Cárceles
Tres años reconstruyendo la lucha anticarcelaria

Poco o nada se habla en los medios de comunicación de la lucha que desde hace casi tres años se puso en marcha para reclamar que se respeten los derechos humanos dentro las cárceles del Estado español. Y es que, en verano de 2016, un grupo reducido de personas presas comenzó a organizarse para llevar a cabo acciones en defensa de una tabla reivindicativa de doce puntos, donde se analizan una larga serie de situaciones que atentan contra la dignidad y la vida de las personas privadas de libertad. Esta estrategia se parece mucho a la que se llevó a cabo en diferentes cárceles de España a finales de los años 70, en tiempos de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). Estas tablas reivindicativas aparecieron justo en el momento de la transición democrática, y supusieron una verdadera radiografía crítica del sistema penal y penitenciario de aquellos tiempos. Una actitud y una estrategia de resistencia que han tenido continuidad en casi todos los intentos de lucha colectiva que se han producido hasta ahora desde el interior de las cárceles. 40 años después, un grupo de una 30 de personas, dispersas en 15 prisiones diferentes de España, está discutiendo, a partir de un balance crítico del que se ha hecho desde que comenzaron, la convocatoria de una nueva huelga de hambre colectiva para el 1 de mayo —que sería la cuarta, ya que durante el 2018 hicieron tres huelgas similares en los meses de mayo, octubre y diciembre— y plantean, de aquí a entonces, ampliar la tabla reivindicativa y diversificar los medios de lucha y expresión. 

Para entender los motivos y la estrategia de estas personas privadas de libertad hay que mirar un poco atrás. El origen del movimiento está en la creación de la Asociación de Presos en Lucha Activa (ASPRELA), que impulsaron el 2015 personas presas en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera (Madrid). Dos de estas personas habían estado recientemente en la calle —uno habiendo cumplido condena y el otro huido—, donde empezaron a relacionarse con un pequeño pero activo grupo de apoyo que se había formado en Madrid de manera autónoma —dentro del Sindicato de Oficios Varios de la CNT—, y que les había apoyado cuando estaban en prisión. Ambos se integraron en este grupo, sumándose a sus actividades y participando en charlas, programas de radio y algún vídeo en internet, para denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que habían sido víctimas o testigos mientras habían estado privados de libertad, especialmente los malos tratos y las muertes en prisión de Navalcarnero, a la que calificaron públicamente de “centro de exterminio”.

En 2016, un grupo de personas presas se comenzó a organizar, recuperando el modelo de los años 70 de la COPEL

Muy pronto volvieron a la cárcel —juntos— acusados de una larga serie de delitos. Y fueron encarcelados, precisamente, en el centro penitenciario de Navalcarnero, donde rápidamente fueron a parar al régimen especial de castigo. La propuesta de crear la organización ASPRELA fue su manera de afrontar la terrible presión a la que estaban sometidos después de volver a estar privados de libertad. Bajo estas siglas hicieron algunas huelgas de hambre y denunciaron, por ejemplo,
la situación de varios presos con enfermedades graves que deberían ser excarcelados según la Ley orgánica General Penitenciaria (LOGP). Consiguieron la colaboración de unos cuantos reclusos en régimen de aislamiento, nombraron un coordinador y varios encargados de zona, redactaron unos estatutos y una mesa reivindicativa, y elaboraron un calendario de acciones.

Después de un intenso debate entre algunas personas presas y los grupos de apoyo de Madrid y Valencia sobre la estrategia a seguir, se comunicó a los coordinadores de ASPRELA que en su propuesta estaba todo decidido de antemano, que era demasiado “vanguardista y jerárquica”. Del diálogo inicial que desencadenaron estas críticas se pasó a la propuesta actual. En verano de 2016 comenzaron a difundir una síntesis de textos que integraban los resultados del debate anterior y por primera vez incluían los doce puntos de la tabla reivindicativa actual. Se proponía también hacer uno o dos ayunos mensuales de un día, como símbolo de participación activa, y denunciar todo tipo de vulneraciones que vivieron o presenciaron las personas presas dentro de los centros penitenciarios. También pedían la colaboración de presas, pero sobre todo de gente de la calle con sensibilidad anticarcerlária, ya que las presas tenían graves dificultades para sostener esta especie de asamblea permanente a distancia que se estaba proponiendo, dadas las condiciones de atomización y incomunicación impuestas por la administración carcelaria con el objetivo de prevenir e impedir cualquier intento de lucha colectiva en los centros penitenciarios.

