Editorial
Administraciones poco feministas

Son innegables el protagonismo social y la potencia política del movimiento feminista. La convocatoria de una huelga global para el 8 de marzo, oportunidad que celebramos desde esta redacción, es buena muestra de ello. Esta protesta, que pone el foco en la falta de corresponsabilidad de los cuidados y de la reproducción de la vida, ha devenido irreverente, insurgente, sin complejos y con una sororidad pasmosa.

El empuje de este feminismo radical, fresco, honesto y desde abajo está poniendo contra las cuerdas a las agencias públicas. Porque, más allá de la política de gestos, la prosa altisonante y la corrección política, ¿desarrollan las instituciones medidas eficaces para revertir la flagrante desigualdad y maltrato a que es sometida la mitad de la población?

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, puesto en marcha el pasado 28 de septiembre por el Partido Popular, es un texto cuyas 213 insuficientes medidas no abordan, ni remotamente, la raíz del problema. No caracteriza la violencia machista sistémica, los programas de prevención son prácticamente inexistentes, las ayudas a las mujeres pobres (400 miserables euros) siguen sin vincularse al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), no se garantiza una alternativa habitacional en el plazo máximo de un mes, no hay planes específicos para lesbianas, transexuales y transgénero, ni para mujeres con diversidad funcional. ¿200 millones de euros para qué?

Por su parte, el Gobierno de Navarra —que se limitó a exigir al Gobierno central una buena coordinación administrativa— ha puesto en marcha una nueva Ley de Igualdad cuya partida es de 70.000 euros. ¿Tiene sentido otra ley, sin recursos asociados, cuando no se ha desarrollado la Ley Foral 14/2015 contra las violencias machistas que se aprobó durante el final del mandato de UPN, con el compromiso de desarrollarse entre 2016 y 2017? Los marcos legislativos pioneros que no se concretan en protocolos, ni en dotaciones presupuestarias relevantes son lo que parecen: propaganda.

La escala local no es una excepción. Recientemente, el alcalde del Ayuntamiento de Pamplona se jactó de que “cuando la legislatura termine tendremos una Navarra más verde, sostenible, social y especialmente feminista”. Todo ello con un Área de Igualdad y LGTBI cuyos recursos suponen un raquítico 0,5% de la economía total del consistorio (0,8% si sumamos el Servicio Municipal de Atención a las Mujeres dependiente del Área de Acción Social).

Sin dinero no hay políticas públicas que valgan. Por eso, cada vez que escuchamos promesas sin presupuestos de fundamento, se nos eriza el vello de la nuca y tenemos todo el derecho a pensar que la clase política sigue sin tomarse en serio las demandas del movimiento feminista, ni los derechos humanos y libertades de la mitad de la población.