Amazonía
Pablo Fajardo: “Sacrificaron la Amazonía y la vida de la gente por racismo y por la ganancia económica”

Pablo Fajardo nació en la costa de Ecuador en 1972. A los 14 años llegó a la provincia de Sucumbíos en la Amazonía. Trabajó cuatro años en Texaco, hoy Chevron, mientras estudiaba derecho por las noches. La empresa que entre 1964 y 1992 dejó unas 500.000 hectáreas contaminadas en el territorio. La extracción de petróleo provocó deforestación, contaminación masiva de las aguas con sustancias tóxicas y metales pesados, un aumento exponencial de los casos de cáncer y enfermedades relacionadas con la contaminación, malnutrición y desplazamientos forzosos.

En 1993 se presentó la demanda contra Chevron en el Estado de Nueva York y en 1997 se ratificó el acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Este último ha permitido a la multinacional demandar al Estado de Ecuador ante un tribunal de arbitraje de inversiones y obtener un laudo favorable. En 2011, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) consiguió que Chevron fuera condenada a pagar 9.500 millones de dólares. Esto nunca sucedió porque la multinacional repatrió antes todos los bienes y activos que tenía en el país. 

Fajardo es abogado de la UDAPT y ha viajado en diciembre a Europa con motivo de las conversaciones del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos que se organizan en Ginebra cada año, para la negociación de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos. Con orgullo reconoce que no fue un abogado recién llegado de la ciudad: “Yo soy de la selva y me botaron de Chevron por no callarme”. 

En 31 años de litigio, ¿cuánto ha pagado Chevron hasta la fecha?
Ni un centavo. Además, hay un dato interesante que es la deuda que tendría el Ecuador con Chevron. Recordemos que en el arbitraje internacional, planteado por Chevron en contra de Ecuador, lo ganó la compañía. Pese a que es ilegal e inconstitucional, los árbitros le ordenan al Estado ecuatoriano que impida que nuestra sentencia de 2011 sea ejecutada. La vida de los pueblos indígenas que han muerto con cáncer no valen. Vale la imagen de la petrolera. El gobierno del señor Guillermo Lasso y hoy el señor Daniel Noboa, lo que han hecho es tratar de reservar 2.000 millones de dólares para pagarle a Chevron. 

El gobierno de Ecuador, también en cumplimiento del laudo arbitral, empezó a perseguirnos y buscar la forma de encarcelarnos

El 30 de agosto de 2018, se dictó el laudo del Tribunal arbitral del Caso Chevron contra Ecuador, conocido como Chevron III, ¿qué implicó?
Es inconstitucional e ilegal. Sin embargo, los gobiernos de Ecuador han ido tratando de cumplir con el laudo arbitral y dar la espalda a la gente de la Amazonía Ecuatoriana. Buscan la forma de complacer a Chevron, incluso yéndose por encima del marco constitucional de la República. Es una dualidad entre los derechos humanos de los pueblos indígenas y el derecho corporativo basado en los tratados de inversión o de libre comercio. Otro hecho importante que ha ocurrido es que el gobierno de Ecuador, también en cumplimiento del laudo arbitral, empezó a perseguirnos y buscar la forma de encarcelarnos. Por ese motivo, desde la UDAPT, hace dos años, planteamos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que le pedimos que emita una decisión sobre qué prevalece: un laudo arbitral que tiene validez jurídica, aunque rompa el marco constitucional, o una sentencia que protege los derechos humanos. Se acaba de notificar al Estado ecuatoriano hace recién dos semanas. 

Los estados terminan claudicando ante los tratados de libre comercio y de inversiones, que incluyen cláusulas arbitrales que protegen a las corporaciones y no a sus pueblos

¿Cuál sería el efecto de esta demanda?
Si logramos que la CIDH emita una decisión favorable a los derechos humanos y al derecho ambiental de los pueblos originarios frente al derecho económico, sería un gran precedente para los pueblos del mundo. Porque hay que entender que el tema del arbitraje no es únicamente el caso ecuatoriano. Decenas de países, más que todo del sur global, tienen estos arbitrajes en contra de los derechos humanos. Los estados terminan claudicando ante los tratados de libre comercio y de inversiones, que incluyen cláusulas arbitrales que protegen a las corporaciones y no a sus pueblos. 

