Madrid
Madrid inundará las calles el 24 mayo para “poner fin al rentismo y la especulación”

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha vuelto a situar a la vivienda como el primer problema de los españoles en su último sondeo de abril. Una vez más, las encuestas reflejan lo que ya desde hace años -y especialmente desde la caída de la prórroga del Real Decreto 8/2026 de los alquileres- lleva denunciándose en las calles: el “secuestro” del parque inmobiliario, como refieren los sindicatos de inquilinas de todo el Estado, por parte de grandes fondos de inversión y otros entes dedicados a la especulación inmobiliaria, ha convertido el acceso a la vivienda en un bien de lujo.

El hartazgo popular, cada vez más extendido entre un inquilinato precarizado y exhausto, ha sido canalizado este último mes a través de la convocatoria de una manifestación unitaria por la vivienda prevista para el próximo 24 de mayo a las 12.00 en Atocha. Será el arranque oficial de una cadena de acciones sostenidas en las próximas semanas y meses “ante la gravedad de la situación y la inacción constante de las instituciones”, claman. Anunciada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”, en a penas unos días el llamamiento a gozado del apoyo de múltiples colectivos sociales al tratarse de una reclama trasversal a sectores muy dispares entre sí.

“La movilización es muy amplia, se ha convocado con el apoyo de diferentes alianzas con las que también se está trabajando con el foco de que cada una haga la protesta suya: Alicia del Río, Sindicato de Inquilinas

Así lo siente Alicia del Río, portavoz de esta organización: “La movilización es muy amplia, se ha convocado con el apoyo de diferentes alianzas con las que también se está trabajando con el foco de que cada una haga la protesta suya. Desde cada centro de trabajo, de salud, colegio o agrupación se están viviendo las consecuencias de la crisis en las vidas de la gente”, explica. Por este motivo, están trabajando con asociaciones vecinales, plataformas en defensa del sistema público de todos los sectores, sindicatos laborales y numerosos colectivos antirracistas. Algunas participantes específicamente dedicadas a la defensa de la vivienda son la Asamblea de Vivienda de Villalba, el Sindicato de Barrio de San Blas, los Sindicatos de Vivienda de Tetuán y Carabanchel, la Asamblea de Vivienda de Aranjuez, la Organización de Vivienda de Tetuán o la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar.

Del Río, que ha trabajado como maestra en una escuela pública, enfatiza que la vinculación entre la lucha por los derechos de la infancia en las aulas y la vivienda digna están íntimamente conectados: “Las maestras muchas veces ven que no pueden dar su clase bien porque sus niños, si enfrentan procesos de desahucio, padecen un estrés familiar terrible, algunos no saben ni donde van a vivir el mes que viene y todo eso lo somatiza”, puntualiza.

Como refleja el último comunicado del SDI, se dedica de media más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, afirman las activistas a escasos días de la movilización que se prevé multitudinaria.

Según un informe reciente del del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el CSIC, en 14 años los hogares que viven en una vivienda de su propiedad han caído del 79 % al 63,9 %, mientras que los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9 % al 19,2 %, y los hogares que son caseros — que poseen viviendas y las alquilan a otros— casi se han triplicado. “La crisis de la vivienda es también una crisis de desigualdad patrimonial. Los datos muestran que cada vez más hogares quedan excluidos del acceso a la propiedad, mientras una proporción creciente de inmuebles se concentra en manos de quienes ya poseen varias propiedades”, arroja el estudio.

En otras palabras, en España la exclusión residencial va in crescendo - con especial virulencia para las personas en situación de vulnerabilidad-, mientras que una pequeña parte de tenedores atesora la propiedad de la vasta mayoría de inmuebles. Así, la rueda del rentismo continúa desplazando el uso residencial de la vivienda en beneficio de su utilidad como activos rentables a largo plazo. Otra investigación sociológica de la misma autoría subraya que, el 52,8 % de las viviendas alquiladas por particulares pertenecen a multiarrendadores, es decir, propietarios que tienen dos o más viviendas destinadas al alquiler, según datos de la Agencia Tributaria.

Un grito colectivo tras la caída de la prórroga de los alquileres

La agitada actualidad política de esta primavera ha venido marcada por la polémica tumbada en el Congreso de la prórroga de los alquileres el pasado 28 de abril con los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, algo que ha caldeado todavía más si cabe los ánimos entre la población en las últimas semanas. El real decreto, que permitía ampliar hasta dos años los contratos de alquiler con un límite de subida interanual del 2%, se mantuvo vigente durante un mes en el que miles de inquilinos al borde de la finalización contractual pudieron solicitarla mediante burofax hasta llegada su caída definitiva. En su momento, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas emitió un comunicado alegando que este bloqueo legislativo situaba a la derecha como “el brazo político del rentismo”. Pero también alertaba de que “los precios del alquiler en las capitales de provincia del Estado han subido un 60%, mientras los salarios han subido una media de un 20% en los últimos 5 años”.

