Renta básica
La renta básica universal como mecanismo para una política criminal de clase

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España como un intento para paliar los efectos más nocivos de la nueva y enésima crisis del capitalismo por llegar, precipitada y acentuada por los efectos de la pandemia mundial en la que estamos sumidos, ha abierto de nuevo la puerta a los debates sobre la necesidad de ir más allá de meras (y mínimas) medidas sociales y asistencialistas e implementar medidas que supongan un verdadero cambio de paradigma, entre las que lleva tiempo debatiéndose la Renta Básica Universal (RBU). Mucho se ha escrito sobre ella. Sobre su viabilidad económica, sobre las experiencias similares precedentes, sobre su idoneidad para profundizar en una política feminista, sobre sus efectos principales para el mercado de trabajo y mucho más. En este texto, sin embargo, se tratará de hacer una pequeña aproximación a la RBU desde una perspectiva de política criminal.

Cabe comenzar así este artículo defendiendo que las formas de entender los fenómenos de desviación delictiva en nuestras sociedades no pueden seguir viéndose atravesadas por las lógicas de pensamiento liberal-burguesas. Al menos si queremos proponer un modelo de política criminal que no responda a los intereses de la clase dominante un primer paso será dejar de pensar y entender el mundo como la clase dominante lo hace.

Así, una premisa de nuestro enfoque supone aceptar que cada delito debe pasar a ser considerado y planteado como un fracaso colectivo, consecuencia inevitable del sistema capitalista, un sistema que empuja a enormes cantidades de nuestra gente a tener que delinquir para poder sobrevivir.

Desde tal perspectiva, como afirman Ferrajoli y Zolo, dos de los mejores criminólogos marxistas de nuestra época, en un texto llamado Marxismo y cuestión criminal y escrito en 1977, la responsabilidad por tales delitos deberá asumirse colectivamente excluyendo “toda perspectiva pedagogista de intervención represiva sobre los particulares infractores como sujetos individualmente responsables” y subrayando la necesidad de una “intervención social sobre las circunstancias, es decir, sobre el ambiente social y sobre las estructuras económicas que condicionan materialmente la libertad de los sujetos”.

Marx es meridianamente claro, aunque muchos personajes posteriores que se dijeron marxistas no parecieron querer entenderle. Impedir el delito para no tener que castigar era y debe ser el objetivo

La necesidad de desprendernos de la forma liberal de comprender los fenómenos delictivos no es nueva, sino que fue señalada ya bastantes años ha. Así, sostenía un jovencísimo Marx ya en 1842, comentando el debate del Parlamento Renano sobre el proyecto de tipificación de la recogida de ramas caídas y leña seca, hasta entonces considerada como un derecho consuetudinario “de pobres”, que “el legislador sabio impedirá el delito para no tener que castigar […] concediéndole una espera positiva de acción”, de tal forma que dicho “legislador sabio” deberá: “Con la mayor benevolencia […] corregir como desorden social lo que sólo con suprema injusticia se podría penar como delito antisocial. De lo contrario, combatiría el impulso social diciendo que combate la forma asocial del mismo”.

Aquí Marx es meridianamente claro, aunque muchos personajes posteriores que se dijeron marxistas no parecieron querer entenderle. Impedir el delito para no tener que castigar era y debe ser el objetivo. Aclárese que donde Marx habla de legislador sabio tendremos que entender nosotros un legislador pendiente de los intereses de la clase trabajadora.

Ferrajoli y Zolo, los dos criminólogos italianos antes citados, sostienen que ya en Marx, una política criminal del movimiento obrero no podría sino identificar “las raíces de la criminalidad, antes que en el carácter antisocial de la conciencia y la voluntad individuales, en el carácter antisocial e ‘inhumano’ de la sociedad capitalista”, de tal forma que cualquier estrategia marxista para combatir la desviación debería girar inevitablemente en torno a la idea de “destruir las raíces antisociales del crimen y dar a cada cual el margen social necesario para exteriorizar de modo esencial su vida”.

Aquí es donde entra en juego la renta básica universal: es difícilmente discutible que esta herramienta supondría en el actual escenario un mecanismo privilegiado para guiar tal estrategia, garantizando unas condiciones materiales de vida mínimas dignas para cualquier miembro de nuestras comunidades, sean asalariados o no, y una esfera de libertad material (o esfera positiva de acción en Marx) en la que la actividad delictiva no fuera en muchas ocasiones la única alternativa o forma de subsistencia.

