Migración
El muro antimigrantes del Puerto de Bilbao que engorda el negocio de la seguridad privada

Turistas cruceristas y navieras cargadas de armas son bien acogidas en el Puerto de Bilbao. Paralelamente, menores migrantes u otras víctimas del tráfico de personas, reciben el nombre de “intrusos”. Para evitar esa “intrusión”, hace un par de años se ordenó construir un muro para repeler las entradas al ferry que les lleve a Inglaterra: 520 metros de longitud y 4 metros de altura, con una verja metálica, que tuvo un coste de 300.000 euros. Ocurrió durante la época en que Asier Atutxa, exdirigente del PNV y ahora socio comercial de PwC en Bilbao, estaba al frente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

El último contrato de lo que se denomina como “servicio de seguridad para las terminales de cruceros” fue adjudicado el 22 de junio de 2022, dos días antes de la tragedia en la frontera Sur, donde murieron 23 personas tratando de llegar a nado a Melilla. La adjudicación, valorada en 675.000 euros, fue a parar a la UTE formada por empresas del grupo Alse y contempla servicios accesorios en la terminal del Puerto de Bilbao.

El Puerto de Bilbao ha adjudicado a Alse, afín al PNV, el servicio de seguridad privada para reforzar el denominado “muro de la vergüenza” antimigrantes

Gracias al muro, Repsol se aprovecha de acuerdos con empresas privadas británicas, como la propia Brittany Ferries, para que reposten en las terminales vascas. Esta misma firma presiona para que exista un mayor control en los puertos del norte de la península. Presiones que se materializan con rapidez.

Hace dos años, la empresa de seguridad Alse también resultó ser la adjudicataria de este servicio que por entonces estaba valorado en 204.000 euros. Desde entonces, realiza labores de “control del pasaje” para “garantizar el funcionamiento del tráfico de pasajeros por las terminales de cruceros en condiciones de seguridad y eficiencia”. 

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España permite la exportación de armas a Arabia Saudí mientras la policía desmantela el campamento de Zierben.

¿Quién es Alse?

Contratada por el propio PNV y el diario Deia, afín al mismo partido, para labores de seguridad, Alse fue proveedora de las armas que utilizaban en sus entrenamientos las primeras promociones de la Ertzaintza.

Asimismo, el presidente de Alse, Gabriel Goiri, estuvo relacionado con el desembarco del PNV en el diario La Gaceta del Norte. “Fontaneros” del PNV, entre ellos el jeltzale Gabriel Goiri, utilizaron fondos reservados de la Ertzaintza para hacerse con el control de las acciones del citado diario.

Entre los años 2013 y 2020, Iñaki Alzaga, presidente de Grupo Noticias (donde se encuentra Deia), fue miembro del consejo de administración de Alse. Algo dentro de lo normal en el PNV en lo que se refiere a sus tejemanejes: crear alarma a través de todas las cabeceras posibles, con líneas editoriales duras y un clima de desinformación y amarillismo para luego hacer dinero con la seguridad. Existe hasta un “Premio Alse” al mejor defensa (“jugador más seguro”) en la gala Deia Kirol Sariak. El último se lo llevó Iñigo Martínez, central del Athletic Club, de la mano del CEO del grupo empresarial.

Sí a los turistas, no a las personas migrantes

El “muro de la vergüenza” trata de transmitir una falsa sensación de inseguridad para aumentar la securitización del Puerto de Bilbao. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad cuando comenzó a construirse, constestó en el Parlamento Vasco cuando que se trata de “una infraestructura crítica, donde el tránsito de personas está prohibido. Hay que asegurar la seguridad de los trabajadores y de las mercancías”.

No le preocupa al Gobierno Vasco la salud e integridad de los calificados como “intrusos” que, subidos a ferrys, intentan pasar a Reino Unido. Tampoco que los migrantes asentados en las zonas de Zierbena y Santurtzi, estén atrapados en la zona y no tengan ninguna garantía jurídica de ningún tipo para continuar con su tránsito hacia Reino Unido. Solo les preocupa el posible impacto económico que puedan causar una supuesta sensación de “inseguridad” que ellos mismos fomentan desde la tribuna y las televisiones. 

En la línea oficial de Tapia, el argumentario de Atutxa como líder del Puerto de Bilbao venía a decir que la terminal era una “infraestructura crítica” y “fundamental” que si no era protegida “sería un drama” para la industria vasca. Atutxa sentenció que “no se trata de una cuestión de refugiados, sino de inmigración legal”.

