Derecho a la vivienda
Fiscalía pide prisión a un grupo de activistas por intentar detener un desahucio en el Raval

Cuando el dispositivo de la unidad ARRO de LOS Mossos d'Esquadra llegó al número 40 de la calle de la Cera, encontró a unos 60 activistas convocadas por el Sindicato de Vivienda del Raval. El objetivo era evitar que se ejecutara el cuarto intento de desahucio de la familia de Engers Cuevas, que vivía en el piso desde el 2016 después de firmar una hipoteca con Catalunya Banc. La vivienda había pasado a manos de Univness SL, cuyo administrador tiene otras empresas, la mayoría dedicadas al negocio inmobiliario. Aquel 12 de mayo de 2021, el desahucio se ejecutó, cinco personas fueron detenidas, unas 60 identificadas y sancionadas con la Ley Mordaza, y siete encausadas. Las peticiones fiscales por los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia grave, coacciones y lesiones suman un total de doce años de cárcel y 27.000 euros de multa.

Aunque los Mossos d'Esquadra lo tramitaron como un solo atestado, posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 23 lo ha dividido en cuatro causas al considerar que los hechos sucedieron en distintos momentos y lugares en el marco del desahucio. Sobre Engers Cuevas y su hermano pesan las acusaciones de resistencia grave a los agentes de la autoridad —con una petición de 12 meses de multa con cuota diaria de diez euros—, daños —sancionados con dos meses de multa con la misma cuota—, así como atentado contra agente de la autoridad con uso de objeto peligroso —que supondría tres años y nueve meses de cárcel—. Según el atestado policial, ambos lanzaron “trozos de madera, huevos y vidrios” desde el balcón. La policía especifica que algunos de los huevos impactaron en el casco y el chaleco antitrauma del sargento de los Mossos “sin causar lesión” y otros, sobre la cámara policial utilizada para grabar la intervención policial. La policía relata que, cuando accedieron a la vivienda, tuvieron que sacarles por la fuerza y ​​que uno de los acusados ​​golpeó la mano de un agente “que no sufrió lesiones”. En esta causa, la Generalidad de Cataluña comparece como acusación particular y reclama daños por la cámara y atentado.

En otra de las causas, una activista está acusada de propinar una patada a un agente, pero la defensa denuncia que ninguna de las grabaciones o fotografías aportadas a la causa lo demuestra. Por eso le piden un año de cárcel. Asimismo, los Mossos acusan a otra activista de “arrojar un contenedor de basura” contra un agente, unos supuestos hechos que serían constitutivos de un delito de atentado contra agente de la autoridad con uso de medio peligroso y dos delitos leves de lesiones. Entre las diligencias de la Unidad de Investigación del Área Básica Policial Ciutat Vella, además de fotografías y tuits de la convocatoria, hacen alusión a que el sindicato de vivienda en uno de los mensajes en redes utilizó la expresión “declarar la guerra” y adjunta la definición de “guerra” según Wikipedia.

El abogado Eduardo Cáliz atribuye a los Mossos “un relato fantasioso con el único objetivo de desarrollar procesos penales contra los activistas y así sembrar el miedo dentro del movimiento en defensa de la vivienda”

En la cuarta causa, el juzgado ha agrupado acusaciones contra tres activistas que accedieron al vestíbulo de la finca, y además de resistencia grave, las acusan de un delito de coacciones por negarse “de forma reiterada y atemorizante” a dejar salir un vecino residente en la finca. Una de las encausadas, miembro del Sindicato de Vivienda del Raval, relata que si bien es cierto que el vecino quería salir para acudir al médico, en ese momento la elevada concentración de personas frente a la puerta del edificio rodeadas por un cordón policial impedía el paso: “Le explicamos lo que estaba pasando, pero en ningún momento impedimos su paso hacia la calle”.

Para el abogado Eduardo Cáliz, entre todos los expedientes existe un denominador común: “La desproporción y la tergiversación de la realidad” y atribuye a los Mossos “un relato fantasioso con el único objetivo de desarrollar procesos penales contra los activistas y así sembrar el miedo dentro del movimiento en defensa de la vivienda”. En los últimos tres años se han producido una cuarentena de detenciones vinculadas a las protestas por el derecho a la vivienda y se han abierto causas penales así como sanciones por Ley Mordaza, que suman más de 300.000 euros, según el recuento del movimiento. “Una de las cosas que nos empuja a ponernos a trabajar de forma conjunta como movimiento es precisamente la escalada represiva del gobierno contra el movimiento”, explica Max Carbonell, miembro de la Comisión Jurídica del movimiento por el derecho a la vivienda y del Sindicato de Vivienda del Raval. Para Carbonell, continuarán sufriendo la represión “en la medida en que seamos siendo capaces de cuestionar las lógicas de acumulación capitalista”.

Además de lanzar una campaña por redes sociales, el Sindicato de Vivienda del Raval ha convocado una concentración y rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia el próximo viernes 11 de noviembre, a las 9.30h, aprovechando que se celebra una vista de la causa de Engers Cuevas y su hermano.