Empresas públicas
Trabajadores del ICO convocan un paro para denunciar que cobran por debajo de su convenio

Los trabajadores del Instituto de Crédito Oficial decidieron el 19 de febrero en asamblea realizar un paro de dos horas el próximo lunes 26 de febrero. Llaman también a una concentración frente a su sede, en el Paso del Prado 4, en el centro de Madrid. Esta actividad constituye una prolongación de los paros y protestas efectuados en los meses de noviembre y diciembre de 2017. La plantilla total del ICO asciende a unas 320 personas, considerando jefaturas, funcionarios, empleados temporales y de servicios tercerizados.

Como telón de fondo, el malestar del sector se debe a los recortes presupuestarios y de personal que padece el conjunto de la administración pública, por la reforma del artículo 135 de la Constitución, modificación que prioriza el pago de la deuda pública por encima de los derechos sociales y los gastos corrientes del Estado.

Aunque —aclaran desde el comité de empresa— la reivindicación específica que inspira este paro y manifestación es la paralización del sistema de desarrollo profesional establecido en el convenio vigente en el ICO, situación que se prolonga desde hace varios años.

El gobierno ha congelado —hasta nuevo aviso— la aplicación de este dispositivo de evaluación del desempeño de cada trabajador cuya función es servir como base para actualizar las categorías y retribución de la plantilla, procedimiento que se llevaba a cabo cada cuatro años.

El Ministerio de Hacienda se niega a que el ICO utilice sus fondos propios para asumir estas reclasificaciones, que quedan postergadas sine die. Esto implica que un número considerable de trabajadores y trabajadoras perciban retribuciones inferiores a lo establecido en el convenio colectivo. La suma total del atraso que por este concepto que se debe a los trabajadores llegaría al millón y medio de euros. Esta cifra —enfatizan— continuará incrementándose en la medida en que el ministerio no modifique su disposición.

La irritación del personal por este perjuicio en su evolución profesional y salarial no hizo sino aumentar cuando supieron —en otoño de 2017— de la creación de una nueva jefatura de departamento acompañada de la incorporación de otras cuatro jefaturas de área.

El comité de empresa no puede calcular cuánto supondrían de incremento en el coste de plantilla estas nuevas nominaciones, debido a la opacidad en las cifras de remuneración salarial de las jefaturas. Sin embargo, en función de las escalas medias actuales, una estimativa autorizaría a suponer entre los 70.000 y 100.000 euros de incremento anual.

Interrogada por los motivos que podrían inspirar tal política de las autoridades, la fuente consultada valora que se trata de una estrategia para fidelizar a altos mandos y jefaturas intermedias, en la línea de modelar un cuerpo funcionarial afín a las políticas del Gobierno.

Sería consonante con la configuración del mercado de trabajo en la esfera privada, que pasa por una profundización de la desigualdad en perjuicio de los sectores de menor remuneración, marcada por una sistemática devaluación de sus ingresos. Este modus operandi se torna más evidente por el hecho de que los mandos intermedios siguen gozando de las promociones salariales que les son negadas a la plantilla.

A las anteriores reivindicaciones se suma el agravio comparativo por una situación discriminatoria entre trabajadores temporales e indefinidos. De praxis, buena parte de la plantilla del ICO comienza a trabajar como temporal y, con el paso de los años, gana la condición de indefinido. Pero, de forma casi sistemática, a la hora de pasar de una situación a otra, la empresa no les ha reconocido los derechos adquiridos durante su período de temporalidad. Algunos, después de interponer acciones legales, ganaron ese reconocimiento en juicio. Pero otros no lo han conseguido, ante la alegación de que las posibles acciones jurídicas habrían prescrito por el paso del tiempo.

Movilización sindical

También se ha iniciado una ronda de contactos y reuniones con otras entidades de la administración, con vistas a la realización de acciones conjuntas. Llegar a sintonía no es fácil, debido a las asimetrías y diversidad de situaciones, pero el marco de los recortes presupuestarios y de personal devenidos de la reforma del artículo 135 constituye un marco general propicio.