Así, si entendemos, como lo hace la Criminología Crítica de profunda herencia marxista, que los modernos fenómenos de criminalidad y desviación tienen su origen en “las raíces estructurales, en la precariedad de vida que deriva del nexo trabajo asalariado/medios de subsistencia, del abandono de la fuerza de trabajo a los mecanismos de marginación del mercado y de la consiguiente incertidumbre de la ocupación laboral” en palabras de Ferrajoli y Zolo, no quedaría otra opción que estimar que una efectiva y verdadera política criminal preocupada por los intereses de la clase trabajadora tendría que basarse en instrumentos que generasen profundas transformaciones en la estructura productiva y fueran capaces de asegurar incondicionalmente a todos los ciudadanos garantías sociales de vida y supervivencia. Parece que hoy una renta básica podría ser el mecanismo político a nuestra disposición más efectivo para ello.

Se incide tanto en la idea de incondicionalidad de la renta básica univeral porque uno de sus grandes puntos fuertes supondría “desvincular los derechos sociales del mercado de trabajo”

Se incide tanto en la idea de incondicionalidad porque, como afirma Cesar Rendueles en este artículo ciertamente crítico con la renta básica universal, uno de sus grandes puntos fuertes supondría “desvincular los derechos sociales del mercado de trabajo”. Puede entenderse que la incondicionalidad de la misma constituiría así un gran avance por la posibilidad de incorporar a un estatus pleno de ciudadanía a muchos grupos de personas que aún hoy en nuestro país son tratados material y formalmente como ciudadanos de segunda por las prohibiciones para regularizar su situación y/o su imposibilidad para acceder al mercado legal de trabajo. Ello casaría a la perfección con otro de los puntos centrales para Ferrajoli y Zolo en la consolidación de una política criminal del movimiento obrero, cuyo presupuesto común es “una estrategia que asuma los intereses de las capas marginales y subproletarias como un todo único con los intereses del proletariado, y su defensa como objetivo no accesorio sino central de la lucha política y social” (1977: 83).

Así, la verdadera consolidación de un movimiento de masas que consiguiera trascender las idealizaciones obreristas del pasado, supondría hoy tener en mente sectores sociales totalmente marginados y olvidados en demasiados análisis de clase. En un intento por desarrollar una política criminal del movimiento obrero dejar por el camino estos sectores sería más problemático aún, ya que como sabemos las tasas de criminalidad se concentran cuantitativamente en los sectores más marginales de nuestras comunidades, algunos de ellos inmigrantes, los cuales son despojados de toda oportunidad para regularizar su situación y acceder al mercado legal de trabajo.

Como sostiene la criminóloga y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Málaga Elisa García España en este estudio sobre la relación entre delincuencia e inmigración, “la ausencia de oportunidades estructurales legítimas para los inmigrantes [también para ciertos sectores nacionales, valdría decir] tiene que ver con el contexto legal en el que se desenvuelven, que les coloca barreras difíciles de superar, les resta oportunidades de acceso a logros legítimos y los discrimina”.

De igual manera, la criminóloga estadounidense Kitty Calavita, en este ensayo sobre la criminalización y el castigo económico de los inmigrantes en España afirma que en nuestro país además de marginarse a los inmigrantes por la condición administrativa de ilegalidad a la que muchas veces se ven empujados: “estos inmigrantes están aún más marginados por las políticas que aseguran la contingencia y la precariedad de su estatus legal, sufriendo penalizaciones económicas sustanciosas por su situación de ilegalidad, lo que ocurre con una regularidad predecible”. En este sentido, afirma la criminóloga que “el trato dispensado a los inmigrantes ilegales en España muestra nítidamente la fluidez y las contradicciones que conlleva ser ‘miembro’ de la comunidad. Etiquetados como ilegales, aunque raras veces expulsados, los inmigrantes ilegales son a la vez miembros y no-miembros”.

Vemos así que una renta básica universal acompañada de un proceso de regularización e integración de los sectores de población más marginados en nuestras sociedades podría contribuir a generar oportunidades estructurales legítimas que sirvieran no solo para reducir enormemente las tasas de criminalidad (cabe apuntar que ya bastante bajas en comparativa internacional), sino a desarrollar una política criminal verdaderamente pendiente de los intereses de la clase trabajadora en un sentido amplio. Una medida como esta, que hoy tanto la vieja como la nueva socialdemocracia podrían llegar a abrazar, que podría venderse a las clases medias y acomodadas más reticentes con los derechos sociales universales como una medida para asegurar sus condiciones de seguridad, podría ser un auténtico Caballo de Troya en un momento de correlación de fuerzas muy débil para la clase trabajadora de nuestro país.

