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Brasil: golpe de estado institucional a manera de destitución

En Brasil, la oligarquía ha conseguido destituir a la presidenta en funciones, Dilma Rousseff,  mediante un golpe de estado institucional, y colocar en el poder a su vicepresidente, el muy reaccionario Michel Temer, sin pasar por las urnas. Convertido en el presidente interino más  impopular de la historia de Brasil, vino el momento de olvidar estas contrariedades y de hacer hablar a las urnas... para legitimar lo ilegítimo: el ascenso progresivo a partir del 2015 de un  régimen autoritario acompañado de un resurgimiento del papel político de los militares tras un golpe de Estado parlamentario.

Para comprender adecuadamente el contexto en el cual se desarrolla la elección de octubre de  2018 que lleva al candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, a la presidencia de la  República por el Partido Social Liberal (PSL), se impone una vuelta atrás.

Procedimiento de destitución ilegítimo y golpe de Estado parlamentario

Un procedimiento de destitución (impeachment) controvertido, llevado por el presidente de  la Cámara de los diputados, Eduardo Cunha (Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PDMB, centro) fue iniciado el 2 de diciembre del 2015 contra la presidenta en ejercicio Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores- PT, centro izquierda), elegida democráticamente en 2010 y reelegida en 2014 con el 51,64% de los votos en la segunda vuelta del escrutinio. Este procedimiento de destitución tiene lugar apenas unas horas después de que los parlamentarios del PT hayan votado a favor de la continuación de la investigación sobre Eduardo Cunha en el  Consejo de ética de la cámara de los diputados. El arquitecto de la destitución de Dilma  Rousseff, evangélico, ultraconservador y encarnizado adversario del aborto, está por entonces bajo sospecha por su papel en el asunto Petrobras y por unas cuentas secretas en Suiza, alimentadas mediante sobornos, y en las que habría disimulado más de cinco millones de dólares, de los que él y su segunda esposa, Claudia Cruz, resultaron ser los beneficiarios. La Corte Suprema acabará suspendiéndolo de sus funciones y, el 12 de septiembre de 2016, será declarado inelegible hasta mayo de 2017 por una mayoría aplastante de los diputados.

A pesar de ello, el procedimiento contra Dilma Rousseff prosigue y, el 17 de abril de 2016, tras una sesión maratoniana de casi cuarenta y tres horas en medio de un clima de odio, los diputados se pronuncian sobre la destitución de la presidenta. Jair Bolsonaro inicia entonces un corto discurso en el cual agradece calurosamente a Eduardo Cunha “su manera de llevar los trabajos [que han conducido a la destitución]” y rinde homenaje a uno de los peores responsables de la represión política bajo la dictadura: “Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el espanto de Dilma Rousseff, por el ejército de Caxias, por las Fuerzas Armadas, por Brasil por encima de todo y por Dios por encima de todo, voto sí”. Su sí a la destitución de la presidenta, dedicado al torturador responsable del suplicio sufrido por Dilma Rousseff, estalla en el recinto de la Cámara como una declaración de guerra susceptible de hacer resurgir los demonios del pasado y escandaliza a la opinión brasileña e internacional.

Bajo el mando del coronel Ustra, cerca de 500 personas fueron torturadas en el principal órgano de la represión del ejército en São Paulo

Desde septiembre de 1970 hasta enero de 1974, bajo el mando del coronel Ustra, uno de los personajes más temidos de la dictadura militar, cerca de 500 personas fueron torturadas en el principal órgano de la represión del ejército en São Paulo, el centro DOI-CODI, por el cual pasó la misma Dilma Rousseff. Más de otras cincuenta fueron dadas por desaparecidas o fueron asesinadas, según la Comissão Nacional da Verdade (Comisión Nacional de la Verdad - CNV).

