Opinión
Un Gobierno bajo de defensas

Ha pasado un año desde que los social-comunistas llegaran al Gobierno. Seis después de la irrupción de Unidas Podemos en el panorama político, la primera fase del asalto a los cielos se puede dar por concluida.

El resultado es ambiguo. A pesar del suma y sigue de decepciones en cuanto a la capacidad organizativa en torno a Pablo Iglesias y su proyecto, la réplica desquiciada de los sectores de centro y derecha, el ruido de sables y el hostigamiento sin cuartel al Ejecutivo justifican pensar que la primera experiencia de Gobierno de coalición tras la II República ha tocado donde más duele a los sectores más retardatarios de la sociedad. Medidas como el desalojo de los Franco del pazo de Meirás o la Ley de Eutanasia suponen un avance en reivindicaciones de la izquierda y como tales, las respuestas ultras pueden suponer una satisfacción temporal para muchas personas.

Este es, sin embargo, un Gobierno con las defensas bajas. Es decir, un Gobierno que no ha concitado el apoyo de los sectores más precarios de la población y tampoco la movilización de quienes hubieran podido poner el cuerpo para defender medidas más audaces en el reparto y la redistribución de la riqueza. La llegada de la pandemia puede servir como pretexto para justificar la toma de esas decisiones, pero en cualquier caso nadie se puede llamar a engaño de que los cambios iban a ser limitados. Con Nadia Calviño y José Luis Escrivá al volante del proyecto económico, la partida estaba trucada para que, en resumen, siempre ganase la banca.

Es previsible que los sindicatos de concertación revisen su indulgencia con el Gobierno actual al hilo de la reforma de las pensiones, y entonces el actual proyecto progresista se encontrará sin apenas aliados

El Ingreso Mínimo Vital no ha sido planteado como un escalón hacia el cuestionamiento del chantaje del trabajo asalariado sobre miles de trabajadores pobres. El decreto de stop desahucios ha sido objeto de una disputa en cuanto el Ministerio de Economía lo ha visto como una oportunidad para premiar a quienes controlan el parque de Vivienda. La reforma de las pensiones, que aumentará de 25 a 35 los años para el cálculo para el cobro de prestaciones, supondrá una pérdida de más del 5% de los ingresos de los futuros pensionistas. Si se atiende a las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, el Salario Mínimo Interprofesional quedará virtualmente estancado en 2021, dificultando la propia recuperación económica, para no molestar a unas empresas multinacionales que no han renunciado a sus dividendos y no han sido gravadas, en el caso de las que más han ganado en el funesto año 2020, con un impuesto a la riqueza.

La victoria permanente del statu quo a la que contribuye el PSOE por su propia naturaleza —y que Unidas Podemos no tiene capacidad de combatir— puede asegurar unos meses o unos años de tranquilidad al sistema pero no resuelve ninguna de las circunstancias que confluyen en la crisis del modelo español. Ni la economía hiperespecializada, ni los problemas derivados del envejecimiento de la población —relacionados con la precariedad del empleo y la carestía de la vivienda— y tampoco los problemas que plantea la emergencia climática se resolverán sin modificar ese estado actual de las cosas.

Es previsible que los sindicatos de concertación revisen su indulgencia con el Gobierno actual al hilo de la reforma de las pensiones, y entonces el actual proyecto progresista se encontrará sin apenas aliados. Las encuestas ya muestran el desgaste evidente del proyecto ambiguo que defiende Pedro Sánchez. De cara a los próximos procesos electorales, Unidas Podemos tiene las de perder en el previsible bajón que generan las expectativas de cambio defraudadas. Pero, al margen de los procesos electorales, y al margen de la supervivencia de Unidas Podemos, son las mayorías sociales quienes pierden sin la movilización ante la pérdida “suave” de derechos que está navegando el PSOE.