Guatemala
Duro golpe a la libertad de prensa en Guatemala: seis años de cárcel para el periodista José Rubén Zamora

Vestido con traje negro y corbata roja, Zamora escuchaba sereno la sentencia interpuesta por parte del Tribunal Octavo de Sentencia Penal de Guatemala. Acusado de los presuntos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público solicitaba una condena de 40 años de cárcel. Después de ser absuelto de los delitos de chantaje y tráfico de influencias, la jueza ha dictado una condena de seis años de cárcel inconmutable y a una multa de 300.000 quetzales —unos 35.000 euros— por el delito de lavado de dinero. En el mismo proceso también se juzgaba a la exfiscal Samari Gómez acusada de revelación de información, quien finalmente ha sido absuelta y puesta en libertad sin cargos.

Chepe Zamora, como es conocido en el país, lleva diez meses encarcelado. Fue capturado en su casa el pasado julio, solo cinco días después de que el medio que dirigía lanzará fuertes críticas por corrupción contra el presidente Giammattei y su círculo íntimo. Con una larga trayectoria reconocida a nivel internacional, el medio que dirigía era una referencia en el país por haber denunciado cientos de actos de corrupción en los Gobiernos de Otto Pérez Molina y (2012-2015), del presidente Jimmy Morales (2016-2020) y del mismo Giammattei. El pasado 15 de mayo se publicó la última edición de El Periódico, que después de casi treinta años de existencia decidió cerrar tras denunciar persecución, presiones políticas y económicas.

Chepe Zamora lleva diez meses encarcelado. Fue capturado cinco días después de que el medio que dirigía lanzará fuertes críticas por corrupción contra el presidente Giammattei y su círculo íntimo

Las acusaciones de lavado de dinero contra Zamora se sustentan en las declaraciones del exbanquero Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que el periodista le pidió que ingresara 35.000 euros en el sistema bancario. Sin embargo, la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. Según Zamora, la mayor parte de los fondos eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, y provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con El Periódico por temor a represalias.

Un juicio “político” plagado de irregularidades

Hace dos años, el periodista aseguró públicamente que el presidente Giammattei y la fiscal general de la FECI, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio. Hoy, a la entrada del juicio, Zamora declaraba ante los medios que el proceso penal contra él era un “juicio político”, una “persecución del presidente Alejandro Giammattei” y de la “dictadura tiránica” que gobierna Guatemala. 

Se trata de un proceso judicial duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y asociaciones de prensa, quienes consideran que el sistema judicial guatemalteco carece de independencia y que el juicio es una “persecución política” contra una de las voces más críticas del país centroamericano. Un juicio arbitrario lleno de irregularidades, en el que cuatro de sus abogados han sufrido persecución y se encuentran detenidos acusados de obstrucción a la justicia, mientras que un quinto ha abandonado el país. Además, Zamora ha afirmado que no ha recibido todos los documentos relacionados con su caso, lo que afecta su defensa.

En una entrevista concedida tras la sentencia, el ex fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval aseguraba que “se trata de un caso de persecución por denunciar la corrupción del actual gobierno”. Sandoval se encuentra exiliado en Estados Unidos tras su destitución por parte de la actual Fiscal General, Consuelo Porras. Desde el exilio y con cinco denuncias interpuestas por perseguir la corrupción, Sandoval asegura que no hay libertad de prensa en el país y que la FECI se ha convertido en un instrumento del gobierno para perseguir a fiscales, jueces y a la prensa independiente.

En una entrevista concedida tras la sentencia, el ex fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval aseguraba que “se trata de un caso de persecución por denunciar la corrupción del actual gobierno

En los últimos años, 35 jueces y fiscales han tenido que exiliarse señalando persecución política en su contra, cuatro más están detenidos y once procesados. Lo mismo sucede con los periodistas que denuncian la corrupción, 22 de ellos han tenido que huir por temor a ser perseguidos penalmente o por temor por su vida. Además, según datos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en 2022 se reportaron 105 agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Todos culpan de su situación a las “mafias” o al “pacto de corruptos”, dos términos con los que los guatemaltecos se refieren a los sectores de poder que, desde su perspectiva, han cooptado a las instituciones del Estado para que actúen a su favor.

Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto dos causas penales más contra el comunicador y en una de ellas ha implicado a ocho periodistas que formaban parte del equipo de El Periódico. Ante este nuevo ataque a la libertad de prensa, en un comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha calificado el proceso de “acto de intimidación” y “caza de brujas”. Todo ello en un país que un retroceso cada vez más acentuado del Estado de derecho.