Honduras
El prolongado descenso a los infiernos de Honduras

La situación política en Honduras es insostenible. El pasado 18 de octubre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Juan Antonio “Tony” Hernández de los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de armas y perjurio.

En la acusación presentada por la fiscalía federal, se señaló como co conspiradores de “Tony” Hernández a su hermano Juan Orlando Hernández, actual Presidente de la República de Honduras, al ex Presidente Porfirio Lobo, al Ministro de Energía y a varios policías y narcotraficantes centroamericanos. Durante la celebración del juicio fueron además señalados por sus vínculos con el crimen organizado un buen número de altos cargos del gobierno, como el actual Ministro de Seguridad Julián Pacheco (señalado en otros dos juicios más), el Secretario de Gobernación Ebal Diaz (una especie de vicepresidente), varios exministros, y diversos diputados.

Los hechos imputados por la fiscalía a “Tony” Hernández y sus co conspiradores son de la máxima gravedad. Según lo afirmado durante el juicio, Tony Hernández fue un narcotraficante de alto nivel que tuvo a su servicio a la policía y el Ejército hondureño y que en el apogeo de su poder llegó a marcar los paquetes de cocaína con sus iniciales: “TH”.

Uno de los testigos del caso afirmó literalmente que el acusado “era el tipo de persona que mandaba a matar cualquiera que no le parecía”. Además, “Tony”, conocido popularmente como TH, fue acusado de ser intermediario entre narcotraficantes y el gobierno de Juan Orlando Hernandez y Porfirio Lobo. En nombre de ambos mandatarios, recibió sobornos de los narcos a cambio de protección para sus actividades delictivas y promesas de impunidad.

El hermano del presidente, conocido popularmente como TH, fue acusado de ser intermediario entre narcotraficantes y el gobierno de Honduras

Los fondos recibidos fueron utilizados para financiar las campañas electorales del gobernante Partido Nacional en 2009, 2013 y 2017. Con la protección otorgada, los narcotraficantes que han declarado en el juicio a TH han confesado haber cometido 152 asesinatos en total. Entre los crímenes admitidos, destacan el asesinato de figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como los zares antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González y el fiscal anticorrupción Orlan Chávez, además de varios periodistas.

Según la la fiscalía federal, “el acusado (TH) y sus co conspiradores (que incluyen al presidente Hernández) incurrieron en estas conductas (narcotráfico) para enriquecerse personalmente, financiar campañas de candidatos del Partido Nacional (…) y para mantener y ampliar su poder y posición política en Honduras”. De esta forma, el proceso contra “Tony” Hernández se ha convertido en un enjuiciamiento público contra el sistema político hondureño y contra el Presidente Juan Orlando Hernández.

Para encontrar el origen del proceso de degradación sociopolítica de Honduras hay que remontarse a lo ocurrido hace una década. El 28 de junio de 2009, se produjo en Honduras un golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, entonces miembro del Partido Liberal. La justificación de este golpe fue la cercanía de Zelaya con el chavismo y su hipotético deseo de reelegirse.

Tras la asonada, Honduras entró en un periodo de hegemonía política del Partido Nacional, fortalecido por la implosión de su tradicional rival, el Partido Liberal, fracturado como consecuencia del golpe. A partir de ese momento, los sucesivos gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández iniciaron una reconfiguración de la institucionalidad hondureña a la medida de sus intereses.

A partir del golpe de 2009, los sucesivos gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández iniciaron una reconfiguración de la institucionalidad hondureña a la medida de sus intereses

La división de poderes fue anulada mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en 2011, que supuso la subordinación de los poderes legislativo y judicial al poder ejecutivo. En 2013, se aprobó una Ley de Secretos que hizo virtualmente imposible el monitoreo ciudadano de la función pública. Pero la gran apuesta de Juan Orlando fue la remilitarización y securitización del estado. En este marco, el gobierno realizó una profunda reconfiguración interna de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, logrando así que los puesto claves quedasen en manos de personas de la máxima confianza del Presidente Juan Orlando Hernández.

