Catalunya
La fiscalía solicita 9 años de prisión para tres miembros del Sindicat de Llogateres por una ocupación simbólica

¿Qué diría el personaje ficticio de Elena Francis, que divulgó y perpetuó la moral franquista entre 1947 y 1984 entre el público femenino, por el devenir judicial de este caso? El Ministerio Fiscal solicita una pena de prisión que asciende a nueve años para tres miembros del Sindicat de Llogateres por una ocupación simbólica del Instituto de Belleza Francis. La fiscalía pide tres años de cárcel por delitos de coacciones, amenazas y violación del domicilio de persona jurídica para dos inquilinos de un bloque de edificios de la familia Mas-Beya Fradera, dueña también del Instituto Belleza Francis, y para uno de los portavoces del Sindicat, Jaime Palomera. Con su petición, la fiscalía solicita quince meses más por persona que la propia acusación particular (21 meses), ha explicado en rueda de prensa la abogada de los acusados, Anaïs Franquesa.

La letrada ha advertido también sobre el rol de la jueza del caso, la cual, de momento, ha inadmitido a trámite pruebas que Franquesa considera fundamentales para acreditar que la ocupación fue pacífica y que, en ningún momento, las trabajadoras del instituto de belleza tuvieron que dejar de trabajar: las testificales de periodistas y políticos presentes en la protesta, la copia del expediente del Ayuntamiento de Barcelona por el acoso inmobiliario de los dueños del edificio hacia sus inquilinos y un vídeo. El juicio se celebrará el próximo lunes 28 de junio.

La cronología de los hechos arranca en 2010 y es larga, cuando Alpha Mikeliunas y su pareja, Fran, firmaron su primer contrato de alquiler con la familia Mas-Beya Fradera, que tienen alrededor de cien propiedades en alquiler, en un piso desvencijado de la calle Floridablanca número 29 de Barcelona. Pero se resume en que la propiedad se vio obligada a renovarles el alquiler social y que el Ayuntamiento de Barcelona les abrió dos expedientes por acoso inmobiliario, asociado a sendas multas de 90.000 euros, que han recurrido en la vía contenciosa-administrativa. 

“Intentan criminalizar nuestra forma pacífica de protesta, que es lo que ha cambiado la regulación en Catalunya, por lo que no deja de ser interesante que el Estado pretenda llevar al Tribunal Constitucional una ley que funciona y la fiscalía intente criminalizar unos derechos que nosotros seguiremos defendiendo”, resumió uno de los tres acusados, Jaime Palomera. Destacó que lo que más le ha impactado de este caso ha sido “la beligerancia de la fiscalía, que en vez de desestimar el caso, ha subido la apuesta a tres años de prisión para cada uno de nosotros”.

“Hemos vivido con agua con plomo durante seis años, con las bajantes reventadas y con una plaga de termitas. Tenemos derecho a una vivienda digna”, destacan los inquilinos Alpha y Fran

Alpha y Fran destacaron por su parte que “encontramos apoyo y juntamos fuerzas para decir ya basta”. “Hemos vivido con agua con plomo durante seis años, con las bajantes reventadas y con una plaga de termitas. Tenemos derecho a una vivienda digna”. Tras solicitar las reparaciones de la desvencijada vivienda, la propiedad les dijo que no les iban a renovar el contrato de alquiler, que tiene un precio reducido, pero condiciones insalubres. Tras acudir al Sindicat y al Departamento de Vivienda, los propietarios se vieron obligados a renovarles el contrato con un alquiler social (255 euros). Son una de las más de 2.000 familias que, mediante la lucha colectiva, ha frenado su desahucio y ha conseguido un alquiler social de grandes propietarios. 

Pero esta vez la contrapartida no fue que la propiedad no arreglara los desperfectos estructurales del edificio, sino que después de que Vivienda abriera dos expedientes por acoso inmobiliario a la familia Mas-Beya Fradera, los inquilinos se encontraron con una denuncia judicial que juzgará la reivindicación de sus derechos el próximo lunes 28 de junio. 

Según la revista Forbes, a familia Fradera-Bes ocupa el número 29 entre las grandes fortunas catalanas.