Pobreza energética
Una coalición social pide al Gobierno que convierta en permanente la moratoria de cortes de suministros

El pasado diciembre el Gobierno prorrogó una vez más la prohibición de corte de suministros, una medida necesaria pero de una efectividad limitada, y sobre todo, transitoria. Una plataforma de más de 50 organizaciones sociales y ambientales, sindicatos y ONG ha escrito varias cartas a los Ministerios de Transición Ecológica, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales para dejar claro que la pobreza energética es una realidad no resuelta en el Estado español y solución pasa por convertir en permanente la prohibición de cortes a familias vulnerables. Para evitar los laberintos y errores burocráticos que llevan a que familias en problemas económicos o en situación de vulnerabilidad no estén catalogadas como tales y, por lo tanto, no puedan apelar a esta medida, esta coalición pide que se aplique el principio de precaución.

Este principio, ya implementado en Catalunya tras la ley 24/2015, prohíbe a las empresas suministradoras de agua, gas o luz cortar el suministro sin consultar previamente a los servicios sociales si en ese lugar hay personas en situación de vulnerabilidad. La ley vigente en España obliga a los habitantes de la vivienda probar su vulnerabilidad, algo que no siempre es posible por la complejidad burocrática, la falta de acceso a ayuda legal o diversas precariedades que impiden a las familias más vulnerables completar estos trámites.

Para evitar los laberintos burocráticos esta coalición pide que se aplique el principio de precaución, que obliga a la compañías a consultar con servicios sociales antes de cortar suministros

Las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno con respecto a las personas vulnerables tienen un carácter temporal y reclaman “un marco legal estable que avance en el derecho a la energía”.

Además, estas organizaciones reclaman una ampliación y automatización de la concesión del bono social y la creación de una tarifa social accesible y cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social. También piden que el Gobierno central intervenga en el caso de la Cañada Real, donde llevan sin suministro eléctrico desde hace más de tres años, y que garanticen el acceso a la energía a su población.

Entre las organizaciones firmantes destacan Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ATTAC, CCOO, UGT, CGT, PAH, Ecologistas en Acción, Fridays for Future, Greenpeace, Ingeniería Sin Fronteras, Marea de residencias, Plataforma Cívica por la Luz de Cañada Real o el Sindicato de Inquilinas de Madrid.