Migración
El Defensor del Pueblo contabiliza 470 devoluciones en Melilla durante la tragedia del 24 de junio

La oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por Ángel Gabilondo, ha hecho pública hoy una nota de prensa que corrige las cifras de la Guardia Civil respecto al número de personas que fueron devueltas contraviniendo la legislación internacional en la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Aquel día, en el que murieron 23 personas según los organismos gubernamentales españoles y entre 37 y 72 según las ONG sobre el terreno, las autoridades devolvieron “en caliente” a Marruecos a 470 personas, según el Defensor del Pueblo, que eleva la cifra sobre las 101 devoluciones reconocidas por la Guardia Civil.

El Defensor del Pueblo inició sus actuaciones el 28 de junio tras recibir quejas y requerimientos de los representantes de nueve asociaciones. Aunque la investigación no ha terminado, esta oficina ha evaluado el uso de este tipo de mecanismos —que el Ministerio de Interior denomina rechazos en frontera— y que estos se hicieron “sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”, en referencia a la falta de procesos individualizados necesarios según ley para proceder a este tipo de devolución. Interior ha contestado a la nota de la oficina que dirige Gabilondo sosteniendo que los “rechazos” se hicieron cumpliendo la legalidad.

Además, la oficina del Defensor del Pueblo ha requerido más imágenes al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska para poder “aclarar algunos extremos” de los sucedido en junio. 

Interior ha mostrado su total respaldo a la actuación de la Guardia Civil, de la que el Defensor del Pueblo ha pedido que se erradique “cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de su actuación profesional”.

La institución dirigida por Gabilondo requiere que, para evitar que se repitan tragedias como aquella, se debe aplicar “un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes”.

El futuro dictamen del Defensor del Pueblo no es limitante para que se lleve a cabo una investigación penal sobre los hechos acaecidos en Melilla, como refiere la propia institución, que recuerda que “las conductas o hechos presuntamente delictivos estarían ya siendo analizados por la institución competente para ello”, en relación al Ministerio Fiscal.