¿Qué ha hecho el gobierno de Noboa durante estos años para que se cumpla con la reparación?
El gobierno de Noboa es una secuencia del gobierno de Lasso. Hoy hay un desmantelamiento brutal del sistema de las instituciones ecuatorianas. Por eso nos hemos obligado a recurrir a cortes extranjeras como la CIDH. Porque el gobierno procura hacer todo lo contrario de lo que manda el marco legal. Un ejemplo claro fue el 21 de abril de 2024, cuando el presidente planteó eliminar el artículo 422 de nuestra Constitución, que prohíbe los arbitrajes internacionales porque restan soberanía al Estado y varios elementos más. Pero lo impedimos.

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Los mayores sucesos en nuestra memoria colectiva pasan por los levantamientos indígenas, el derrocamiento de presidentes y los terremotos. Y solo en los sismos solíamos contar muertos.

Chevron vertió más de 60.000 millones de agua tóxica a los ríos de la Amazonia, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de caminos, construyó más de 1.000 fosas para tirar los vertidos. ¿Se puede hablar de accidente ambiental? 
No. Esta es una operación sistemática de Chevron. La empresa construyó, según la Corte de Sucumbíos, 880 fosas en plena selva, cada una de ellas era más o menos del tamaño de una piscina olímpica. Las construía lo más cercano posible a un río colocando un tubo para que todo el desecho se vertiera ahí. Cada tres meses mandaban un tanque gigantesco lleno de petróleo que abría la válvula trasera y mientras avanzaba iba regando la vía. Todo lo hacían para incrementar la ganancia económica de la empresa, porque a mayor toma de prevención de daños ambientales el coste económico también es mayor.

¿Qué más implicaciones tuvieron esos hechos?
El segundo hecho importante acá fue la actitud racista de la empresa. En el juicio los abogados de la compañía dijeron varias veces que la Amazonía en su conjunto es un área de extracción de recursos petroleros, no para que vivan seres humanos. Esto quiere decir que los pueblos indígenas que han vivido ahí milenariamente no son humanos. Si ese daño hubiese ocurrido en Estados Unidos, hace rato lo hubiesen parado o quizás no lo hubiesen cometido. Sacrificaron la Amazonía y la vida de la gente por una cuestión racista y por la ganancia económica. Justo la semana pasada hubo otra sentencia, sobre el caso Furukawa, la empresa japonesa que estuvo durante 50 años perpetrando esclavitud moderna contra las poblaciones afro, en una hacienda de cultivo de abacá. 

¿Cuál es la situación a día de hoy en las zonas afectadas de la Amazonía?
El daño causado por Chevron se mantiene hasta la actualidad. Hay que entender que los productos tóxicos no son degradables, son acumulables y se mantienen allí en el suelo o en el sedimento de los ríos hasta que no se retiren. Recién hicimos un estudio de los casos de cáncer y encontramos que en los últimos cuatro años sólo en una pequeña área hay 531 casos, obviamente hay muchísimos casos más que aún no documentamos. 

¿Qué hace el Estado ecuatoriano ante estos hechos?
Lamentablemente el Estado no tiene datos oficiales porque les obligaría a un cambio en la política pública de salud y de ambiente. Por eso prefiere no tener datos. En este estudio también encontramos que de cada 100 casos de cáncer el 73,8% son mujeres y el otro 26,2% son hombres. Las mujeres son las principales víctimas de esta violencia del Estado y de las empresas porque están más en contacto con el agua. Por ejemplo, en las zonas rurales, donde la lavadora no existe todavía en muchos casos, la gente lava su ropa en el río. Es la mujer la que lo hace. 

El 5 de octubre de 2024, durante una asamblea asesinaron a tres líderes comunitarios en otra comunidad que resiste y lucha contra la empresa canadiense Gran Tierra Energy Inc

En la zona también se practica la quema de gas en los mecheros petroleros (Gas Flaring System), que consiste en la extracción de hidrocarburos quemando los gases residuales. ¿Cuáles son las consecuencias?
En un estudio hemos demostrado que las familias que están ubicadas más cerca de las instalaciones petroleras son más propensas a enfermar de cáncer. El agua subterránea la contaminan con la cuestión petrolera, porque hacen la reinyección del agua de formación con agua hipertóxica. El agua de los ríos la contaminan con los derrames de petróleo y los vertidos de agua tóxica. El agua de la lluvia es lo único que nos queda y resulta que también la contaminan con los mecheros. No nos queda una fuente limpia. 

