Colombia
Petro reestructura el Gobierno para destrabar la reforma del sistema de salud y el reparto de tierras

El pasado 26 de abril se produjo la segunda remodelación de gabinete durante los primeros ocho meses de Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión el presidente pidió la renuncia protocolar de todo su equipo y sustituyó a siete ministros, entre ellos algunos tan significativos como los de Hacienda, Interior, Salud y Agricultura. Los nuevos ministros que los reemplazan acaban de asumir este 1 de mayo.

Esta renovación del equipo de gobierno que algunos medios han llamado “crisis”, “remezón” o “revolcón”, en realidad se ajusta a las nueva etapa política que se abre en el país tras el resquebrajamiento del pacto de gobierno suscrito con partidos de la derecha —liberales, conservadores y de la U—para poder alcanzar mayorías en el Congreso que permitieran aprobar las reformas sociales propuestas por el gobierno. Las contradicciones en el interior de este pacto tan laxo afloraron principalmente con el debate sobre la reforma de la salud, un punto clave del programa del Pacto Histórico y un reclamo insistente de la sociedad colombiana.

La exministra de Salud, Carolina Corcho, que defendió su reforma del sistema ‘público’ para eliminar la intermediación financiera privada de las EPS, sufrió el permanente ataque de la prensa y de los representantes políticos del actual sistema, muy bien engrasado, que no la reconocieron como interlocutora a pesar de los esfuerzos que hizo por limar discrepancias. Corcho sentó las bases de una reforma que para los partidos tradicionales resultaría inaceptable, aunque se limita a poner la salud de los colombianos en línea con estándares internacionales de cobertura pública.

El sistema de salud colombiano es calamitoso si se compara con el de otros países que cuentan con un sistema público gestionado directamente por las instituciones del Estado, aun con un sistema privado complementario

El reclamo de profesionales del sector médico y pacientes es que la salud deje de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental de los ciudadanos. Por ejemplo, en mayo de 2022, durante la campaña electoral, varias organizaciones profesionales del sector convocaron un Foro Nacional de Salud cuyo principal reclamo fue eliminar las barreras de acceso a la salud para la población, porque hasta ahora “se ha dado prioridad al enfoque de mercado y no al enfoque social que requiere la salud”.

El sistema de salud colombiano es calamitoso si se compara con el de otros países que cuentan con un sistema público gestionado directamente por las instituciones del Estado, aun con un sistema privado complementario. En Colombia las empresas  intermediarias en las prestaciones de salud, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), se lucran cuantiosamente brindando un pésimo servicio. Las EPS son las responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y de recaudar sus cotizaciones.

Muchas EPS han quebrado durante el Gobierno de Iván Duque, dejando de prestar servicio después de embolsarse las cuotas de sus afiliados. En su discurso del 1 de mayo, Petro aseguró: “Si el Congreso no aprueba definitivamente las reformas, las EPS morirán como en un dominó en el que se cae ficha tras ficha, saliendo definitivamente del mercado. Eran 110, no quedan sino seis vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales artificialmente; pero si no hay ley, esas EPS quebrarán” y dejarán sin servicio a sus siete millones de afiliados.

Este negocio multimillonario está apadrinado por todo el arco de partidos de la derecha, que no cede posiciones al respecto, y ha contado también con el apoyo del ex ministro de Educación de Petro, el liberal Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud durante los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos y abandonó el gabinete en la remodelación anterior, realizada a fines de febrero.

El proyecto de ley del Gobierno desbarata el núcleo de este sistema sanitario, eliminando la intermediación de aseguradoras privadas entre pacientes y hospitales o clínicas, fortaleciendo así el peso del endeble sistema público

El proyecto de ley del Gobierno desbarata el núcleo de este sistema, eliminando la intermediación de aseguradoras privadas entre pacientes y hospitales o clínicas, fortaleciendo así el peso del endeble sistema público. El nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, un médico cardiólogo con amplia experiencia política —dos veces gobernador de Tolima, entre otros cargos—, fue secretario de Salud durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Su principal misión es la de concluir el trabajo de su antecesora en el cargo, recabando los apoyos necesarios para aprobar la reforma y, al mismo tiempo, manteniendo el espíritu central de la propuesta de cambio.