Así controla el PNV un enclave estatal estratégico como el Puerto de Bilbao

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En torno al ente público se ha ido formando un comité de dirección vinculado con Ajuria Enea: el Presidente y Director son cargos políticos, nombrados por el Gobierno Vasco y el Consejo de Administración del Puerto respectivamente, pero el resto forman parte del Partido Nacionalista Vasco o son familiares de miembros jeltzales.

El grave rol del puerto de Bilbao en la trama de las consultoras

Con la nueva presidencia del Puerto de Bilbao del también peneuvista Ricardo Barkala los derechos humanos siguen muriendo en el muro. El grupo vecinal Zierbena Sarea denunció la hipocresía de la acción institucional: Urkullu apareció “afanoso” y presuntamente preocupado por los rescatados por el mediático Aita Mari, pero en paralelo Barkala avisaba de que iba a hundir “administrativamente” a los polizones que “asedian nuestro puerto”, según comentaba ácidamente Ana Elena Altuna, militante por los derechos humanos. Barkala se refirió a los campamentos de inmigrantes instalados en las inmediaciones del Puerto de Bilbao afirmando que “esa gente se va acumulando, generando conflictos y problemas”.

El “muro de la vergüenza”, entonces, contó con el beneplácito de PNV y PSE-EE (y con la colaboración indispensable del Puerto), pero también de un PP entonces en el Gobierno español. Un parlamentario popular en el Parlamento Vasco en ese momento, Antón Damborenea, llegó a decir, citando, según él, fuentes británicas, que el 95% de las personas que tratan de llegar de forma irregular al Reino Unido desde el Puerto de Bilbao “son albaneses, musulmanes y tienen dinero”. 

Ante la construcción del muro del Puerto de Bilbao, Ongi Etorri Errefuxiatuak denunció un "modelo que dice sí a los turistas y no a las personas migrantes” y que  envía “armamento con destino a países en conflicto”

En la construcción del muro de hormigón participó la constructora Sacyr, de la que fue accionista Imanol Pradales, con cargos en la Diputación Foral de Bizkaia por PNV desde, al menos, 2007. No es de extrañar que, desde su nacimiento hasta su estructura interna actual, el Puerto de Bilbao esté íntimamente ligado al partido conservador. La construcción de la nueva terminal en 2016, situada en la zona de Getxo y con el objetivo de recibir más cruceristas, fue adjudicada a Viuda de Sainz, empresa presidida por el exjuntero del PNV Alex Bidetxea, por 4,6 millones.

La respuesta de Ongi Etorri Errefuxiatuak entonces fue denunciar “el tráfico de armas y el trato a las personas migrantes” en el Puerto de Bilbao. La plataforma se refería a un modelo “que dice sí a los turistas y no a las personas migrantes” y desde el que se envía “armamento con destino a países en conflicto que esquilman la población civil de otros utilizando esas armas”. Poco después, la iniciativa parlamentaria para “garantizar los derechos humanos en el puerto de Bilbao” presentada por Elkarrekin Podemos con respaldo de EH Bildu fue rechazada con los votos en contra del PNV y PSE-EE. 

Alarma artificial

Si PNV, PSE-EE, la Autoridad Portuaria y PP fueron indispensables para llevar a cabo el muro por sus posibilidades políticas, también lo fue todo el relato que precedió al anuncio de la construcción que, ocasionalmente, sigue alimentándose para legitimar nuevas adjudicaciones de miles de euros para una supuesta mayor “seguridad”.

Primero, Brittany Ferries hizo exigencias sobre la “seguridad” de esta zona y amenazó con trasladar la ruta de Bilbao a Santander si no se cumplían. Según documentación a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, la empresa privada llevó a cabo la prisión mediante una carta enviada al Delegado del Gobierno en Euskadi y a Puertos del Estado, este último organismo público del Ministerio de Fomento dio traslado de la misma al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Primero la empresa privada Brittany Ferries exigió “seguridad” y amenazó con usar otra vía, luego las autoridades difundieron cifras infladas sobre migración para alarmar y, finalmente, se externalizó la seguridad en el Puerto de Bilbao

Segundo, las autoridades españolas decidieron filtrar una serie de estadísticas infladas para alarmar a la opinión pública. Según la Delegación del Gobierno, “los intentos de acceder como polizones al ferry que une el Puerto de Bilbao con el Reino Unido” ascendieron a 2.560 casos en 2016 y 3.620 en 2017. El Gobierno español afirmó que se estaban “multiplicando” los “casos de intrusismo en la citada terminal” y terminó contabilizando 7.479 en 2017. Respecto al 2018, el Gobierno español aseguró que de enero a mayo, su número se elevaba a 3.891.