Una medida como la renta básica podría venderse a las clases medias y acomodadas más reticentes con los derechos sociales universales como una medida para asegurar sus condiciones de seguridad

Por si fuera poco, y siguiendo con las coordenadas que los criminólogos italianos Ferrajoli y Zolo nos dejaron en su magistral obra Marxismo y cuestión criminal, otra de las grandes tareas de una política criminal del movimiento obrero pasaría por fortalecer “la politización y la activación revolucionaria, la organización política, el crecimiento y la consolidación de la conciencia y la solidaridad de clase” para tratar de superar la disgregación social que en el capitalismo acompaña a los procesos de marginación de la fuerza de trabajo. Sí, aquí la gallina de los huevos de oro. De nuevo, para esta tarea una renta básica universal que librase a nuestra clase de la necesidad de tener que aceptar cualquier puesto de trabajo para subsistir (por malas que fueran sus condiciones de trabajo y nulo tiempo libre que dejase para desarrollar nuestras vidas), podría consolidarse como un gran mecanismo para desarrollar procesos de activación, politización y organización revolucionaria. Aunque aquí, cabe aceptarse, la hipótesis dependería de muchísimos más factores.

Como sostiene Jorge Moruno en este artículo en defensa de la RBU, la potencialidad trasformadora de este mecanismo no se reduce a una mera atenuación de la pobreza, al estilo de una nueva prestación social que viniera a constituir un mero refuerzo del Estado de bienestar pero dejara intacto el resto de la estructura, sino que su verdadera potencialidad residiría “en forjar un derecho de nuevo cuño que, junto con el resto de los derechos de existencia, aumente el margen de libertad individual y colectiva y haga avanzar hacia una época sustentada en lo que podemos llamar derechos incondicionales”.

En este sentido (y por si no fuera suficiente), cabe afirmar que la renta básica universal vendría a poner en cuestión y confrontar una muy determinada forma de entender la libertad. Se trata de la libertad vacía y puramente formal de las democracias burguesas, presentada como una libertad de elección en los diversos ámbitos de nuestra vida (casi siempre en referencia al mercado), que nos dice que somos libre de elegir tal o cual trabajo; somos libre de llevar a cabo tal o cual proyecto de vida; y, por tanto, somos también libres de decidir delinquir o no hacerlo. Frente a esta paupérrima e idealista forma de entender la libertad que deja por el camino tantísimos factores, una renta básica universal e incondicional podría ser capaz de oponer una idea material y real de libertad que contestase que solo teniendo cubiertas y garantizadas incondicionalmente unas condiciones de vida dignas tendríamos realmente “autonomía” para decidir que queremos hacer con nuestras vidas.

Sin caer en prognosis utópicas y determinismos demasiado optimistas, puede plantearse la hipótesis de que garantizar a las amplias mayorías trabajadoras de nuestro país espacios vitales de autonomía mucho más amplios que los actuales y la capacidad de rechazar puestos de trabajo en los que tuviesen que invertir todo su tiempo para subsistir, podría suponer una oportunidad única para relanzar un proyecto democrático y revolucionario que consiguiera trascender las lógicas y dinámicas actuales y llevara los escenarios futuros un paso más allá. La renta básica universal supone hoy una oportunidad inigualable para tratar de equilibrar mínimamente la balanza y reconstituir un proyecto a la ofensiva en defensa de los intereses de la clase trabajadora.

Sin sobredimensionar su naturaleza (ya que como señala Daniel Alabarracín en este artículo sobre el IMV y la renta básica, esta no pone en cuestión las relaciones de producción, no ofrece las condiciones para superar el trabajo asalariado, ni tan siquiera señala el carácter antiautoritario de las empresas en el capitalismo), la renta básica serviría para asegurar unas mejores condiciones de vida a nuestra gente y dotarles de una seguridad material y tiempo disponible que podrían ser muy favorables para articular de nuevo un proyecto revolucionario. Además, como hemos tratado de ver en este artículo, ambos resultados coincidirían con los buscados por parte de una política criminal pendiente de los intereses de la clase trabajadora. Como señalan Ferrajoli y Zolo: “una política criminal socialista debería ser exactamente lo contrario de una política criminal burguesa: una política tendencialmente no represiva sino libertaria, no marginalizadora sino socializante, no terrorista y culpabilizadora sino promocional y, en fin, liberadora”. La renta básica universal socializa, promociona y libera. Tengamos perspectiva y cerremos filas respecto a ella.