Brasil
La ultraderecha militarista, favorita para las presidenciales en Brasil

La derecha neoliberal ha logrado una importante recuperación en América Latina en los últimos años. Sin duda en su éxito ha influido en gran medida el freno al crecimiento y las reformas sociales provocado por la crisis financiera mundial, pero es innegable que también han pesado los propios errores políticos y las limitaciones y serias contradicciones ideológicas de los gobiernos 'progresistas' que surgieron en la zona desde fines de los años 90.

Algunos de esos gobiernos cohabitaron con la derecha neoliberal —Dilma Rousseff tuvo como vicepresidente al conservador Michel Temer, que la terminó sustituyendo—; se vieron salpicados por casos de corrupción; terminaron alejándose de parte de su electorado y criminalizaron las protestas de algunos de los mismos sectores sociales que los habían llevado al poder.

El encarcelamiento ahora de Lula da Silva es sin duda el logro más notorio de la fuerte contraofensiva que lleva a cabo esa derecha neoliberal en toda la región, encabezada por sus burguesías nacionales, pero apoyada también por gobiernos, multinacionales y medios de comunicación de países de fuera de la zona como Estados Unidos o España.

Brasil es un plato fuerte. Alcanzar la presidencia de Brasil es gobernar el coloso del subcontinente americano, un inmenso país de 8,5 millones de kilómetros cuadrados —el quinto más grande del mundo— y 210 millones de habitantes, al que Lula precisamente ayudó en gran medida a convertirse en potencia regional y país emergente con peso dentro de los BRIC.

A los golpes 'blandos' contra Manuel Zelaya en Honduras (2006) y Fernando Lugo en Paraguay (2012), le siguieron en los últimos años la derrota del chavismo en las legislativas en Venezuela (2015); la derrota del 'kirchnerismo' en Argentina (2015); el golpe institucional contra Dilma Rousseff a través de un 'impeachment' (2016), o el triunfo del conservador Piñera en Chile (2017).

El hecho de que Lula partiera como candidato favorito para las presidenciales de octubre próximo, con una intención de voto del 37%, permitió albergar a la izquierda la esperanza de que pudiera revertirse el golpe que supuso para los sectores populares la frustrante caída de Dilma Rousseff.

A pesar del cúmulo de arbitrariedades jurídicas cometidas en el caso contra Lula, su popularidad aumentó tras su condena en primera instancia y aumentó aún más después de la condena en segunda instancia. Es una clara evidencia del apoyo popular con el que todavía cuenta tras sacar de la pobreza a 30 millones de brasileños, y evidencia también el rechazo del electorado a la farsa jurídica que se montó para condenarlo.

121 juristas brasileños denuncian un “crimen jurídico” contra Lula

En el libro Comentarios a una sentencia anunciada (libro completo en español) 121 juristas brasileños analizan en detalle la sentencia que ha llevado a Lula a la cárcel y concluyen unánimemente que es un verdadero “crimen jurídico” cometido con un objetivo claro: impedir que vuelva a ser elegido presidente.

La impopularidad del presidente Michel Temer (5% y en caída) por desmontar precisamente buena parte de los logros alcanzados por Da Silva y Rousseff, y las graves causas judiciales por corrupción que pesan sobre él y varios de sus colaboradores —en este caso sí con pruebas contundentes en su contra— hicieron aumentar las expectativas de que una vuelta de la izquierda al poder era posible. Pero la suerte de Lula estaba echada desde hacía tiempo.

A pesar de las concesiones que logró arrancarle la burguesía brasileña tanto a él como a Dilma Rousseff durante sus respectivos mandatos —criticados por su ala izquierda— los dos fueron siempre para la derecha objetivos prioritarios a abatir.

En el caso de Lula lo fue no desde que llegó al poder (2003-2010), sino desde mucho antes, desde los años 70, desde el mismísimo momento en que aquel joven tornero llegó a presidir el Sindicato de los Metalúrgicos, liderando en 1978 una histórica huelga de más de 100.000 trabajadores en abierto desafío a las leyes de la dictadura militar.

Eran 'años de plomo' en Brasil. En 1978 se impusieron más restricciones a las libertades democráticas, varios sectores económicos de importancia estratégica quedaron intervenidos en aras de la 'Ley de la Seguridad Nacional'.

Tras la segunda gran huelga de los metalúrgicos, en 1980, secundada por 300.000 trabajadores, Lula impulsó la creación del Partido de los Trabajadores y en 1986, al terminar la dictadura, el PT obtenía sus primeros 16 diputados en las elecciones.

Dos décadas después y tras varios intentos electorales, soportando una gran guerra política y mediática en su contra por parte de la burguesía brasileña, de EE UU y del FMI, Lula y el PT llegarían finalmente al poder con el 61% de los votos.

