Opinión
Se negociará lo que yo diga

Políticos históricos del PSOE como Alfonso Guerra o Felipe González han conseguido que la postura negociadora del Gobierno de Pedro Sánchez con el independentismo catalán parezca demasiado blanda. ¿Qué decir de la contribución de la oposición derechista, consiguiendo convencer de que la negociación con la línea roja de la principal petición del pueblo catalán, un referéndum, es ceder a los intereses de quien parte desde el otro lado de esa misma línea?

La ya famosa polémica del relator vino porque esta figura equiparaba en la negociación a un Estado y a una Comunidad Autónoma. Lo que viene siendo un diálogo. Ahora bien, si esta circunstancia hace entrar en cólera a Vox, a la oposición de derechas, a muchos miembros del propio PSOE y a un gran número de nacionalistas españoles (da igual que en la manifestación del domingo en Colón hubiera 45.000, 200.000 o muchas más personas), es difícil ver la crítica a la negociación que planteaba el Gobierno como un peculiar diálogo entre lo que quiere el Estado y lo que desea el Gobierno central. Lo que viene siendo un monólogo.

Conviene recordar que tanto el Ejecutivo socialista de Zapatero como el popular de Aznar negociaron con ETA. Hoy, un día después de que comenzara el juicio por el Procés, tampoco viene mal echar la vista atrás a lo largo de la historia para ver algo que está claro: que la desobediencia civil es la única vía que ha conquistado derechos. Evidentemente estos pueden ser tan variados como la igualdad entre hombres y mujeres, blancos y negras o la independencia de una nación. Evidentemente no están al mismo nivel, pero salvando las distancias para que nadie se ofenda, también parece una obviedad admitir que referentes universales de diversos campos como Oscar Wilde, Henry David Thoreau, Eduardo Galeano, Martin Luther King o Ghandi tenían razón cuando dijeron, en términos absolutos, que la desobediencia es un deber moral y está justificada ante leyes injustas. Puede que esa distancia entre conflictos que haya que salvar sea demasiado grande si los acusados son los cuatro políticos independentistas catalanes de turno, pero no si son las cabezas de turco de más de tres millones de personas en Cataluña.

En las leyes absolutas, aquellas de sentido común, las comparaciones son adaptables a cualquier situación y momento de la historia, al margen de posturas políticas. Los juicios y las leyes de la mayoría, en cambio, valen para el presente. Por eso, la dimensión política y la actualidad informativa del juicio del Procés podría distraer de lo fundamental. Que los gritos de protesta por un amago de diálogo no impidan oír que es el Estado el único que habla en él.