Educación concertada
¿Libertad educativa para qué?

Hay quien mete a sus hijos e hijas a estudiar en la escuela concertada por evitar que se mezclen con esa chusma descreída, golfa, libertina, chula, atrevida, irreverente y guasona que estudia en la pública. Aunque el argumento más socorrido es el de “nosotros somos católicos y queremos que nuestros vástagos vayan a colegios religiosos” (como si la religión, esa lacra obligatoria, no se diera en todos los centros educativos), lo que esconde ese afán por la enseñanza privada sostenida con los fondos públicos (que es el dinero de todos, pero más que nada de los pobres) a la que mediante un eufemismo nada inocente denominamos “la concertada”, es el miedo de los papás y las mamás a que le maleen al niño o a la niña, en la creencia de que lo público y gratuito es lo malo mientras lo privado y costoso es lo bueno, y más si el pimpollo en cuestión viste un uniforme escolar, en justa correspondencia con el catecismo neoliberal que metió hace ya muchos años sus zarpas en la Educación, cambiando valores por competencias y humanismo por empresa.

El argumento de quienes defienden a esa escuela privada y mayoritariamente católica sostenida con fondos públicos que el PSOE hizo de oro dotándola de conciertos con el Estado a partir de 1985, justo cuando dejó de ser un partido de izquierdas para convertirse en uno de derechas, es el de la “libertad educativa”, un argumento que, en realidad, esconde el miedo a perder el negociazo de los centros de titularidad privada, que sólo en 2017 (últimos datos detallados ofrecidos por el ministerio) se llevó un total de 6.179 millones de euros en el conjunto del Estado, con mayor dotación en las comunidades ricas (Cataluña, Madrid, Euskadi…) y menor en las comunidades pobres: en Extremadura se destinó a esa privada 86 millones de euros del gasto púbico, sólo por encima de La Rioja. Está visto que los pobres no interesan a la privada-concertada.

El argumento de quienes defienden a esa escuela privada y mayoritariamente católica sostenida con fondos públicos que el PSOE hizo de oro dotándola de conciertos con el Estado a partir de 1985, es el de la “libertad educativa”, lo que esconde el miedo a perder el negociazo

La Iglesia Católica, que se apresta a dar la batalla, se lleva buena parte de ese pastel. Escuelas Católicas, la principal empresa del sector, recibe cada año más de 4.800 millones de euros del dinero de todos, según sus propios datos. En cuanto a la presencia en la escuela pública del asunto religioso y según Informe de la Fundación Ferrer i Guàrdia, al año se van 500 millones de euros en retribución al profesorado de religión, puesto a dedo por el obispo de turno.

Ahora los defensores de este pingüe negocio y quienes son movilizados como rebaño colectivo que bala al unísono al silbido del pastor, cierran filas frente a los intentos (amagos, más bien diríamos, que quedarán en aguas de borrajas) por rescindir no digamos ya los conciertos (establecidos en 1985 como medida transitoria hasta que se desarrollara la red pública –decían-, y con los que llevamos ya 35 años sin que se haya ejercido ninguna acción al respecto) sino por retirar algunos privilegios, como son los de mantener e incluso ampliar unidades educativas en estos colegios privados mientras se suprimen en los públicos.

Haría falta, más bien, segar la hierba bajo los pies de quienes apuestan por mantener un doble sistema educativo en este país donde se permite que haya dos tipos de profesorado, uno que accede mediante concurso oposición a través de un tribunal examinador y otro que accede mediante selección a dedo de la empresa contratante, un sistema que privilegia centros de élite donde se instruyen los hijos e hijas de las clases dominantes con intención de perpetuarse en el poder, como afirma María Ángeles Llorente (https://mangelesllorente.wordpress.com/), con centros educativos que se permiten tener un ideario propio, ajeno al público e igualitario, marcando diferencias ideológicas y religiosas, frente a unos centros públicos cada vez más masificados y diversos, donde se acoge al alumnado que la concertada no quiere, por no manchar su impoluta imagen de empresa privada.

Haría falta, más bien, segar la hierba bajo los pies de quienes apuestan por mantener un doble sistema educativo en este país donde se permite que haya dos tipos de profesorado, uno que accede mediante oposiciones y otro mediante selección a dedo

Creer que la libertad de enseñanza consiste en elegir entre pública y privada concertada supone distraer la atención de otros asuntos muchos más graves que tienen que ver con un modelo neoliberal de educación que prepara, por un doble camino, al alumnado no para que aprenda a ejercer una ciudadanía responsable, crítica y activa, sino para incorporarse a un sistema económico donde cada cual deberá ocupar, sin rechistar, su correspondiente lugar en la cadena de producción asignada.