Un nostálgico de la dictadura militar, nuevo candidato presidencial favorito

Paradójicamente, tras el encarcelamiento ahora de Lula —que podría cumplir una condena de hasta doce años si no hay un cambio brusco de la situación— el candidato presidencial del Partido Social Cristiano (PSC), el que aparece como mejor posicionado —con casi un 20% de popularidad— es alguien que fue paracaidista del ejército durante la dictadura militar contra la que tanto Lula como Dilma lucharon, como si de una burla del destino se tratara.

Jair Messias Bolsonaro, que llegó a capitán del Ejército, es diputado federal por Río de Janeiro desde 1991, dirigente del PSC y gran admirador de su colega de partido, el diputado federal por San Paulo y popular pastor evangelista Marco Feliciano, ultraconservador, homófobo y misógino como él.

Bolsonaro se lamenta: “Durante la dictadura se torturaba mucho pero se mataba poco”

“Soy un soldado de Feliciano”, decía con admiración Bolsonaro.

El ex militar nunca tuvo reparo en elogiar a la dictadura militar (1964-1985) y se ha lamentado públicamente que en esa época “se torturaba mucho pero se mataba poco”.

Al participar en el infame 'impeachment' contra Dilma Rousseff en el Senado pidiendo su destitución se atrevió a elogiar nada menos que al represor Carlos Brilhante Ustra, que había sido uno de los torturadores de la presidenta cuando estuvo presa tres años durante la dictadura por su pertenencia a una organización guerrillera marxista.

En sus declaraciones públicas Bolsonaro no se priva de mostrar su misoginia —en 2003 le dijo a una diputada del PT, el partido de Lula: “no te violaré porque no lo mereces”— y por su homofobia —“Sería incapaz de amar a un hijo homosexual”, dijo— y repudia a los descendientes de esclavos africanos, a los que considera “bestias de carga”.

Es partidario de seguir los pasos de Trump en cuanto a las armas, defiende el derecho de los ciudadanos a armarse para defenderse. “Una pistola por casa” para acabar con los delincuentes, pregona, un mensaje que cada vez prende más en los habitantes de un estado violento como Río de Janeiro. En Brasil se producen más de 60.000 homicidios por año.

Su hijo Flávio, abogado, empresario del sector inmobiliario, diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y candidato a senador, dice en el blog familiar que nació en la Academia Militar de las Águilas Negras, y reivindica con orgullo su amor por los militares.

Duro crítico con la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de la dictadura y defensor acérrimo de los militares y policías, condena en su blog al igual que su padre a los “indígenas protegidos por el PT” que “invaden las tierras de los productores y hacendados” en la Amazonia.

“Yo no estoy a favor de la tortura como política de Estado, pero en ciertas situaciones...”, decía hace poco en una entrevista. Y ponía un ejemplo de “ciertas situaciones”. “Yo tengo dos hijas pequeñas, de tres y cinco años. Si unos delincuentes secuestran a una de mis hijas y me envían un pedazo de su oreja o un pedazo de dedo a mi casa, y la policía atrapa luego a uno de esos criminales, a los miembros de una banda de secuestradores y él no dice dónde las tienen, pues... ¡Yo voy de voluntario a torturar a ese tipo!”.

Tres décadas después los militares vuelven a la arena política

El 3 de abril pasado, cuando todo Brasil contenía la respiración a la espera del fallo que debía tomar al día siguiente el Supremo Tribunal Federal sobre la suerte legal de Lula, la ultraderecha arreció en sus presiones para que se confirmara su encarcelamiento, y, para sorpresa de todos el Ejército se sumó a esas presiones sobre la Justicia. Y lo hizo por boca del mismísimo jefe de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo Villas-Boas.

“Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social, a la democracia, del mismo modo que se mantiente atento a sus misiones institucionales”, dijo vía Twitter.

Desde el fin de la dictadura militar en 1985 está vigente un decreto ley por el que se prohíbe taxativamente a los militares en activo cualquier tipo de manifestación política. Sin embargo, solo la izquierda criticó semejante intromisión. Los políticos y medios de comunicación de la derecha aplaudieron el posicionamiento de las Fuerzas Armadas.

Desde que el ex vicepresidente de Dilma Rousseff, Michel Temer, la sustituyó en el cargo tras el 'impeachment', los militares han ganado más y más peso político. El apoyo de las Fuerzas Armadas a la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia es público, y muchos ex altos cargos en la reserva se presentan como candidatos a distintos cargos políticos.

Uno de los más conocidos es Paulo Chagas, general en la reserva, quien se postula al cargo de gobernador del Distrito Federal de Brasilia, capital federal y sede del Gobierno Federal de Brasil.

Él también como Bolsonaro es un defensor de la dictadura militar y negador de que se hubieran violado los derechos humanos, y reconoce que junto con otros ex oficiales reservistas actúan como colectivo como una suerte de “sabios ancianos”. “Muchos buscan nuestro consejo”, asegura, ante el temor de que el Supremo dejara en libertad a Lula.

“Si Lula no es enviado a prisión el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden” (General Gonzaga Schröeder)

Cuando el jefe de las Fuerzas Armadas hizo esa advertencia en vísperas de la decisión del Supremo, Chagas respondió inmediatamente con otro Twitter: “Tengo la espada a mi lado, la silla equipada, el caballo listo y a la espera de sus órdenes comandante Villas-Boas”.