El Sindicato Profesional de Policía, apoyando la causa del muro, afirmó que el Puerto de Bilbao podría convertirse “en un nuevo Calais”, debido al “aumento exponencial de polizones y los campamentos de inmigrantes instalados en las inmediaciones”. Eran tiempos en los que las portadas de los periódicos y los informativos en televisión mostraban el hacinamiento en los campos de refugiados improvisados del territorio francés. El relato funcionaba.

El PNV desmantela el campamento de migrantes junto al puerto de Bilbao

Redacción Hordago

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Personas refugiadas

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Agentes de la Polícia Nacional, la Ertzaintza y las autoridades portuarias han identificado a las personas que se habían instalado allí y algunas han sido trasladadas a la Oficina de Inmigración de Bilbao

Según Puertos del Estado, en Bilbao “se registraron 1.700 intrusiones en 2019”. Estas cifras de intrusiones son engañosas ya que un solo polizón o inmigrante suele acumular muchos intentos. En esta línea de provocar una alarma, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo publicó en 2019 que Melilla, Bilbao y Santander “son los puertos más afectados por la circulación clandestina de personas en las terminales”. La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE) también subía el tono al exigir la adopción de “nuevas medidas normativas y gubernativas para atajar el persistente problema causado por los polizones en el Puerto de Bilbao”.

La alarma generó un efecto dominó en otros puertos, hasta el punto que la solución adoptada en 2020 en el puerto asturiano de El Musel, según la prensa, era “similar a la tomada recientemente por otros puertos del norte”, destacando que “el primero en hacerlo fue el de Bilbao”, coincidiendo “con el desmantelamiento de los campamentos de Calais”. 

Asimismo, en 2022, tras la decisión de Brittany Ferries de trasladar una de sus rutas desde Santander a Bilbao aludiendo de nuevo a la retórica de la seguridad, el Puerto cántabro recurrió a vallas con concertinas para repeler las intrusiones de polizones e inmigrantes. Brittany Ferries, una empresa privada externa, ha reordenado el mapa portuario del norte de la península a golpe de talonario y amenaza.

El Puerto cántabro recurrió a las concertinas para saciar las exigencias de Brittany Ferries, que ha terminado reordenando el mapa portuario del norte de la península

Sin ir más lejos, en 2019, Repsol, dirigida por un expresidente del PNV y exconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, firmó un acuerdo con Brittany Ferries para abastecer en Zierbena a sus buques.

Se da la circunstancia que un subordinado de Josu Jon Imaz en la Consejería de Industria, Jesús María Goiri, por entonces director del Ente Vasco de la Energía (EVE), es hermano del presidente de Alse Seguridad, la empresa de seguridad privada contratada por la Autoridad Portuaria de Bilbao para labores de seguridad en la terminal que utiliza Brittany Ferries.

El impacto de la alarma, multiplicado por el tratamiento sensacionalista de gran parte de los medios de comunicación del Estado español, incluso EiTB, alcanzó a The Times y la BBC. El periódico británico trataba la compleja situación como un espectáculo con titulares como “Los traficantes de inmigrantes intentan abrir una puerta trasera en Reino Unido desde Bilbao”. La cadena de televisión pública, que ha publicado un documental sobre la tragedia sucedida en la valla de Melilla el pasado verano, era más prudente: “Crisis migratoria: ¿Es Bilbao la nueva puerta trasera a Gran Bretaña?”.

Operaciones como el “desmantelamiento” de un “asentamiento ilegal” en el Puerto de Bilbao en julio o la redada en octubre contra una “organización criminal” conectada a la  “Ruta de los Balcanes”, según la prensa, “dedicada a introducir desde Bilbao migrantes como polizones en Reino Unido”, son maniobras que se utilizan para proseguir alarmando con sospechas infundadas. Sospechas que tratan de sostenerse con el intercambio de información con la británica National Crime Agency (NCA).

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