Justicia
El Supremo da la razón a Ángela González y condena al Estado español a indemnizarla por el asesinato de su hija

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros a Ángela González. El Supremo reconoce con esta decisión la responsabilidad del Estado en la muerte de la hija de González, que fue asesinada por su padre en el año 2003 durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza.

Así lo ha hecho saber la organización Women's Link en una nota de prensa en la que destacan que el Tribunal Supremo reconoce así el daño que la justicia española le infligió a Ángela y que se produjo por “por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”.

“Después de quince años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad. Espero y deseo que esta sentencia del Tribunal Supremo sirva para que la justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador” afirma Ángela González en el mismo comunicado. La decisión establece la obligación del Estado de cumplir con el dictamen del Comité CEDAW que en el año 2014 condenó a España por no haber protegido a Ángela ni a su hija. 

El Estado español llevaba cuatro años excusándose en la inexistencia de mecanismos que permitieran aplicar los dictámenes internacionales para no tener que cumplir con la condena del Comité CEDAW. Ahora, el Supremo echa por tierra esa postura e indica que en ausencia de un cauce específico en el ordenamiento español que obligue a cumplir los dictámenes internacionales, el procedimiento judicial usado por Ángela ha sido el adecuado para exigir su cumplimiento.

“Esta sentencia supone un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Es una sentencia histórica para Ángela porque por primera vez un tribunal español le da la razón. Pero no solo eso, sino que tiene un impacto muy positivo en nuestra democracia al volver a recordar que el Estado tiene obligación de cumplir con los estándares internacionales y garantizar que se respeten los derechos humanos”, ha valorado la abogada Gema Fernández, de Women’s Link Worldwide.

Según Women’s Link, esta decisión demuestra que el sistema de protección tiene que mejorar. Desde la organización afirman que la indemnización a Ángela es solo el primer paso de una serie de medidas marcadas por el Comité CEDAW que el Estado aún tiene que cumplir para mejorar su respuesta contra la violencia de género.