La reforma rural integral

La sustitución en el ministerio de Agricultura de Cecilia López, otra figura tradicional del partido Liberal, reemplazada ahora por la defensora de derechos humanos Jhenifer Mojica, afecta a otro tema fundamental para este Gobierno: la reforma rural integral. La nueva ministra tiene un perfil más idóneo para avanzar en este tema espinoso: fue directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y participó en la elaboración de la ley de Víctimas de 2011, que dio lugar a la creación de esa entidad.

Este es un ministerio clave para llevar adelante la política de tierras, esa peculiar reforma agraria por la que el Gobierno de Petro propuso comprar tres millones de hectáreas a la Fedegan para entregárselas a los campesinos sin tierra, desplazados y excombatientes de las FARC, en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana. Una parte de los recursos para esta transformación del agro colombiano se obtendría a través de la reforma tributaria, ya aprobada en el Congreso, si bien el recorte presupuestario promovido por la derecha aligeró el volumen de ingresos fiscales a menos de la mitad de la propuesta inicial del gobierno.

En su discurso del 1 de mayo Petro mencionó como la primera de las reformas que considera fundamentales “la reforma agraria, para entregarle tierras al campesinado”. Recordó que  “la tierra es para el que la trabaja”

Posteriormente, los partidos tradicionales —con muy pocas excepciones— manifestaron su oposición a la compra masiva de tierras por parte del Estado. De esta forma, cierran el paso a los intentos conciliadores del nuevo gobierno, radicalizan su oposición y lo obligan a buscar mecanismos más agresivos de reforma agraria, cómo podría ser elevar las tasas a las fincas improductivas.

En su discurso del 1 de mayo Petro mencionó como la primera de las reformas que considera fundamentales “la reforma agraria, para entregarle tierras al campesinado”. Recordó que  “la tierra es para el que la trabaja” y aseguró: “No hemos podido comprar sino 17.000 hectáreas de terreno, y se necesita comprar al menos tres millones de hectáreas”. Dada la oposición a sus planes en el Congreso, se requiere mayor firmeza desde el ejecutivo para llevar adelante este cambio. Un recurso al que se habría opuesto la ex ministra es la posibilidad de abordar expropiaciones de las tierras improductivas al valor de mercado, aun con oposición de los propietarios, una opción contemplada inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Una parte de las tierras entregadas hasta ahora a los campesinos por este gobierno proceden de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), organismo dependiente del ministerio de Hacienda que tiene la misión de redistribuir con fines sociales los bienes incautados a bandas criminales procedentes de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El relevo en el Ministerio de Transporte de Guillermo Reyes por William Camargo sería consecuencia directa del señalamiento del primero como beneficiario de favores de un empresario contratista del Estado a través de Invías (Instituto Nacional de Vías). El diario El Espectador editorializó esta misma semana sobre los conflictos de intereses entre Reyes y un beneficiario de contratos multimillonarios concedidos por la entidad estatal. Su reemplazo reafirma la intención del presidente de extirpar de cuajo cualquier indicio de corrupción que afecte a miembros de su gobierno.

El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, nombrado en sustitución de Alfonso Prada, se desempeñó hasta ahora como consejero presidencial para las regiones, tras haber sido representante en la Cámara por el Cauca entre 1998 y 2006 y senador entre 2006 y 2022. Ejerció también la presidencia del Congreso y conoce los entresijos de las alianzas y negociaciones con representantes de otras fuerzas políticas. Procede del partido Liberal, pero es un fiel aliado del Pacto Histórico: un día antes de su nombramiento, impulsó la firma de una carta por parte de 18 congresistas liberales que respaldan la reforma de la Salud del gobierno, en desacato a las directrices del presidente del partido, César Gaviria. La estrategia del nuevo ministro del Interior será “hablar con cada uno de los congresistas” para aprobar las reformas del gobierno, en lugar de buscar acuerdos de cúpulas.

Consistencia política del nuevo equipo

En el ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo fue sustituido por Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá cuando Petro fue alcalde, además de haber colaborado con el presidente en la campaña electoral de 2022 como asesor para temas económicos. Ocampo resultó clave en la primera etapa de gobierno por su trayectoria académica y por la confianza que proyectaba en los mercados con su talante moderado, y su participación fue esencial para aprobar la reforma tributaria, aunque muy diezmada en volumen de ingresos. 