Durante esta década, el pueblo hondureño ha padecido los peores niveles de violencia en la historia del país, en el marco de las luchas intestinas del narcotráfico por hacerse con la principal ruta de la cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. En 2012, en pleno apogeo de la influencia del narcotráfico en Honduras, el país ostentó el primer puesto a nivel mundial en tasa de homicidios.

Las violaciones a los Derechos Humanos también han sido una constante en este periodo, incluyendo crímenes de alto impacto a nivel internacional, como el asesinato de la líder indígena, feminista y defensora del territorio Berta Cáceres. David Castillo, principal acusado por este asesinato, es socio del Cártel de los Cachiros, una de las redes criminales que fue supuestamente protegida por el gobierno hondureño. Además de este caso, centenares de defensores de los derechos humanos, ambientalistas, periodistas y opositores han sido asesinados en Honduras en la última década.

A pesar de este panorama convulso, el actual Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) permanece en el cargo, aunque con un alto grado de ilegitimidad. El grito “Fuera JOH” resuena desde hace varios años por todos los rincones del país. El juicio y condena a su hermano TH, ha sido solo el colofón de una cuestionada presidencia, financiada por múltiples tramas de corrupción y por el narcotráfico.

Desde la consumación del fraude electoral de 2017, el país vive en un estado de crisis política y social permanente. Las protestas callejeras, reprimidas con violencia por Ejercito y Policía, han sido una constante 

Hernández logró reelegirse en 2017 violando lo dispuesto en la constitución hondureña (que prohíbe la reelección), a través de un proceso electoral altamente cuestionado (la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos llegó a pedir la repetición de los comicios) y que generó una oleada de protestas que se saldaron con más de 30 muertos. Desde la consumación del fraude electoral de 2017, el país vive en un estado de crisis política y social permanente. Las protestas callejeras, reprimidas con violencia por Ejercito y Policía, han sido una constante desde entonces.

Tras la sentencia contra Tony Hernández, Honduras vive en un ambiente de tensión contenida. Se han producido protestas aisladas pidiendo la renuncia del presidente, reprimidas con la habitual violencia. Sin embargo, a la fecha no se ha producido un levantamiento multitudinario como el visto tras los comicios fraudulentos de 2017 o a principios de 2019, cuando se produjeron masivas movilizaciones contra los proyectos del gobierno de privatizar los sectores de salud y educación.

Por lo demás, el Presidente Hernández cuenta todavía con aliados poderosos. El principal es el gobierno de Donald Trump, más interesado en imponer a los gobiernos centroamericanos regulaciones anti derechos en materia migratoria que en cualquier otra consideración. La firma el pasado septiembre de un acuerdo de tercer país seguro entre Honduras y Estados Unidos, que permitirá a Trump deportar solicitantes de asilo a suelo hondureño, es una garantía del apoyo estadounidense a Hernández en el corto plazo.

La conocida como guerra las drogas es una vez mas retratada como una pantomima. La Unión Europea no se ha pronunciado sobre la situación en el país. En el plano interno, la red clientelar en la que se apoya el gobernante tiene una base con la suficiente amplitud como para garantizar su continuidad. Especialmente importante será el papel de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han respaldado a Hernández. Tras la condena de TH, el gobierno destituyó de forma abrupta a varios coroneles del Ejército, con lo cual la lealtad de la actual cúpula militar parece estar garantizada.

De esta forma, las perspectivas en Honduras son sombrías. La sociedad hondureña está exhausta tras años de protestas reprimidas a sangre y fuego, y en la que los disparos a la cabeza contra los manifestantes han sido la norma. Por otro lado, una oposición dividida y desgastada no es capaz de aglutinar las fuerzas existentes. El futuro cercano es altamente imprevisible. Lo único garantizado es que el Presidente Hernández no abandonará el poder voluntariamente.