Fiscalidad
El dilema entre cobrar el Impuesto de Patrimonio o que lo ingrese el Gobierno central

Sin muchas sorpresas, aunque pasada la media noche, se han aprobado los tres impuestos que llevan llenando portadas y debates políticos y económicos. Se han votado y aprobado el impuestos a la banca, el impuesto a los beneficios excesivos de las empresas energéticas y el llamado impuestos solidario a los altos patrimonios.

Este último, nunca libre de críticas y de titulares que alertan de huidas en masa de ricos hacia otros países, ha sido uno de los principales escollos y batallas con los gobiernos autonómicos. Muchos de estos gobiernos del Partido Popular han tomado este impuesto como una guerra contra los tributos gravados en sus territorios, pese a que sea un impuesto que apenas deberían pagar unas pocas miles de personas de cada una de las comunidades autónomas. 

Ante la insistencia por no gravar a los grandes patrimonios, pese a que haya sido recomendado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de coalición presentó el nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que ha sido aprobado en la última sesión y se pretende que esté operativo antes de que finalice el año y así cobrarlo en 2023 sobre los patrimonios declarados al cierre de este año. En realidad, los dos impuestos son estatales, pero el de Patrimonio está cedido a las comunidades, lo que les da derecho a bonificar el pago y diseñar sus propias deducciones.

El nuevo gravamen de solidaridad se compone de varios escalones progresivos. De tres a cinco millones de euros se paga un 1,7%, desde ese escalón hasta los diez millones se abona el 2,1%. Las fortunas que superen los 10 millones de euros pagará un 3,5%. El impuesto estatal tiene el mismo mínimo exento de 700.000 euros, otras exenciones como los primeros 300.000 euros del valor de la vivienda habitual y también son restadas las deudas. Con este nuevo impuesto, el Gobierno pretende recaudar 3.000 millones en los próximos dos años.

Pero el diseño del nuevo impuesto también contempla una deducción de la cuota íntegra pagada en el Impuesto de Patrimonio. Es decir, los contribuyentes con estos altos patrimonios pagarán el Impuesto de Patrimonio en sus comunidades, pero si estas no quieren cobrarlo porque lo bonifican, el dinero lo cobrará el Gobierno central. En caso de que los tipos impositivos autonómicos sean menores que los del impuesto estatal, se desgravarán el autonómico y pagarán al Estado la diferencia. En esta situación se encuentran algunas comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y Navarra.

Ahora esos gobiernos tendrán que decidir si recaudan ellos el impuesto al completo, incluyen el ingreso en sus presupuestos autonómicos y eligen en qué lo invierten. De lo contrario, será la Agencia Tributaria la que lo recaude y pase a formar parte de los presupuestos del Estado.

El último en apuntarse a la moda del Partido Popular de bonificar el impuesto fue el presidente de Murcia, López Mirás. Hace tan solo unos días anunciaba la bonificación del Impuesto al Patrimonio alegando, entre otros motivos, que aumentaría la recaudación al atraer más inversiones y personas con altos patrimonios a la región. Una afirmación que pierde todo el sentido en el momento que se aprueba un impuesto estatal que hará que todos los altos patrimonios paguen lo mismo vivan donde vivan, además de eliminar cualquier ventaja fiscal y la competencia entre comunidades autónomas por ser la que más baja el impuesto a los ricos.

Ahora el PP de Murcia tendrá que decidir si reparte ese dinero entre los murcianos y murcianas o se lo da al Gobierno central mediante el nuevo impuesto

En Murcia el impuesto lo pagan unos 4.000 altos patrimonios, que tributan unos 27 millones de euros al año. En 2020, el último año con datos de la Agencia Tributaria disponibles, 4.082 murcianos con un patrimonio medio superior a los 3,6 millones de euros cada uno tributaron 27,2 millones de euros. Ahora el PP de Murcia tendrá que decidir si reparte ese dinero entre los murcianos y murcianas o se lo da al Gobierno central mediante el nuevo impuesto.

Lo mismo pasa con los casi 70 millones que deberían pagar unos 7.600 altos patrimonios gallegos y que Alfonso Rueda les pretende bonificar al 50% en la próxima declaración. En concreto, fueron 7.646 altos patrimonios gallegos lo que pagaron 66.6 millones de euros en 2020. Si Galicia sigue adelante con la bonificación del 50% del impuesto autonómico, la mitad de esa recaudación acabará en los presupuestos estatales en vez de engordar los gallegos.

Moreno Bonilla, que pretendía hacerle la competencia fiscal a Madrid, se quedará sin su aclamado efecto de atracción de ricos de otras comunidades con el nuevo impuesto estatal

Moreno Bonilla, que pretendía hacerle la competencia fiscal a Madrid, se quedará sin su aclamado efecto de atracción de ricos de otras comunidades con el nuevo impuesto estatal del que no se pueden librar los altos patrimonios. En 2020, 16.785 pagaron 93,3 millones de euros. Con el nuevo anuncio de la bonificación al 100% que hizo Moreno Bonilla, y en caso de que no de marcha atrás, esos más de 90 millones acabarán en la Hacienda estatal en vez de en los presupuestos andaluces.

Ayuso deberá decidir entre recaudar esos casi 1.000 millones para los madrileños y madrileñas o cederlos a sus rivales en la Moncloa para que engorden los presupuestos estatales

Pero el plato gordo está en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso le perdona unos 1.000 millones de euros al año a unos 18.000 ricos con un patrimonio neto medio de más de 10 millones de euros. Con datos de 2020, 18.225 ricos fueron bonificados al 100% y se libraron de pagar 992 millones de euros. Ahora la presidenta deberá decidir entre recaudar esos casi 1.000 millones de euros para los madrileños y madrileñas o cederlos a sus rivales en la Moncloa para que engorden los presupuestos estatales.

Entonces, ¿qué va a hacer Ayuso y el Partido Popular? ¿Va a recaudar ese impuesto a los ricos y a gastarlo en los madrileños en, por ejemplo, la sanidad pública madrileña? ¿Van a seguir los gobiernos del PP bonificando el Impuesto de Patrimonio y ceder esa recaudación al Gobierno central?