“Con o sin decreto habríamos salido a las calles”, asegura el Sindicato de Inquilinas, lo cierto es que la inacción del gobierno central y autonómico para paliar la crisis habitacional ha movilizado a las mayorías sociales

Aunque confiesan que “con o sin decreto habríamos salido a las calles” (de hecho, la idea de la convocatoria nació antes de su votación parlamentaria, incluso antes de que se hiciera pública la propuesta), lo cierto es que la inacción del gobierno central y autonómico para paliar la crisis habitacional ha movilizado a las mayorías sociales. El movimiento de vivienda denuncia la falta de reformas estructurales de calado real para poner coto a cuestiones como la actividad especulativa de fondos extranjeros como Blackstone, quien recientemente se hizo con 5.000 pisos originalmente de titularidad pública que podrían haber sido adquiridos por el Estado a través de Casa 47.

El fondo buitre compró definitivamente a su homólogo Brookfield Asset Management las viviendas por 1.050 millones de euros. El Ejecutivo central tampoco han dado señales sobre posibles medidas contra la proliferación de pisos turísticos y de alquiler de temporada, grandes responsables de la gentrificación latente en los barrios del centro madrileño como Lavapiés, Malasaña o Chamberí. Esta y otras muchas decisiones políticas han acrecentado el descrédito popular hacia el Ministerio de Vivienda desde hace meses. “Las políticas del Gobierno central han sido interpretadas casi como un vacile, hemos visto cómo la ministra de vivienda (Isabel Rodríguez) se dedicaba a apelar a la solidaridad de los caseros y luego ofrecer una exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen sus viviendas siguiendo el índice de precios”, alega del Río.

Bajada de los alquileres y políticas ambiciosas contra la compra especulativa

Ante el auge irrisorio de los precios de los alquileres, hoy en máximos históricos, los movimientos de vivienda reclaman, al igual que ya hicieron el pasado 5 de abril durante la primera manifestación estatal de vivienda, medidas profundas y estructurales: Una bajada del 50% de los precios de las rentas mensuales “para paliar la burbuja de precios actual”, la expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre, la recuperación de viviendas vacías para ampliar el parque público y la prohibición de alquileres que supongan un uso no residencial de las viviendas. Asimismo, reclaman contratos indefinidos, que permitan a las inquilinas gozar de estabilidad y tranquilidad, sin subidas anuales, pero también la desarticulación e ilegalización de los grupos de desokupación, que día a día se dedican impunemente a amedrentar a vecinas vulnerables para forzarlas a abandonar sus viviendas sin respetar los tiempos judiciales.

De igual forma, claman por la derogación integral de la Ley Mordaza tal y como lleva años prometiendo el Partido Socialista, ya que a través de ella se reproduce la represión institucional hacia el movimiento de vivienda mediante de multas y acciones policiales contra decenas de activistas pacíficos.

Por su parte, como respuesta a los no pocos requerimientos de la ciudadanía asfixiada con las rentas, el Gobierno ha sacado a la luz un Plan de Vivienda hasta 2030 que ha sido puesto en tela de juicio por los sindicatos. El mismo prevé gastar 7.000 millones de euros para la construcción o adquisición de viviendas en los próximos cinco años, una cifra aparentemente abultada pero que, aseveran las activistas provivienda, no logrará cubrir ni una ínfima parte del déficit de pisos del Estado.

Para las integrantes de PAH Vallekas, “el problema de la vivienda no puede abordarse de forma fragmentada sino que es necesario señalar la raíz del conflicto: las casas convertidas en negocio”, apunta Álex, uno de sus integrantes. En una legislatura que se había autoproclamado “de la vivienda”, “lo único que hemos visto han sido medidas temporales y parches insuficientes que no han cambiado la realidad de fondo”, agrega.

El reguero de desalojos forzosos en los últimos meses da buena cuenta de este fenómeno: la caída de la moratoria antidesahucios el pasado mes de febrero, también a causa del voto en contra de las derechas parlamentarias, terminó de tensar la ya frágil situación de miles de familias en riesgo de desahucio, reactivándose entre 60.000 y 70.000 lanzamientos de familias vulnerables que estaban paralizados. Además, añaden desde esta organización, “muchas familias se han visto obligadas a atravesar procesos burocráticos humillantes para conseguir el llamado “escudo social”, teniendo que demostrar que tienen derecho al “carnet de pobre” y quedando finalmente a expensas de la decisión de un juez”.

