Argentina
Condenan a exdirectivos de Ford por complicidad con la dictadura argentina

Exactamente 35 años y dos días de democracia ha tardado la Justicia Argentina en condenar la connivencia entre el poder económico y la dictadura militar que asoló el país entre 1976 y 1983. La sentencia contra dos exdirectivos de la multinacional estadounidense Ford es la primera que recae contra este sector hasta ahora impune, que sostuvo y propició, en muchos casos con una participación directa, el terrorismo de Estado que dejó 30.000 desaparecidos. “Lo imposible solo tarda un poco más”, dicen en la Agrupación Hijos de Desaparecidos (Hijos). Pero llega.

El Tribunal Oral Federal nº1 de San Martín, en Buenos Aires, condenó al entonces jefe de manufactura, Pedro Müller, y al responsable de seguridad de la planta que la automotriz tenía en la localidad de General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, a 10 y 12 años de cárcel respectivamente por delitos de lesa humanidad cometidos dentro de la misma fábrica. La sentencia incluye al represor Santiago Riveros, que deberá cumplir 15 años de prisión.

La condena los considera partícipes necesarios de los secuestros, detenciones ilegales y tormentos agravados que sufrieron 24 trabajadores de su plantilla, culpables de señalar a aquellos que debían ser perseguidos, y por permitir la instalación y funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la propia fábrica.

Ya hay centenares de militares y policías imputados y cumpliendo penas de prisión, también representantes de la Iglesia, como el cura Christian Von Wernich. La condena a los exdirectivos de la multinacional Ford cierra el círculo y abre nuevas expectativas respecto a otras causas en las que están imputadas las personas responsables de empresas en las que la persecución política contra los trabajadores y trabajadoras se utilizó como arma de contención de la protesta social y laboral.

Según uno de los abogados, esta condena es un primer paso, pero su próximo objetivo “es la sociedad Ford, que sea la empresa la que rinda cuentas”

Como aclaró uno de los abogados de las víctimas, Tomás Ojea Quintana, este es un primer paso en que se ha condenado a personas, a individuos que ocupaban puestos de relevancia en la empresa, pero su próximo objetivo “es la sociedad Ford, que sea la empresa la que rinda cuentas”.

Hasta el momento en Argentina solo había un antecedente en que la Justicia avanzara contra la responsabilidad empresarial en el genocidio de Estado. Una causa por la que en marzo de 2016 se condenó a 12 años de cárcel al dueño de la empresa de autobuses La Veloz del Norte, Marcos Levin, pero el juicio fue anulado por la Cámara de Casación Penal. Hace apenas dos meses, en septiembre de 2018, la Corte Suprema ha ordenado reabrir la causa.

Un símbolo

Pocas marcas como Ford tienen una vinculación tan fuerte con la dictadura. En casi todos los relatos de los llamados “años de plomo” e incluso en el libro Nunca Más, editado por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), siempre aparecen los coches de esta marca en el recuerdo nítido de las víctimas.

En Argentina decir Ford Falcon es decir Dictadura Militar. El color verde oliva de todas las unidades, chirrido de las ruedas y el olor a neumático quemado al salir disparados tras un secuestro, el ruido del motor en una esquina esperando un objetivo. Los golpes en los asientos traseros, el encierro en el baúl posterior.

Falcon fue el modelo de la multinacional estadounidense que los militares eligieron como medio de desplazamiento para sus “grupos de tareas”, las unidades policiales y militares dedicadas al secuestro en las calles de todo el país.

Ford facilitó a los militares listas con los nombres del personal considerado sedicioso y de delegados sindicales

Solo en los primeros dos años de dictadura, entre marzo de 1976 y 1978, el Gobierno argentino —por entonces bajo las órdenes del dictador Jorge Rafael Videla— encargó la compra de 269 coches del modelo Falcon. A la par de un gran socio comercial, Ford se convertía en un cómplice de los años más negros del pasado reciente de Argentina.

El juicio por el secuestro y torturas de 24 trabajadores de la planta de General Pacheco ha demostrado que la misma empresa habría facilitado a los militares listas con los nombres del personal considerado sedicioso, pero muy especialmente de aquellos delegados sindicales que encabezaban los reclamos laborales de mejoras salariales y condiciones de trabajo.

En una época en que el tejido organizativo en las clases trabajadoras mostraba un músculo inusual, ésta metodología era la más común en las fábricas del país. Y no fueron pocas las empresas, de todos los rubros —también periodísticas— que notificaban a sus plantillas que si mantenían las demandas sindicales y laborales su situación podía complicarse. Amenazas veladas que se convertían en secuestros y torturas, en muerte o desaparición de quienes osaban seguir el camino de la lucha y las reivindicaciones.