Tribuna
No es país para Florencio

No suele suceder que, entre tanta política felona y marrullera, se celebre un acto como el que tuvo lugar el pasado miércoles en Montijo (Badajoz), ya atardecido, organizado por la Plataforma de Pensionistas de este pueblo, en el que contendieron, al estilo de los antiguos mítines de controversia, hoy mesa redonda, Teresa Tortonda y Joaquín Macías, diputada y diputado de la Asamblea de Extremadura, la primera del grupo del Partido Popular y el segundo de Unidas por Extremadura, sobre el tema o asunto “Residencias públicas, una necesidad del siglo XXI”. El grupo socialista también fue invitado, pero ni estuvo ni se le esperaba. El acto fue moderado por Rafael Cruz, miembro de la Plataforma, conocido activista de numerosas causas perdidas y ganadas, pensionista, antes trabajador de la construcción, paseante por las tardes, de amigable conversa, incombustible. 

La Plaza

Abuelos institucionalizados en residencias sin control

María I. Pérez

Residencias de mayores

Abuelos institucionalizados en residencias sin control

María I. Pérez

Hay algo que flaquea mucho y es la falta de control que hay sobre ciertos centros residenciales o pequeñas residencias por parte de organismos públicos, por supuesto de titularidad privada, y que hacen y deshacen a su antojo, haciendo publicidad falsa de su “residencia” en internet sin ningún tipo de pudor y engañando a las familias que depositan su confianza en ellos al hacerles creer que sus familiares quedan en buenas manos.

El auditorio, en la biblioteca municipal, mostraba canas y achaques. En su mayoría lo que la estadística llama la población envejecida, unos y unas ya malviviendo de las escasas retribuciones que les dejó el Estado tras sus años de contribución a lo público, otros en defensa de la voz de quienes no podían estar, familiares que andan diseminados por las residencias públicas de Extremadura, algunos por Quintana de la Serena, Don Benito, Zafra…, a más de cien kilómetros de hijos e hijas que sufren la lejanía de sus padres y madres como un terrible martilleo de la conciencia, el último exilio al que se ven abocados quienes han de ser atendidos por un Estado de Derecho que no garantiza los derechos, por no haber plazas que cubran tales necesidades en la misma localidad de Montijo o, al menos, en alguna de las localidades cercanas. Orden de alejamiento para quienes envejecen sin recursos. 

Una comarca como la de las Vegas Bajas, con 42.000 habitantes, solo cuenta con una residencia de carácter estrictamente público, la Eugenia de Montijo

Se podría verter en esta crónica la intervención de sus señorías en tan esperanzado acto, si acaso la esperanza aún existe para quienes buscan un retiro digno y adecuado, bien atendido. Pero perderíamos el tiempo inmersos en el proceloso mar de las cifras, de los datos, de las estadísticas que da el INSERSO sobre las plazas residenciales en Extremadura, o en la interpretación de tanto desbarajuste en la cuestión de la atención a las personas en situación de dependencia. Joaquín, diputado de Unidas por Extremadura, acertaba en cuanto a que es necesaria una planificación integral, estructural, con los ojos puestos tanto en el presente como en el futuro, lo que venía a corroborar los datos que dio el moderador, Rafa Cruz, erre que erre en la defensa de los derechos de los pensionistas, cuando dijo que en la actualidad una comarca como la de las Vegas Bajas, con 42.000 habitantes, solo cuenta con una residencia de carácter estrictamente público, la Eugenia de Montijo, inaugurada en 1987 y que dispone solo de 28 plazas, todo ello en una comarca donde el 42% de la población es mayor de 50 años, lo cual significa que en apenas 15 años, y si no vuelven a tocar la edad de jubilación, algo que de nuevo se está barruntando, la mitad de esta población será pensionista. 

También es de reconocer el acierto de Teresa Tortonda al señalar que, desde que se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, e incluso desde antes, ya tuvo tiempo el PSOE, dueño y señor de estas tierras, de cambiar las tornas y asegurar una adecuada atención a las personas mayores, sobre todo a las que tienen categoría de dependientes o sufren alguna discapacidad que precisa de apoyo. Su acusación de que las plazas durante mucho tiempo se dieron por cuestiones de amiguismo y caciquismo municipal queda a criterio de la credibilidad de cada cual, sin negar que haberlas… haylas. 