El Observatorio Desca pone de manifiesto en su informe El capital no discrimina: la especulación en la vivienda, la alimentación y el trabajo que desde una dimensión colectiva, estos procesos de expulsiones han generado gentrificación de barrios populares, la destrucción de los tejidos vecinales, y la reconversión de viviendas en alquileres de temporada, pisos turísticos o viviendas de lujo. En este sentido, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel recuerda que estos procesos violentos tienen lugar también en los bloques de edificios propiedad del Estado. “La Sareb (conocido como ‘banco malo’), por ejemplo, quiso desahuciar un bloque entero de vecinas cuyo desahucio se pudo evitar gracias al trabajo del sindicato. Además, Sareb a menudo aplica contratos abusivos y cláusulas ilegales a través de sus gestoras”, denuncian.

Esta organización infiere que la precariedad habitacional se deja sentir también en la tipología de los contratos a los que tienen acceso las inquilinas trabajadoras. “Cada vez más vemos contratos de alquiler temporal, o por habitación, que se encuentran fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y además permiten a los caseros expulsarnos más fácilmente, imponer cláusulas abusivas etc…. Hasta el día de hoy, en el sindicato hemos tenido más de una veintena de desahucios en puerta estos últimos meses, sin contar todos los desahucios silenciosos que ocurren antes de llegar a puerta la misma mañana”, sostienen. Tanto el alquiler por habitación como los subarriendos -muchos de ellos ilegales- afectan muy particularmente a las inquilinas migrantes en situación irregular y las exponen a gran cantidad de abusos por parte de sus caseros.

El movimiento de vivienda pone el acento en el racismo inmobiliario

Por este motivo, asegura Assiatou Diallo, portavoz del grupo antirracista del Sindicato de Inquilinas, uno de los ejes centrales de la manifestación del 24 serán las problemáticas concretas de las comunidades migrantes. Aunque la aprobación del Real Decreto de regularización extraordinaria promete facilitar en buen grado el acceso de estas vecinas a contratos dignos, seguirán en pie legislaciones como la Ley de Extranjería que impiden el goce pleno de los derechos de esta comunidad.

En el día a día se concatenan con absoluta impunidad prácticas de racismo inmobiliario y discriminación residencial por origen, a través de las cuales muchas personas migrantes y racializadas se ven sistemáticamente excluidas del mercado residencial. A su vez, muchos caseros se niegan a empadronar a estas arrendatarias, les imponen requisitos inasumibles para disuadirlas de alquilar o les dejan los pisos que están en peores condiciones.

Además, sostiene Diallo, “cuando los barrios se comienzan a gentrificar, la primera colectividad a la que se empieza a expulsar es a la comunidad migrante. Vemos cómo la crisis de la vivienda no hace más que crecer y crecer y sabemos que afecta de manera más violenta a las precarias y vulnerabilizadas porque es lo que nos encontramos semana a semana en nuestras asambleas”.

Esta serie de escollos para poder disfrutar de una vida digna motivaron hace un año la puesta en marcha de una campaña que denuncia precisamente esta intersección entre racismo y exclusión residencial, #elrentismoesracismo. En ella trasladan datos reveladores: en 2020, el 75% de los hogares de extranjeros no comunitarios vivían de alquiler frente al 11.1% de la población española. Un 31% de las personas migrantes sufrieron discriminación en el acceso a la vivienda ese año: a un 17,7% le negaron enseñársela, a un 20,8% no quisieron alquilársela y a un 20,1% le pidieron más requisitos de los habituales.

La resistencia contra un modelo habitacional que ahoga a los hogares y los condena a la fragilidad, los bloques en lucha que han ido floreciendo en los últimos meses se han erigido como “faros” contra el rentismo. Vecinas organizadas en comunidad frente a fondos de inversión internacionales, como las inquilinas de Valverde 42, Tribulete 7 o Gaztambide 37, el último en inaugurarse, están sembrando nuevos horizontes de lucha. “Esos bloques han contribuido a dar un ejemplo y han convertido la desesperanza en acción y en empoderamiento”, celebra del Río.

“La manifestación quiere señalar que otra forma de organizar la vivienda es posible, que no tenemos por qué resignarnos con la situación actual y pedir únicamente medidas de choque”

En esta línea, infiere, “también la manifestación quiere señalar sobre todo que otra forma de organizar la vivienda es posible, que no tenemos por qué resignarnos con la situación actual y pedir únicamente medidas de choque, sino que tenemos que entender que la vivienda se puede organizar de otra manera. Podemos tener una vivienda pública amplia de la que sentirnos orgullosas, en la que todas queramos vivir, como sucede en algunas ciudades europeas, abriendo esos imaginarios a la gente para tener esperanza”, asevera.