La COPEL como referente

Si miramos un poco más atrás, la autoridad carcelaria está bien escarmentada desde los tiempos de la COPEL. Esta coordinadora consiguió —luchando por la extensión de la amnistía a los presos y las presas sociales en 1977— formar una comunidad de lucha en la que llegaron a participar miles de personas presas y que obtuvo un eco solidario y de apoyo muy notable en las calles. Y es que la lucha del movimiento anticarcelario en las últimas décadas, aunque no esta muy visibilizada en los medios, ha sido intensa y extensa.

Se quiere crear una red que haga posible el diálogo, la decisión y la acción comunes entre personas y grupo, dentro y fuera de las prisiones

Un punto de inflexión fue la querella contra las torturas en Herrera de la Mancha, denunciando desde de dentro y desde fuera la grave represión contra el último episodio de organización de la comunidad reclusa: la lucha los preventivos de 1981 a 1983, con la que se logró la excarcelación de 7.000 personas. Del 1983 al 1992, los presos fuguistas insistieron una y otra vez en planes de evasión “a las bravas” en los que se apoderaban de los módulos de castigo e, incluso, de prisiones enteras, tomando a los miembros del funcionariado carcelario como rehenes para facilitar la fuga y, cuando no se conseguia, utilizarlos para forzar la publicación del listado de reivindicaciones en las que denunciaban, como se hace ahora, la acumulación de abusos que estaban sufriendo. Y, más recientemente, las vicisitudes del embate contra el régimen FIES —Fichero de internos de especial seguimiento—, ambicioso intento de crear de nuevo una comunidad de lucha anticarcelária basada en la defensa de una serie de reivindicaciones, resumidas en las célebres cuatro: ni FIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión, y un límite de cumplimiento de veinte años.

Se trataba de afrontar la situación de facto creada por la aplicación de una serie de medidas por parte de España que tenían como objetivo que no se pudieran volver a plantear desafíos desde dentro de los centros penitenciarios: el aumento de la impunidad del funcionariado —incluso dando cobertura legal a la tortura y los maltratos-, la aplicación del régimen especial de castigo, el control cada vez más intenso y tecnificado, la arbitrariedad en los traslados, la construcción de macroprisiones, la falta de transparencia estadística y la tergiversación mediática de lo que sucede dentro los penales, y un largo etcétera. Todo este contexto hacía necesaria la contribución de gente desde fuera de los muros si se quería restaurar ese espacio de lucha. Porque las personas presas puedan reflexionar colectivamente,
dialogar y decidir sobre sus necesidades y problemas, sus objetivos y los medios para conseguirlos, es necesario que todo lo que digan llegue con la mayor fluidez posible a todas las personas que participan en la propuesta. Para que sus denuncias, reivindicaciones y acciones tengan resonancia en la calle, hacen falta personas y herramientas de comunicación que las difundan, solidaridad y coordinación dentro-fuera en la movilización y en la acción. Y también es indispensable que quienes están dentro de los muros se enteren de lo que se hace fuera. Esto sería, en principio, el espacio de lucha: una red de comunicación que haga posible el diálogo, la decisión y la acción comunes entre todas las personas y grupos participantes, dentro y fuera de las cárceles.

Y eso es lo que se quiere crear con la actual propuesta, que comenzó a andar en el verano de 2016. Desde entonces hasta los primeros meses de 2018, entre 20 y 30 personas presas hicieron ayunos —al menos los días 1 y 15 de cada mes— y enviaron escritos al Congreso, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Defensor del Pueblo. Quien no podía o no quería ayunar, por su estado de salud o por otros motivos, se limitaba a enviar los escritos. También se publicó una lista actualizada con los nombres y las direcciones de las personas presas que participaban en la protesta. Se iniciaron huelgas de hambre colectivas, con participación de una decena de personas presas, en solidaridad con el grupo de apoyo gallego Nais Contra A Impunidade, quince miembros del cual fueron sancionadas —madres, tías, primas y otros familiares y amistades— por participar en una concentración por la muerte del hijo de una de ellas frente al cuartel de la Guardia Civil de Arteixo (A Coruña). O con “los tres de Lleida”, condenados por su participación en los actos de apoyo a un preso que denunció malos tratos por parte de los funcionarios de prisión. Asimismo, se comenzaron a coordinar y realizar numerosas huelgas de hambre individuales o de pequeños grupos, y otros actos reivindicativos —como las huelgas de patio y de silencio, escritos firmados colectivamente, autolesiones o incendios de celdas— para protestar contra los malos tratos y las torturas, reivindicar excarcelaciones por enfermedad o traslados más cerca de la familia, denunciar la explotación laboral y otros abusos.