Aquel día, más de dos tercios de los diputados se pronuncian a favor de la destitución, abriendo la vía a la prosecución del procedimiento. Finalmente, al término de un voto en el senado el 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff es destituida oficialmente. Los políticos corruptos, una justicia reaccionaria, la gran patronal brasileña y los medios de comunicación de las altas familias de la oligarquía, consiguen la proeza de instalar a Michel Temer (PMDB) en el poder sin pasar por las urnas. Precisión importante, la destitución de Dilma Rousseff no se hizo por corrupción sino bajo pretexto de irregularidades contables, las famosas “pedaladas fiscales”, un delito llevado a la práctica frecuentemente por los predecesores de la Sra Rousseff y por numerosos gobernadores de Estado, y cuya gravedad no basta para justificar una destitución presidencial. Dilma Rousseff no se halla por entonces implicada en ningún escándalo de corrupción.

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Por el contrario, los parlamentarios golpistas (diputados y senadores), empezando por los miembros del PMDB de Temer, se hallan masivamente implicados en los asuntos de corrupción. Varios ministros del presidente interino están también tocados por los escándalos y abandonan el Gobierno. Tan solo once días después de haber entrado en funciones, el ministro de la Planificación, Romero Juca (PMDB), es destituido el 23 de mayo de 2016 tras haberse manifestado para frenar la investigación acerca del escándalo Petrobras, en el cual se halla el mismo implicado; Fabiano Silveira, el ministro de la Transparencia, puesto de nueva creación para luchar contra la corrupción, dimite el 30 de mayo de 2016; el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves (PMDB), bajo sospecha por corrupción, dimite el 16 de junio de 2016.

A continuación, le llega finalmente el turno al secretario del gobierno, Geddel Vieira Lima (PMDB), el cual es acusado de tráfico de influencias en el marco de un proyecto inmobiliario. Dimite el 25 de noviembre de 2016. José Serra (PSDB) que ha sufrido dos derrotas electorales en la segunda vuelta, primero contra Lula en 2002, luego contra Dilma Rousseff en 2010, es nombrado ministro de Asuntos Exteriores el 12 de mayo de 2016. Acusado formalmente de corrupción por la justicia brasileña, dimite del gobierno Temer por razones de salud el 22 de febrero de 2017. En total, el gobierno interino será retocado en seis ocasiones.

¿Y Michel Temer, colocado en la cumbre del Estado al término de la operación de destitución? Un personaje mafioso, bajo el peso de acusaciones de malversación, a menudo sostenidas por grabaciones abrumadoras. Personaje objeto de dos investigaciones judiciales por corrupción y asociación de malhechores. A pesar de esta situación incompatible con su puesto, beneficia de inmunidad hasta el fin de su mandato, que abarca hasta el primero de enero de 2019, no pudiendo ser condenado. Y para asegurarse de ello, ordena el pago de sobornos al presidente del Parlamento que había iniciado el procedimiento de destitución, Eduardo Cunha, para comprar su silencio.

Paradójicamente, los responsables políticos que apuntan con el dedo, al PT, se encuentran a menudo ellos mismos hundidos hasta el cuello en los asuntos de malversación

Es difícil resumir en unas líneas toda la literatura sobre la operación Lava Jato (“Lavado a presión”, o escándalo Petrobras), pero para aquel que se interese en ello, se debe anotar que el PT se halla lejos de ser el único partido tocado por la corrupción. Esta ha gangrenado desde siempre la historia política brasileña, pero ha sido repentinamente puesta de relieve como nunca anteriormente por los grandes medios de comunicación y por la oposición después de haber sido denunciada por la izquierda durante el movimiento popular “passe libre” contra el aumento de los precios de los transportes públicos en 2013. La oposición a Dilma Rousseff la ha utilizado como arma para legitimar el procedimiento de destitución.

Paradójicamente, los responsables políticos que apuntan con el dedo, con una saña espectacular, al PT, se encuentran a menudo ellos mismos hundidos hasta el cuello en los asuntos de malversación...Ejemplo flagrante es el arquitecto de la destitución de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, el cual purga de ahora en adelante una pena de quince años y cuatro meses de prisión por corrupción, blanqueo de dinero y evasión ilegal de divisas.

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