Aborto
El PP contradice a Vox y recula con las medidas antiabortistas tras la amenaza del Gobierno

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, niega que se vaya a instaurar un nuevo protocolo obligatorio para las mujeres que decidan abortar, mientras Vox insiste en que seguirán adelante con las medidas antiabortistas, que los sanitarios deberán ofrecer.
Juan García-Gallardo Vox Castilla y Leon
García-Gallardo, en el Consejo de Gobierno de 12 de enero de 2023. Foto: Junta de Castilla y León

En la tarde de este domingo, el Gobierno emitía un duro comunicado. El ejecutivo advertía del envío de un requerimiento a la Junta de Castilla y León para frenar el nuevo protocolo que incluye medidas antiabortistas, presentado el pasado jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox). Horas después, Vox y PP han entrado en contradicción: mientras Gallardo mantiene que las medidas entrarán en vigor de manera obligatoria para los sanitarios, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que no se instaurará ningún nuevo protocolo obligatorio.

“El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, alertaban desde la Presidencia del Gobierno, mientras no descartaban, “implementar actuaciones jurídicas adicionales”, si el requerimiento no surtía efecto.

En la mañana de este lunes, García-Gallardo (Vox) insistía en el programa de Ana Rosa de Telecinco que los sanitarios estarían obligados a ofrecer las nuevas medidas a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, que consisten en una derivación a salud mental, así como en la elaboración de una ecografía para escuchar el latido fetal y otra 4D. Para las mujeres embarazadas, aseguraba Gallardo, serían voluntarias.

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Horas más tarde, el presidente de la Junta ofrecía otra versión: negaba que se fuera a desplegar un nuevo protocolo en Castilla y León y hablaba de medidas que “mejoran y modernizan” la atención a las embarazadas. “En ningún caso se modifica la cartera de servicios del Estado, ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo”, aseguraba mientras acusaba al gobierno de politizar el asunto y aprovechaba para lanzar dardos contra la nueva ley del 'solo sí es sí' y la excarcelación de acusados de violación.

“Ofrecer oír el latido fetal, ver una ecografía o recibir atención psicológica suponen una coacción además de la asunción de que las mujeres son personas incapaces que necesitan ser tuteladas”

“Ni el gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales, ni va a utilizar a las mujeres para hacer oposición”, insistía en una declaración institucional ante los medios. “Quiero expresar mi estupefacción por el comportamiento del gobierno”, zanjaba.

Medidas para coaccionar

La reacción en cadena se desataba después de que el pasado jueves, y tras el Consejo de Gobierno, Gallardo soltara una bomba: un nuevo protocolo para frenar el “aumento” de los abortos en la región, que los sanitarios se verían obligados a ofrecer a las embarazadas que optaran por una interrupción del embarazo. Al día siguiente, la Consejería de Sanidad de Castilla y León intentaba matizar las declaraciones, insistiendo en que el nuevo protocolo no sería obligatorio para los profesionales, tal y como ha apuntado este lunes Mañueco.

Asociaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres valoran que las nuevas medidas suponen una “coacción”, “indebida e inaceptable”. “Ofrecer oír el latido fetal, ver una ecografía o recibir atención psicológica suponen una coacción además de la asunción de que las mujeres son personas incapaces que necesitan ser tuteladas. Supone infantilizar y ningunear a las mujeres”, denuncian desde la Federación de Planificación Familiar SEDRA.

Médicas de familia y ginecólogas, consultadas por El Salto, consideran que estos protocolos ponen en peligro el derecho a la autonomía del paciente y también el derecho a la libertad en el ejercicio de la profesión, además de carecer de sentido, desde el punto de vista médico. “Me parece un desperdicio de recursos y una coacción a las mujeres. En las primeras semanas del embarazo la ecografía 4D no ofrece nada. Es de ignorancia total, a las siete semanas el embrión mide un centímetro”, aseguraba la ginecóloga Beatriz Juliá.

“Lo que tiene que hacer esta Consejería es ofertar esta prestación desde los hospitales públicos de la Comunidad como está legislado y proteger de esta manera la salud de todas las mujeres”

“Lo que tiene que hacer esta Consejería es ofertar esta prestación desde los hospitales públicos de la Comunidad como está legislado y proteger de esta manera la salud de todas las mujeres”, declara el Movimiento Feminista de Salamanca, quienes recuerdan que en esta comunidad el aborto sigue siendo una prestación a la que se accede de manera dificultosa, dada las escasez de clínicas autorizadas y la ausencia de la realización de esta práctica en los hospitales públicos.

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marrameew
16/1/2023 21:26

Podríamos alegrarnos de ver a PP y su apéndice discutir por sus mantras, pero que nadie se crea que van a separarse ahora que les han dado los números.

Dicho esto: ¿A nadie más le pasa que ve a este hombre y viaja por unos segundos a los años 80? Me dan ganas de comprarme un reproductor VHS

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