Sin embargo, su ortodoxia dificultó algunos proyectos del ejecutivo por su empeño en no poner en juego la estabilidad de las variables macroeconómicas. Los medios financieros estadounidenses lamentaron la salida de Ocampo, a quien consideraban cercano al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con titulares como este de la agencia Bloomberg: “El jefe de Finanzas de Colombia favorable al mercado externo (sic) sale del gabinete de Petro”. Aunque el nombramiento de Bonilla pueda significar más flexibilidad para adoptar políticas de izquierda por parte del gobierno, de ningún modo presupone un abandono del rigor en mantener las variables macroeconómicas esenciales que dan estabilidad al país.

Petro cree que en ausencia de mayorías garantizadas en el Congreso, ahora es más importante que nunca la presión de la movilización popular para conseguir los cambios esenciales que propuso al país

La mayor parte de los nuevos ministros son afines al pensamiento del presidente sobre reformas y paz, y algunos de ellos son incluso viejos compañeros de militancia en el M19, como es el caso de Carlos Ramón González, antiguo copresidente de la Alianza Verde, ahora puesto a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), una entidad estratégica desde la que se formulan los  lineamientos para todas las dependencias del gobierno, incluidos los ministerios. También fueron relevados de sus cargos el ministro de Ciencia, Arturo Luna, reemplazado por Yesenia Olaya, así como la ministra de TIC, Sandra Urrutia, cuyo lugar ocupa ahora Mauricio Lizcano, el anterior director del DAPRE.

El nuevo equipo parece haber cobrado una mayor coherencia tras las dos remodelaciones realizadas este año, desprovisto de las ataduras políticas que le daban mucha heterogeneidad en el marco del ya desarticulado pacto de gobierno constituido en el Congreso con otros partidos.

Convocatoria a la movilización popular

El presidente Gustavo Petro convocó a los ciudadanos a apoyar las reformas movilizándose el 1 de mayo, día en que salió al balcón de la casa de Gobierno por segunda vez —la primera fue el 14 de febrero— para dirigirse directamente al país. La afluencia popular fue amplia en muchas ciudades, como por ejemplo en Cali, pero no se llenó completamente la plaza Bolívar de Bogotá. La estrategia política de convocar al pueblo en la plaza, característica de otros liderazgos latinoamericanos como el de Juan Perón en Argentina, Fidel Castro en Cuba o Hugo Chávez en Venezuela, no tiene una tradición popular en Colombia que asegure el éxito multitudinario de estas convocatorias. Petro teje con discursos cargados de ideales y de propuestas concretas, las bases de una nueva identificación de los sectores populares con el líder de la izquierda.

“El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, dijo Petro desde el balcón de la casa de Gobierno el 1 de mayo

Gustavo Petro tiene sin duda grandes dotes de consumado orador. Sus discursos sobresalen entre los de sus pares por la claridad y la contundencia de sus argumentos y están a la altura de los de otros líderes latinoamericanos que concitaron la admiración del mundo, como fue el caso de Ernesto Che Guevara. Si bien su afán es ciertamente mayor que las exigencias que le impone a su voz: por momentos acusa los achaques que tuvo en el esófago con sucesivos ataques de tos, que lo obligan a realizar periódicas pausas para beber agua. También en ello se expresa su madera de líder, en un esfuerzo denodado de comunicación con el pueblo a pesar de sus propias limitaciones. Y ahora más que nunca, ya que solo quedan ocho semanas para definir el futuro de las reformas sociales: “Nuestra función en la Historia de Colombia es triunfar en las reformas. Antes se decía, en muchos análisis sesudos de intelectuales, si era la reforma o era la revolución. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución.”

Aun con el mayor gradualismo revolucionario, transitando de reforma en reforma, el presidente Gustavo Petro cree que en ausencia de mayorías garantizadas en el Congreso, ahora es más importante que nunca la presión de la movilización popular para conseguir los cambios esenciales que propuso al país: “Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado (...) El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente con un pueblo movilizado. Y al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera”.