¿Qué puede hacerse?
El estado ecuatoriano debe eliminar esos mecheros y aprovechar ese gas que se quema. Hay una sentencia de un grupo de nueve niñas de Sucumbíos y Orellana que ganamos. Soy abogado de ese caso también. Le ordenamos al Estado que elimine esos mecheros, pero el señor Noboa no quiere cumplir con la sentencia. Hoy el Ecuador está en una crisis energética brutal. Hay un déficit energético de más o menos 1.000 megavatios al día. Si aprovechase el gas de estos mecheros, tendríamos por lo menos de 400 o 500 megavatios al día de energía. Pero no lo quieren hacer. No lo hacen porque hay empresas que se benefician de la importación del gas y del transporte de combustible.

¿Qué tipo de presiones recibís por defender los derechos ambientales en el territorio?
Una campaña mediática brutal de difamación en contra nuestra. En la zona de mi región, el periódico Oriente está totalmente financiado por Chevron para difundir sus mentiras. Las amenazas judiciales también continúan. Hace dos años mataron a Eduardo Mendúa que era un compañero de la UDAPT y líder indígena del pueblo Kofán. Se enfrentaba contra una empresa petrolera en un territorio de su comunidad. Su esposa, que también trabaja en la UDAPT, ha sido amenazada fuertemente en los últimos meses. Tiene que esconderse porque la quieren matar. El 5 de octubre de 2024, durante una asamblea asesinaron a tres líderes comunitarios en otra comunidad que resiste y lucha contra la empresa canadiense Gran Tierra Energy Inc.

El caso Chevron es uno de los casos que mejor refleja la realidad de la impunidad corporativa global

¿Cuál es la reparación de todo lo que ha hecho Chevron hasta ahora?
La reparación tiene que ver con varios asuntos importantes que están en la sentencia afortunadamente, pero hay muchos daños que son irreparables. Por ejemplo, hay culturas indígenas que se extinguieron como los pueblos Tetete y Sansahuari. Hay otros que están seriamente afectados como los Sionas, que están a borde de la extinción. Hay cientos de compañeros y compañeras demandantes del caso que ya han fallecido y han muerto muchos de cáncer. Esto es irreparable. Aún así hay que crear política pública real que permita que los pueblos que todavía resisten recuperen sus tradiciones ancestrales. Y se requiere un trabajo de inversión de educación muy grande.

¿Y con respecto al territorio?
Desde un sentido ambiental, creemos que eliminando la fuente de contaminación la naturaleza se podrá regenerar poco a poco. La reparación está en descontaminar los ríos. Tiene que cambiar la estructura petrolera para evitar más desafíos ambientales. Luego está la parte de salud. No decimos pagar por cada víctima de cáncer, sino generar una política pública real con esos recursos económicos, para prevenir más casos de cáncer. Es un problema que tenemos en la Amazonía, no hay ni una sola casa de salud pública que diagnostique los casos de cáncer a tiempo. Los pacientes viajan de ocho a quince horas para llegar a un hospital. 

Viajas a Ginebra estos días para reunirte con el grupo de trabajo para la negociación de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos. ¿Cuál es el legado internacional que deja el caso Chevron?
El caso Chevron es uno de los casos que mejor refleja la realidad de la impunidad corporativa global. He recorrido el mundo entero y todas las cortes de justicia posibles buscando acceso a la justicia y reparación, y nos encontramos en todas partes que las empresas tienen derechos, pero no tienen obligaciones, incluso tienen su propio sistema de justicia que es un sistema de arbitraje internacional. No hay una sola corte en el mundo que permita juzgar a una empresa transnacional cuando vulnera los derechos humanos, como el caso de Chevron. Es evidente que se necesita un instrumento jurídico vinculante. Voy a Ginebra para demostrarlo, pero hay un sistema corporativo y estatal de los gobiernos que lo están obstaculizando e impidiendo, por eso hemos avanzado muy poco hasta ahora. 

¿Por qué?
No creo en la justicia como está diseñada ahora, es un sistema perverso que excluye a los pueblos. Pero aún así queremos luchar con dignidad dentro del sistema, hay que cambiarlo. Esos cambios no vienen de líderes ni gobiernos, vienen de la masa social. Por eso trabajamos desde los pueblos. Creemos que es posible hacerlo y estamos aquí después de 31 años, ya con muchas canas en mi cabeza, pero creo que es posible. Hasta ahora hemos conseguido muchísimo. Los casos Mecheros y Chevron eran invisibles. La gente lo sufría y moría en silencio. Ahora esta discusión ha ido más allá de nuestra frontera.