Corrupción
El tribunal que juzga la pieza del caso Brugal sobre las adjudicaciones del Plan Zonal de la Vega Baja admite las escuchas y continúa con el procedimiento

Los magistrados que componen el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, que se encuentra juzgando la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la última de las ramas principales del conocido como caso Brugal que salpica a varios empresarios y políticos del PP y el PSOE, han decidido admitir las escuchas telefónicas y resolver en sentencia las peticiones de nulidad y prescripción de las actuaciones solicitadas por la defensa de los acusados relativas a las intervenciones de las conversaciones que dieron pie a la investigación así como los registros domiciliarios, rechazando así la nulidad del procedimiento solicitada por las defensas en las cuestiones previas.

Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el tribunal ha notificado en un auto este viernes a las partes que es necesario “esperar a presenciar toda la prueba” para resolver sobre las nulidades alegadas, “pues de esa forma se podría contar con una visión más completa”. El juicio por esta pieza separada del Caso Brugal comenzó el pasado 2 de noviembre con las cuestiones previas y se reanudará el próximo 18 de enero con el interrogatorio de los 13 acusados, a quienes la Fiscalía les imputa los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, solicitando provisionalmente penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel.

La Fiscalía solicita 16 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Alicante y del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, el 'popular' José Joaquín Ripoll, acusado de auspiciar un trato entre los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll

El Ministerio Público solicita 16 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Alicante y del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, el 'popular' José Joaquín Ripoll, acusado de auspiciar un trato entre los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll para que el primero ubicase un macrovertedero en un terreno comprado al segundo cargando al erario de los municipios de la comarca el sobrecoste innecesario derivado de la adquisición. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción señala en el escrito de acusación que, según el plan, Ortiz “compensaría” el sobrecoste por la compra de esta finca “repercutiéndolo sobre los citados municipios mediante los correspondientes aumentos de los cánones que éstos debían satisfacer por los servicios prestados”.

Cabe recordar que el caso Brugal se inició en 2007 con la investigación de la adjudicación de la recogida y gestión de las basuras de Orihuela a Ángel Fenoll, acusado de obrar en connivencia con los ex alcaldes del PP José Manuel Medina y Mónica Lorente, ésta última también imputada en la causa del Plan Zonal de la Vega Baja, para conseguir la adjudicación del contrato con el Consistorio oriolano. En dicho procedimiento, llevado a cabo también en la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante que está juzgando ahora el Plan Zonal, la defensas de los acusados también solicitaron la nulidad de las escuchas, y si bien el juicio finalmente se celebró el tribunal sentenció finalmente la nulidad de las intervenciones telefónicas exonerando así a los acusados de los delitos imputados.

En este caso, el mismo tribunal ha determinado por el momento seguir adelante con el procedimiento contando con las escuchas telefónicas y otras pruebas, desestimando la “nulidad radical” solicitada por las defensas de los acusados de las actuaciones “desde la primera resolución que invalida la totalidad del procedimiento, como la nulidad de las resoluciones que acuerdan las intervenciones telefónicas, la nulidad de las resoluciones que acuerdan las entradas y registro, la nulidad por la vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías, durante la fase intermedia, así como nulidad del establecimiento del secreto de actuaciones durante más de tres años.”

El tribunal también rechaza en esta fase del juicio eliminar de la causa un informe policial sobre el patrimonio del expresidente de la Diputación, como pedía su defensa

También rechaza en esta fase del juicio eliminar de la causa un informe policial sobre el patrimonio del expresidente de la Diputación, como pedía su defensa, y dictamina que será objeto de la prueba que se practique en el plenario y analizado y valorado con posterioridad en sentencia. El Tribunal ha dictado otros dos autos. En el primero de ellos admite las pruebas documentales, testificales y periciales solicitadas por Fiscalía y defensas, mientras que en el segundo rechaza la introducción de un nuevo apartado en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público sobre el beneficio pretendido por los empresarios Enrique O.S. y Ángel F.P.