Catalunya
La indignación ante las vestiduras verdes del nuevo Prat llama a manifestarse el 19 de septiembre

El acuerdo entre Gobierno, Aena y Generalitat para financiar con 1.700 millones de euros la ampliación del aeropuerto del Prat ha sido saludado —o justificado— por suponer buenas noticias para los inversores. Pero su anuncio tras la reunión secreta Gobierno-Generalitat-Aena ya ha provocado dos consecuencias de las que ponen nerviosas a las agencias de rating: movilizaciones unitarias para el 19 de septiembre y un recado de la CUP a su socio de acuerdo de investidura presente en el pacto en la cumbre: este supone saltarse “una línea roja”.

En cuanto a la primera reacción, las consecuencias de juntar las palabras “movilización” y “aeropuerto” supusieron, en Cataluña, la cancelación de 119 vuelos en el bloqueo del Prat por parte de la convocatoria Tsunami Democratic en octubre de 2019. La convocatoria obedecía a otro momento y a otro motivo político, y no hay detalles todavía de la movilización calendarizada para el 19 de septiembre por la Xarxa por la Justicia Climática y la plataforma Zero Port con el lema “En lucha por la salud, el clima y la vida, ampliaciones de aeropuertos no, gracias”, pero da idea de lo que puede llegar a hacer una de las sociedades más movilizadas de Europa.

El vicepresidente Jordi Puigneró (Junts per Catalunya) definió al Prat resultante de la ampliación como “el más verde de Europa”

Sí se sabe que el proyecto de ampliación del aeropuerto ya pillaba con las baterías cargadas a aquellos grupos locales más sensibles sobre una de sus posibles consecuencias: el impacto sobre el delta de Llobregat, incluido en la red de espacios protegidos Natura 2000, y que ya venían convocando protestas contra el proyecto. El listado de agraviados es largo y agrupa desde el propio ayuntamiento de El Prat o la Uniò de Pagesos a grupos locales (ecologistas, vecinales) y redes de activistas contra el cambio climático. Desde el ámbito cultural independentista, no obstante, Omnium guarda silencio.

Más motivos para la indignación: que el anuncio del acuerdo se haga sin detallarse cómo tiene pensado hacerse la ampliación, e incluso que esta se venda como una alternativa más sostenible frente a un supuesto modelo opuesto que privilegiaba las conexiones low cost con el aeropuerto de Girona. En esa línea se expresó el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts per Catalunya) que definió el Prat resultante de la ampliación como “el más verde de Europa” en declaraciones a Catalunya Radio, donde también usó la expresión “aeropuerto low cost” para definir el destino irremediable de un Prat no ampliado. Otra justificación, la del president Pere Aragonés (ERC), acudía a la necesidad de pactar para que AENA no elaborara el proyecto en solitario, una justificación (mejor lo hago yo que si lo hacen estos…) similar a la del equipo de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena para dar luz verde al proyecto de Madrid Nuevo Norte.

La ampliación del aeropuerto de Barcelona: “Una irresponsabilidad climática gravísima”

Alícia Fàbregas

Aeropuertos

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La propuesta de Aena pretende alargar la tercera pista en los terrenos de la laguna de la Ricarda, uno de los pocos pulmones naturales que quedan en el Delta del Llobregat, para conseguir aumentar el techo de pasajeros de 55 millones a 70. Eso supondría un 33% más de emisiones de CO2 al año.

Del lado institucional, el mensaje de la CUP hacia sus socios de investidura de ERC y Junts era contundente. La formación instaba al Govern a “desplegar aquellas políticas económicas, sociales y nacionales" recogidas en el acuerdo de investidura pactadas con ellos, y se refería al acuerdo con AENA y el Gobierno central como “una línea roja”. Las Candidaturas de Unidad Popular llamaban a secundar las movilizaciones del 19 de septiembre contra “este megaproyecto” que “va en dirección contraria a los objetivos de reducción de emisiones de la ley catalana del cambio climático” y por promocionar “un modelo económico de masificación turística y especulación que abocan al trabajo precario e inestable”.

El anuncio también ha puesto de relieve algunas diferencias entre otros socios, en este caso los socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona (PSC y Barcelona en Comú). Un acuerdo con olor a PSC por todos lados (una de sus impulsoras, la recién estrenada ministra de Transportes Raquel Sánchez, era alcaldesa de Gavá) fue saludado con furor por Jaume Collboni (PSC), primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona. Este mismo partido fue clave para que la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB, que reúne a los ayuntamientos del área metropolitana barcelonesa) rechazara, con el apoyo de PP, Cs y la abstención de Junts, una moción de rechazo al proyecto de ampliación.

Pero, a diferencia de la CUP, la respuesta de Ada Colau y de los comunes ha hecho más incidencia en la crítica a la informalidad y secretismo del acuerdo que al fondo en sí. La moción de la AMB fue votada una semana antes de conocerse el pacto y estuvo apoyada por ERC, partido cuyo máximo representante institucional –que lo es también de todos los catalanes- lideró una semana más tarde la reunión secreta de los 1.700 millones. ¿Incomprensibles virajes entre bastidores de la política? En la moción, los comunes y ERC se mostraban contrarios a la ampliación del Prat pero mantenían el marco procrecimiento de infraestructuras mediante “un sistema aeroportuario Barcelona-Girona-Reus” que hiciera incidencia en la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Por su parte, Podemos optó por ponerse de perfil, y tanto sus principales representantes en el Gobierno como su cuenta de Twitter prefirieron centrarse en la promoción de los datos de la bajada del desempleo y en la prórroga del escudo social. Sus antiguos compañeros de Mas País fueron más beligerantes en boca del diputado Íñigo Errejón se refirió al pacto en esta misma red social como “regalar dinero público a los de siempre, sin condicionalidad, para que hagan lo de siempre”.