Crímenes del franquismo
CGT reivindica el fin de la discriminación entre víctimas del franquismo tras medio siglo sin Franco

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha anunciado un centenar de actos para conmemorar lo que han llamado “España en libertad” por los 50 años desde la muerte del dictador Francisco Franco. Dada la efeméride, desde Memoria Libertaria–Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizarán el próximo 8 de enero, día en que se inaugurarán estos actos, para intentar acabar con la discriminación que sufren algunas víctimas del franquismo. Según establecen las leyes, las reparaciones económicas para los represaliados antes de 1968 apenas alcanzan los 9.600 euros, mientras que aquellos vilipendiados por la dictadura los años posteriores hasta 1977 tienen el derecho de recibir hasta 135.000 euros.

Joan Pinyana, coordinador de Memoria Libertaria CGT, ubica el inicio de esta discriminación en la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente: “Cuando se aprobó en 2022, la Ley de Memoria Democrática vimos que esta injusticia todavía no se había resuelto. Estas leyes no han cumplido con la expectativa de criminalizar, en el sentido democrático de la palabra, el franquismo”, introduce este memorialista.

Una de las cuestiones en las que basa su argumento es la cuestión económica, lo que considera un “agravio en derechos fundamentales y comparativo entre víctimas que jamás debería haber permitido un Gobierno que se dice socialista y progresista”, desde su punto de vista. Tal y como relataron desde CGT al Defensor del Pueblo, desde donde les dieron la razón, en la evolución del reconocimiento de compensaciones económicas a las víctimas de la dictadura franquista cabe analizar dos tipos de compensaciones.

Articulado legal de las reparaciones económicas

Por un lado están las establecidas a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía; y, por otro, las previstas a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia. En el primer caso y en términos generales, se trata de una indemnización a percibir por una sola vez por quienes cumplieran dos requisitos: que el beneficiario tuviese o el causante hubiese tenido cumplidos 65 años de edad a 31 de diciembre de 1990; y haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía.

Sobre los efectos que tuvieron estas disposiciones, Pinyana recalca que de ellas tan solo se beneficiaron algunos militantes de partidos políticos y sindicatos que estaban pendientes de la cuestión, y a quienes les llegó la información. “Pero la ciudadanía, el pueblo llano que había padecido en sus carnes la represión desde hacía décadas, no llegó a enterarse, así que el Estado no ha indemnizado a las luchadoras por la libertad más anónimas”, sostiene.

“Nosotros consideramos que se da una vulneración de la igualdad en cuanto a compensación económica, porque todos eran víctimas del franquismo”, comenta el integrante de CGT

Ya con la Ley de Memoria Histórica de 2007, estos requisitos se suavizaron. Se redujo a 60 años la edad que el beneficiario o causante debía tener a 31 de diciembre de 1990 y se computó, además de la privación de privación de libertad en establecimientos penitenciarios, la sufrida en Batallones Disciplinarios.

Por su parte, el reconocimiento de compensaciones económicas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia se reconoce por vez primera en el año 2007 con la Ley de Memoria Histórica en su artículo 10. En este sentido, los beneficiarios podían ser familias con un fallecido en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos y que dicho fallecimiento tuviese lugar entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977.

El conflicto de la discriminación

“El problema está en el corte económico que hicieron en 1968. Las personas que sufrieron prisión, tortura o marcharon al exilio, o murieron por fusilamiento y otras causas entre 1939 y ese año, tendrían una indemnización tipificada de 9.616 euros, según recoge la Ley de Memoria Histórica”, relata Pinyana. En cambio, desde 1968 hasta 1977, dicha cuantía se multiplica por hasta por catorce, hasta alcanzar los 135.000 euros, tal y como establece esta misma Ley.

“Nosotros consideramos que se da una vulneración de la igualdad en cuanto a compensación económica, porque todos eran víctimas del franquismo”, comenta el integrante de CGT.

En este sentido, la Ley de Memoria Democrática de 2022 define a víctimas del franquismo como “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”.

Pinyana considera que la cuestión va más allá de lo meramente económico: “No es el dinero, sino igualar lo que no está igualado, y que este Gobierno se tome en serio la reparación de las familias que sufrieron el franquismo”

El Defensor del Pueblo les respondió que podrían hacer valer sus demandas una vez creadas las comisiones de seguimiento de la Ley de 2022, tal y como estipula la propia norma. “Más de dos años después no las han creado, así que a ver si con el 50 aniversario de la muerte del dictador terminan con esta injusticia”, expresa el coordinador de Memoria Libertaria. Desde su punto de vista, hechos como este hacen que “todavía vivamos en una sociedad en la que las víctimas y perdedores del conflicto civil causado por el golpe de Estado de 1936 sigan siendo los perdedores de esta democracia en la que los herederos ideológicos del franquismo se han enquistado como un cáncer”.

Asimismo, Pinyana considera que la cuestión va más allá de lo meramente económico. “No es el dinero, sino igualar lo que no está igualado, y que este Gobierno se tome en serio la reparación de las familias que sufrieron el franquismo”, dice.

Cómo poner fin a esta injusticia

El integrante de CGT cree que ese corte de 1968 se realizó en su día por el miedo del Gobierno a tener que hacer frente a tal cantidad económica de reparación si se activaba toda la sociedad que padeció el régimen. “Muchas familias hicieron borrón y cuenta nueva. Pensaban que el abuelo o la abuela ya habían sufrido mucho, que habían padecido demasiado, y prefirieron dejarlo estar”, argumenta.

Sin ir más lejos, la familia del mismo Pinyana es ejemplo de ello. Su abuelo materno cayó en la lucha de Teruel y su cuerpo sigue desaparecido. Tan solo conservan su acta de nacimiento y su presenta acta de defunción. Su abuela fue rapada y paseada por el pueblo, “pero ella nunca se atrevió a transmitir a la familia el derecho que le debería haber proporcionado una democracia real”, completa. “Miles como nosotros somos el pueblo llano ignorado”, añade.

“A fin de cuentas, nos preguntamos por qué las víctimas del franquismo de antes de 1968 reciben 14 veces menos dinero que aquellas posteriores hasta 1977”, finaliza el coordinador de Memoria Libertaria CGT

Además, la perspectiva de género juega un papel esencial en la cuestión por la relegación que sufrieron durante la dictadura. En palabras de Pinyana, ni siquiera el 10% de las mujeres encarceladas, las que sufrieron el Patronato de la Mujer, les robaron a sus bebés o las fallecidas han reclamado la compensación a la que tienen derecho por haber sufrido la represión.

Ante este extremo, desde Memoria Libertaria CGT demandan la creación de una comisión técnica en la que deberían figurar asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas, junto a expertos y representantes del Gobierno para dirimir el por qué de esta discriminación y la forma en la que se puede subsanar.

“Nosotros, a fin de cuentas, nos preguntamos por qué las víctimas del franquismo de antes de 1968 reciben 14 veces menos dinero que aquellas posteriores hasta 1977. Eso es lo que este Gobierno debe explicar y zanjar, y una ocasión perfecta para ello son los actos de recuerdo a aquellas personas que lucharon por la libertad cuando se cumple medio siglo de la muerte de Franco”, finaliza el coordinador de Memoria Libertaria CGT.