Otro general en la reserva, Luis Gonzaga Schröeder, amenazó también, sin mencionarlo, al Supremo: “Si Lula no es enviado a prisión el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden”.

La mayoría de estos generales declaradamente golpistas, en activo o en la reserva, apoya abiertamente a Jair Bolsonaro, el candidato presidencial hoy por hoy mejor posicionado y este a su vez los elogia constantemente y asume todas sus reivindicaciones profesionales.

Los Bolsonaro —Carlos y Eduardo, los otros dos hijos del candidato presidencial también son políticos— podrían parecer solo unos personajes esperpénticos sin más, como el pastor Marco Feliciano pero el problema es que sus discursos no solo cuentan con el respaldo del estamento militar, ya de por sí importante, sino que cada vez parecen tener mayor aceptación popular.

Según encuestas hechas por la consultora Parana Pesquisas en febrero pasado con motivo de la polémica intervención del ejército en Río de Janeiro, el 74,1% de la población brasileña aprobaba esa medida y el 67,6% era partidario de que hubiera también una intervención federal similar en sus propios municipios. Es un aumento de más del 20% con respecto a una encuesta similar hecha solo pocos meses antes.

La concejala Marielle Franco, negra y feminista, militante de izquierda del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue una de las más críticas con la intervención del Ejército en Río y por ello fue asesinada a balazos en pleno centro de esa ciudad, en una clara advertencia de que no se aceptaría ninguna crítica a esa medida.

El patriarca de los Bolsonaro ha logrado subir en las encuestas con dos mensajes principales: el combate contra la delincuencia, promoviendo el 'gatillo fácil' y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo la sombra de la corrupción ha empezado hace poco a planear sobre él y su familia. El diario Folha de San Paulo ha sido el primero en acusar al aspirante a presidente y a tres de sus hijos por su presunto delito de lavado de dinero. Este medio aportó documentación según la cual Jair Bolsonaro y sus tres hijos, a pesar de vivir supuestamente solo de su actividad política desde hace años, han multiplicado inexplicablemente su patrimonio.

Ese periódico asegura que la familia posee 13 inmuebles por un valor de varios millones de dólares que habrían sido adquiridos a un precio muy por debajo de los precios de mercado, según los baremos de la propia Municipalidad de Río de Janeiro, lo que podría revelar un caso de lavado de dinero. El Folha de San Paulo hizo las cuentas y en ningún caso los Bolsonaro podrían haber comprado en los últimos años semejantes propiedades con los salarios que tienen como cargos políticos.

El peso de la derecha evangelista en el escenario político

Como en varios países de América Latina las iglesias evangélicas vienen ganando peso social y político desde hace años, pregonando un mensaje ultra conservador, constituyendo un soporte fundamental para los más rancios valores ideológicos de la derecha.

La 'bancada evangelista' tiene cada vez más protagonismo en el Congreso brasileño. Parlamentarios evangelistas de distintos partidos se alían a menudo para frenar cualquier iniciativa que pretenda flexibilizar las condiciones para poder abortar, o para que el colectivo LGTB consiga algún derecho civil, o para impedir un proyecto de ley a favor de la eutanasia o para la legalización de las drogas.

Decenas de miembros de esa bancada rezan incluso conjuntamente en el propio hemiciclo, cuando se tratan algunos de esos temas.

A pesar de sus principios ultra conservadores, una parte nada despreciable de los creyentes evangelistas ha votado paradójicamente al Partido de los Trabajadores de Da Silva y Rousseff, e incluso parlamentarios del PT se reconocen miembros de alguna de las numerosas y poderosísimas iglesias evangelistas.

Dilma Rousseff designó presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso al pastor ultra conservador evangelista Marco Feliciano

La expresidenta le ha hecho importantes concesiones a la poderosa bancada evangelista y ha asistido en varias ocasiones a celebraciones especiales de la iglesia pentescostal u otras —exentas de impuestos— como muestra de reconocimiento. Su Gobierno llegó a designar al influyente y ultra conservador pastor Marco Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

En otra de las concesiones a la bancada evangelista, Dilma Rousseff declaró formalmente que no tomaría ninguna iniciativa para la legalización del aborto.

Se calcula que más del 26% de la población pertenece ya a alguna de las iglesias evangelistas en Brasil, el país que a pesar de ello sigue teniendo la mayor población católica del mundo, casi el 60% de sus habitantes.

Los templos de las distintas iglesias evangelistas proliferan en Brasil, tienen miles de templos y controlan mucho dinero, importantes medios de comunicación, políticos, diputados, senadores, militares.

El explosivo cóctel de pastores evangelistas ultraconservadores de gran popularidad, candidatos presidenciales ultraderechistas con gran apoyo y generales amenazantes, presagian turbulentos meses de campaña electoral y un futuro inquietante para Brasil.