Pero quien rompió el corazón al auditorio fue el mismo auditorio, esa masa desconocida que integra las estadísticas y los censos, que a veces no son más que números para la administración estatal, autonómica o municipal.

Allí, entre paredes de libros que al sueño de la vida hablan despiertos mientras en fuga irrevocable huye la hora, resonó la voz de Joaquín, pensionista, que decía hablar de realidades, no de datos, y contó la historia de su madre, que tiene 93 años, antes residente en Puebla de la Calzada y ahora en una residencia de Don Benito, algo que el gobierno llama “política de cercanías”. Joaquín, que ahora tiene también discapacidad y movilidad reducida, ha de valerse de otros familiares y amigos para ir a ver a su madre, a quien considera una desarraigada, si bien no culpa ni a la derecha ni a la izquierda, pero… ¿qué hace un pensionista que apenas tiene 1000 euros para vivir al mes, de alquiler, y además ha de gastar 20 euros cada vez que va a ver a su madre? ¿Me explica usted, señoría, cómo lo financia? Menos datos, menos cruzar el y tú más… y más derechos. 

La Plataforma de Pensionistas de Badajoz preguntó directamente a la diputada del grupo popular qué se hizo de aquellos 60.000 millones de euros que el gobierno cogió de las pensiones y jamás se devolvieron

También intervino, desde ese vulgo que ha doblado el lomo durante tantos años, José Manuel Rodríguez, de la Plataforma de Pensionistas de Badajoz, quien preguntó directamente a la diputada del grupo popular qué se hizo de aquellos 60.000 millones de euros que el gobierno cogió de las pensiones y jamás se devolvieron. ¿A dónde fueron? La respuesta de la señora diputada fue que había sido invitada para hablar de su tema, que es el de las residencias públicas, y que por tanto se ceñiría a la cuestión por la que había sido invitada. Y punto. 

Pero quien evidenció que más allá de los datos y los cargos están las personas, fue Florencio, que llamó la atención sobre el hecho de que gente como él, quienes trabajaron lo suyo para levantar este país y que ahora esté como está, hayan perdido calidad de vida en los últimos años que les quedan, que pueden ser cuatro, ocho o pocos más, y que tal vez habría que recordarles a los políticos de la supuesta izquierda y de la supuesta derecha (palabras de Florencio), que quienes estaban ahora aquí, en este auditorio, son sus padres y sus madres, y que cuando estén en la Asamblea frente a los números y los micros, lo recuerden así y no escatimen para proteger los derechos de quienes se merecen, por su experiencia de vida, una atención adecuada. El aplauso fue general, no dirigido a Florencio, sino a sus ideas. 

Y esta es la principal conclusión. En un Estado de Derecho no deberían faltar plazas públicas en residencias, sino sobrar. El índice de respeto a los derechos de la ciudadanía se mide por la garantía, protección y el cumplimiento de los derechos de su población más desvalida o desprotegida. La práctica del desarraigo familiar, o la inadecuada atención de las personas residentes, por falta de medios, profesionales o financiación, es señal de que quienes gobiernan tienen otros intereses que no pasan por la salvaguarda de la vida ya olvidada, que no tiene interés para un sistema donde tanto produces, tanto vales. 

Hubo también un rayo de esperanza que se levantó entre el clamor popular de los asistentes a aquella mesa redonda donde se dirimía el derecho a tener cerca a nuestros padres y madres.  El mismo alcalde de Montijo, Javier Cienfuegos, del Partido Popular, apoyó la propuesta hecha desde la vecindad asistente de que es necesaria la unión de los diversos pueblos de la comarca de las Vegas Bajas para que se construya, de una vez por todas, una residencia con suficientes plazas para atender la creciente demanda de Montijo, Lácara, Barbaño y otros pueblos de alrededor, una propuesta para la que la Plataforma de Pensionistas de Montijo lleva ya recogidas más de 1.500 firmas. 

Ojalá muchos y muchas de quienes asistieron a esta mesa redonda lo puedan ver… y disfrutar.