Catalunya
Unidos Podemos recurre ante el Supremo la intervención de Montoro a Catalunya

Los representantes en el Senado del grupo parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, han interpuesto un recurso contenciosoadministrativo para la protección del derecho fundamental a la participación política, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), contra las órdenes emitidas desde el ministerio de Hacienda por las que se intervenían las cuentas de la Comunidad Autónoma de Catalunya y sus presupuestos.

Según el grupo político, la Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en los presupuestos catalanes y la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se adoptan medidas en defensa del interés general, se han dictado emitiendo la aplicación del artículo 155 de la CE.

Joan Comorera, senador por En Comú Podem y portavoz del grupo parlamentario en la comisión de justicia, ha declarado que este recurso se presenta ya que “lo que hace el Gobierno es aplicar el artículo 155, pero saltándose todos los trámites que la misma CE sostiene y que el Partido Popular dice defender”. Además, según Comorera, estas órdenes también se saltan la propia ley orgánica en la que se ha basado. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, también conocida como Ley Montoro, indica que una intervención de este tipo se debe hacer mediante la aplicación del artículo 155.

El recurso también explica que, al omitir la aplicación del artículo de la CE, también se ha omitido la tramitación y aprobación por el Senado de las medidas de ejecución forzosa del requerimiento de no disponibilidad del Presupuesto de la Generalitat de Cataluña, dictada en la orden del 20 de septiembre. Por lo tanto, argumenta el texto, supone una nulidad radical de pleno derecho y vulnera el derecho fundamental a la participación política.

Con este documento, entregado hoy ante el TS, el grupo en el Senado exige que las órdenes se declaren nulas de pleno derecho por no respetar los procedimientos legalmente establecidos y se adopte la medida cautelar de suspensión de la ejecución de las dos órdenes y se devuelva a la Generalitat Catalana el control sobre sus cuentas y presupuestos.