Fronteras
¿A quién beneficia la gestión de las migraciones? (II)

La peligrosidad creciente de los recorridos beneficia a los “pasadores” y a las redes criminales a las que los migrantes se ven obligados de contactar, mientras que esas mismas políticas de flujos migratorios hablan de combatirlas. Aunque hay otros sectores de actividades menos mediatizados que obtienen un provecho financiero mucho más importante de la inmigración irregular, ¡y es tan importante que uno se puede preguntar si no hacen todo para alentarla! Para los que llevan la gestión de los centros de detención para migrantes; las sociedades que aseguran el reparto de las comidas, la seguridad y la limpieza; las empresas que proveen guardias y escoltas a aquellas y aquellos que se expulsa; los fabricantes de armas y la industria aeronáutica; la tecnología puntera para la vigilancia de las fronteras o los subcontratistas para la concesión de visados, la crisis de los migrantes constituye una verdadera ganga, incluso un filón de oro.

Esa proporción nada despreciable de servicios, que antes correspondía exclusivamente al Estado, ahora está gestionada por grandes grupos privados que—principalmente por razones de imagen— se esconden por detrás de innumerables subcontratistas. Esa privatización rampante grava todavía más a las cajas de los poderes públicos, favorece la opacidad y diluye las responsabilidades en caso de incidentes durante las intervenciones, poniendo a los Estados al abrigo de violaciones de la ley que, sin embargo, son frecuentes.  

Instrumentalización de la ayuda oficial al desarrollo

La Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, como es el caso del Centro de Información y Gestión de Migraciones (CIGEM) inaugurado en Bamako, Mali, en 2008. Es así como el Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED) financia, en Mauritania, la formación de la policía de fronteras. Para alcanzar los objetivos que ellos mismos se fijaron (destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la AOD), algunos Estados miembros de la UE contabilizan dentro de esta AOD los gastos que, evidentemente, no lo son. A pesar de las reticencias de los Estados miembros para armonizar sus políticas migratorias internas, logran coordinar su gestión exterior.

¿“Crisis migratoria” o “crisis de acogida”?

En la encrucijada de las rutas entre Europa y Asia, Turquía y Grecia son países de tránsito para numerosos migrantes y refugiados que huyen de los conflictos crónicos y de inestabilidad política y económica del Oriente Próximo. Después de haber abierto sus fronteras en 2015, en un contexto de crisis, la UE se retracta, desprovista de una reflexión a largo plazo sobre su política de acogida.

Y es así como la UE firma con el Gobierno turco, sin una gran oposición por parte del Gobierno de Tsipras, un acuerdo con el objetivo de controlar y filtrar la inmigración. El acuerdo que entró en vigor el 20 de marzo de 2016, prevé retornar a Turquía cualquier nuevo migrante, incluidos refugiados sirios, que llegue a Grecia. Y por cada sirio retornado, la UE reinstalará en Europa otro sirio refugiado en territorio turco. Se podría creer que solo es un mero arreglo contable. Pero no lo es. La relación es claramente desequilibrada. La UE especificó una cuota máxima de 72.000 sirios aceptados en Europa mientras más de un millón han sido expulsados del territorio europeo.

Por esos intercambios deshumanizados, la UE se concede la libertad de elegir sus inmigrantes en función de sus intereses económicos. A cambio, la UE promete a Turquía 6.000 millones de euros, le dice que quiere relanzar las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión y acelera el proceso de liberalización de los visados para los ciudadanos turcos. Además, Ankara se compromete a controlar el flujo migratorio hacia Europa. Como consecuencia, el dinero sirve muchos más a erigir muros que a acoger. Y ya se instalaron los muros, los alambres de púas y los militares en la frontera turco-siria para consolidar la Europa fortaleza.

Aunque se habían concluido otros acuerdos en ese sentido, ninguno había alcanzado esas sumas, ni comportaba esos riesgos. El hecho de que haya sido firmado directamente por la UE marca, también, el comienzo de una nueva era. La institución burócrata negocia ahora en nombre y por encima de sus Estados miembros, sustituyendo a las políticas nacionales en términos de relaciones exteriores.

Con este acuerdo, la UE se jacta de respetar el derecho internacional. Sin embargo, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención de Ginebra sobre los refugiados estipulan que solo puede efectuarse la expulsión hacia un país considerado seguro. Es evidente que no podemos considerar, en conciencia y a pesar de la firma del acuerdo, a Turquía como un país seguro y de buena acogida para los migrantes. El presidente Erdogan comenzó, efectivamente, una purga sin precedentes y se reveló aún más represivo contra sus oponentes políticos, desde que sabe que Europa es dependiente y conciliadora. Y no es suficiente fustigar al Gobierno turco. Dentro de la misma Europa, se erigen muros y las políticas autoritarias y xenófobas vuelven a la superficie.

Privatización de la “gestión” de las migraciones

La gestión que se hace ahora de la inmigración grava a la recaudación del Estado para, en definitiva, beneficiar a las sociedades privadas y a sus accionistas a expensas de la satisfacción de los servicios públicos esenciales de las correspondientes poblaciones. El lobbying de esas sociedades se enmarca en una escalada militarista que beneficia a las grandes empresas de ese sector. En lugar de invertir en una infraestructuras de acogida digna y en la gestión de los conflictos, de los que los países industrializados son en gran parte responsables, la orientación política de nuestros dirigentes propugna el aumento de los presupuestos ligados a la seguridad y a la policía de fronteras.