Los presos y presas en lucha han decidido convocar una nueva huelga de hambre y movilización que iniciarán el 1 de mayo

Mientras esto ocurría, el apoyo en la calle era más bien escaso, aunque no faltaron algunas actividades de difusión y visibilización de lo que sucedía dentro, así como un par de intentos de coordinación, aunque fracasados, por parte de algunos grupos de apoyo.

Cambio de estrategia

Ante la dispersión y el desperdicio de esfuerzos que las personas presas apreciaban en este modelo de resistencia, a partir de febrero de 2018 algunos presos en lucha propusieron para el 1 de mayo una huelga de hambre colectiva —de un máximo de quince días— que debía servir para coordinar las acciones de la gente dentro, lanzando una llamada unificada a las personas y grupos que desde fuera quisieran darles apoyo.

La idea era actuar todas a una y de forma coordinada. Desde antes de empezar, la convocatoria de huelga a la que se habían adherido una treintena de personas presas tuvo eco en la calle mediante la difusión en radios libres, internet, charlas, jornadas, carteles, panfletos, folletos y otras publicaciones impresas, en al menos nueve ciudades, con concentraciones y acciones de calle en tres de ellas.

Enseguida se propusieron nuevas convocatorias, para octubre y diciembre, buscando desde el principio establecer una comunicación con cualquier organización abolicionista y defensora de los derechos humanos con la que se pudiera tejer alianzas. En esta primera convocatoria se hizo especial incidencia en la catástrofe médico-sanitaria que se vive en las cárceles, asumiendo el decálogo de la sanidad penitenciaria propuesto por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). A partir de septiembre de 2018, la propuesta fue presentada en numerosos actos públicos, y hasta finales de diciembre se sucedieron ininterrumpidamente una gran cantidad de marchas, concentraciones y acciones de apoyo a los presos y presas en lucha en las calles de diferentes ciudades de España.

Así, se puede decir que, con toda esta actividad, se ha generado una corriente anticarcelaria en la que se han coordinado grupos autónomos y libertarios, familias autoorganizadas, juristas, asociaciones abolicionistas, personas individuales y algunos medios de comunicación. Una pluralidad de fuerzas que han logrado cierto eco, animando y ampliando considerablemente el campo anticarcelario.
Conscientes de ello, los presos y las presas en lucha han decidido convocar una nueva propuesta de huelga de hambre y movilización conjunta que iniciarán el 1 de mayo, con tiempo suficiente para que se vayan articulando los acuerdos y proyectos colectivos que han surgido en estos últimos meses.

Mientras tanto, entre la gente presa, se ha reiniciado, sin abandonar los ayunos mensuales, el debate sobre su propia propuesta, que se está desarrollando en dos sentidos. Primero, con el añadido de dos nuevas reivindicaciones, una que se refiere a la limitación del máximo de cumplimiento de penas —en contra de las diversas formas de cadena perpetua encubierta y el endurecimiento punitivo— y una otra que apunta a la indefensión jurídica que sufren estructuralmente las personas presas en el actual sistema punitivo. Al mismo tiempo proponen ampliar el envío de escritos a organismos europeos y globales de prevención y denuncia de la tortura y defensa de los derechos humanos.

Mientras se reflexiona, la lucha se mantiene: con la huelga de hambre y sed de la presa con enfermedad grave Carmen Badía Lachos, la campaña por la libertad del preso murciano Antonio Nieto Galindo —en prisión desde hace más de 40 años— y la visibilización de otros casos, tanto de personas con enfermedad muy grave que deberían ser excarceladas —como Francisco Chamorro, Belén Vázquez Campillo o Pedro Escudero Gallardo— como de cadena perpetua encubierta —como Enrique del Valle González.