí citadas abogaron también por la creación de una subcomisión que se dedique a recabar y actualizar datos porque los que actualmente se manejan datan de 2018. Para Pozueta, la subcomisión sería también la herramienta para tratar abordar la prostitución de manera integral que priorice mecanismos de protección social que incluyan recursos de vivienda, acceso laboral y a los servicios públicos sin ningún tipo de discriminación y que “abordase la necesidad de regularización legal”.

“Hemos celebrado la votación en contra pero aún queda mucho por hacer porque no podemos olvidar que la Ley Mordaza y las ordenanzas municipales que siguen proliferando en todo el estado criminalizan a las trabajadoras sexuales en los espacios públicos y la Ley de extranjería a las compañeras en situación administrativa irregular” expresó la activista del CPS, una de las personas que con otras compañeras han trabajado de manera decidida en hacer incidencia política a muchos niveles. Sabe que el trabajo de incidencia no acaba hoy pero valora que ahora se abran otras perspectivas. “Lo primero que deben hacer con urgencia es aprobar la ILP de Regularización Ya y comprender que las políticas que afectan a las personas que ejercen la prostitución han de ser diseñadas y consultadas con nosotras y que el trabajo debe estar orientado a una profunda transformación que garantice la justicia social, el punitivismo sólo genera más desigualdad, clandestinidad, estigma, indefensión y abusos”, concluye García.