Desahucios
Seis familias de Barcelona se movilizan ante una orden de desahucio con fecha abierta

La misma jueza que paró el desahucio el 10 de enero lo ha vuelto a activar esta semana, emitiendo una orden de desahucio con fecha abierta que arrancó el miércoles 26 de febrero y se extiende 15 días, hasta el 12 de marzo. Las seis familias del edificio Bloc Llavors de Barcelona, junto con el Sindicat de Barri de Poble Sec, han anunciado movilizaciones para intentar frenarlo.

El 10 de enero, la magistrada paró la quinta orden de desahucio que pesaba sobre el edificio Bloc Llavors, del barrio Poble Sec de Barcelona, amparándose en el nuevo decreto ley 17/2019, aprobado el 23 de diciembre en el Parlamento catalán con los votos de los partidos JXCat, ERC, Comuns y la CUP. Este fue el primer desahucio parado en Catalunya gracias a la nueva ley.

El decreto 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, la pionera ley aprobada por el Gobierno catalán, amplió los supuestos que obligan a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social e incluyó a las familias que llevan un mínimo de seis meses ocupando si se encuentran en situación de vulnerabilidad, que es el caso de estas familias de Poble Sec. 

Las multas a los grandes propietarios que contempla la nueva ley ascienden a entre 9.001 y 90.000 euros por vivienda

La jueza considera en el nuevo escrito que no se pueden tratar judicialmente asuntos administrativos como es considerar, por ejemplo, la condición de vulnerabilidad. “Pero en nuestra interpretación, esta ley sí tiene efectos procesales”, indica el portavoz de las familias, Sílvio Covolo, quien recuerda que esta ley establece multas de entre 9.001 y 90.000 euros por vivienda para el gran propietario que no la cumpla. 

Esta semana, los grupos cuatro grupos parlamentarios se han posicionado públicamente a favor de las familias del Bloc Llavors, han firmado una carta solicitando a la jueza que frene el desahucio y reclaman más tiempo para que las administraciones puedan aplicar el nuevo decreto de vivienda. 

El Ayuntamiento de Barcelona se ha adherido a la petición y ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador contra el propietario.  La concejal de Vivienda, Lucía Martín, indicó que “se utilizarán todas las herramientas del decreto para exigir al fondo buitre que cumpla”. De aplicarse las multas, estas oscilarían entre 54.006  y 540.000 euros.

La empresa propietaria del edificio compró las viviendas en 2016 con intención de reformarlas y venderlas por un precio muy superior. El portavoz de las familias recuerda que “casi nadie se puede permitir pagar un alquiler a Poble Sec, donde el alquiler medio se sitúa en 900 euros por dos habitaciones y el sueldo, en 800 euros”. 

El Sindicat de Barri de Poble Sec lleva dos años y medio intentando sentarse con el fondo propietario de los pisos. Esta semana, se ha reunido con el Ayuntamiento de Barcelona, con quien acordó solicitar a Vauras Investment una negociación entre las tres partes. 

El actual decreto salió adelante con un amplio consenso entre los cuatro partidos políticos y entidades que trabajan por la defensa del derecho a la vivienda, como la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters i Llogateres.