Los flujos migratorios constituyen no solo una fuente de ingresos para los “pasadores”, sino que también, y en proporciones mucho más importantes, un jugoso negocio para las grandes empresas que recordemos, se organizan para pagar lo menos posible de impuestos sobre sus beneficios pero aumentan los dividendos de sus accionistas. El mercado de la seguridad de las fronteras, calculado en unos 15.000 millones de euros en 2015, está en pleno crecimiento y debería aumentar a más de 29.000 millones de euros por año en 2022.

En un contexto de una crisis migratoria aguda, de controles exacerbados, de detenciones y deportaciones en aumento, una multitud de sociedades privadas se encontraron con un nicho de actividades muy provechoso para amasar grandes beneficios.

En concreto, cada vez más sociedades privadas se benefician de la subcontratación de la expedición de visados (un mercado dominado por las empresas VFS Y TLS Contact), y facturan a las administraciones públicas la recogida de datos personales, la toma de huellas digitales, las fotos digitalizadas… Como podíamos esperar, el recurso a la empresa privada hace aumentar el precio de los visados, y este aumento de coste es soportado por los demandantes. Pero las demandas introducidas para obtener un visado o permiso de residencia no están al alcance de todo el mundo, y muchos se encuentran apátridas o sin papeles, indeseables a la vista de la ley.

La gestión de los centros de detención para migrantes donde se interna a los sin papeles en espera de una expulsión es, también, subcontratada con empresas privadas. Esa transferencia hacia la esfera privada refuerza el monopolio de tres o cuatro multinacionales que, a escala mundial, se reparten el mercado de la detención. Así es como, casi la mitad de los 11 centros para migrantes del Reino Unido son gestionados por grupos privados. Esas empresas tienen todo el interés en aumentar la duración de la encarcelación y hacen lobbying en ese sentido, con buenos resultados. Por lo tanto, las sociedades de seguridad privadas prosperan a medida que el número de migrantes aumenta. Además, el alojamiento de urgencia se convirtió en un sector lucrativo para las sociedades privadas que perciben fondos de algunos Estados como Italia, a expensas de las asociaciones humanitarias que tradicionalmente toman a su cargo los refugiados.

En Bélgica, entre 2008 y 2012, el presupuesto dedicado a las repatriaciones forzadas —los gastos del viaje de retorno, sin contar con el tiempo pasado en un centro cerrado, de casi 8.000 detenidos cada año— pasó de 5,8 millones de euros a 8,07 millones de euros.

La sociedad francesa Sodexo consideró las detenciones de los migrantes como una oportunidad de extensión de sus actividades en las prisiones. El imperio francés del cemento y de los medios de comunicación Bouygues está encargado de la construcción de los centros de detención para migrantes en el marco de los contratos de partenariado público-privado (PPP) y la empresa de limpieza Onet propone sus servicios.

En el Reino Unido, las multinacionales de la seguridad tales como G4S (antiguo Grupo 4 Securitor), Serco o Geo, están en auge gracias al boom de las privatizaciones. En Estados Unidos, CCA y GEO son las principales empresas que conciben, construyen, financian y explotan los centros de detención y Sodexho Marrito es el primer proveedor de los servicios de alimentación de esos establecimientos.

Algunas sociedades aprovechan incluso para hacer trabajar a los detenidos en espera de su expulsión. Por ejemplo, en el centro de Yarl’s Word, gestionado por la empresa Serco en el Reino Unido, el servicio de cantina o de limpieza de los locales es efectuado por mujeres detenidas por una remuneración 23 veces menor que el salario en el exterior para ese tipo de tarea (50 peniques la hora en 2011 o sea 58 céntimos de euro). El grupo GEO, que en 2003 obtuvo la gestión del campo de Guantánamo, “ofrece” a sus ocupantes en los centros Harmondsworth, cerca del aeropuerto de Heathrow y de Dungavel en Escocia, “oportunidades de trabajo remunerado” para servicios que van de la pintura a la limpieza. Esas empresas no escatiman la oportunidad de explotar una mano de obra muy barata y sin derechos.

La inmigración da más beneficios que costes

Algunos inmigrantes que finalmente logran llegar a su destino, se tienen que poner a buscar trabajo y el país de acogida aprovecha una mano de obra barata de la que, además, se ahorra los gastos de formación ya asumidos por el país de origen. Esa mano de obra, flexible y explotable a voluntad, llena una necesidad que las economías de los países industrializados no pueden pasar fácilmente.

Lejos de constituir una amenaza y contrariamente a una idea falsa, las migraciones generalmente tienen un efecto positivo sobre las economías del país de acogida. En el plano puramente económico, según la OCDE, un inmigrado aporta, de media, 3.500 euros de ingresos fiscales anuales al país que lo acoge. Los sin papeles que trabajan tienen recibos de pago, con frecuencia a nombre de terceras personas y por lo tanto cotizan a una cobertura social de la que no pueden beneficiarse.

En definitiva, se instala la duda en cuanto a los resultados esperados de semejante estrategia de gestión del flujo de desplazamientos humanos. La política antimigratoria establecida mata, y Europa cuenta los muertos pero continúa levantando sus muros. Sin embargo, las migraciones no son un problema, una plaga contra la que hay que luchar. Las migraciones son la consecuencia de conflictos, persecuciones, catástrofes ambientales, injusticias sociales y económicas en el mundo. Y son esas las causas que hay que combatir, si queremos tener una política migratoria realmente humana y justa.