Educación pública
Profesionales de educación especial en Andalucía comienzan una huelga ante el continuo maltrato de la Junta

En septiembre el inicio del curso escolar comienza en Andalucía sin la presencia del Personal Técnico de Integración Social en decenas de centros educativos públicos. Unas profesionales indispensables para la atención del alumnado con necesidades especiales. En Andalucía el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado en un 30% en los últimos cinco años, según las propias fuentes de la Consejería de Educación.

Las PTIS han comenzado una huelga indefinida este martes 14 de noviembre ante la precarización y el “desprecio” de su trabajo por parte de la Junta de Andalucía, alegando que se han superado “los límites del aguante de un colectivo que durante demasiados años viene siendo despreciado y discriminado por la Junta de Andalucía, lo que ha generado un descontento extremo que lleva al inicio de un proceso de conflictividad laboral hasta que se adopten medidas urgentes que lleven al respeto a la dignidad profesional de los/as PTIS”, según exponen desde CGT Andalucía.

Las trabajadoras están expuestas a “graves problemas de contratación y precariedad, sobrecarga de trabajo e incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud, según denuncian” y señalan la responsabilidad de la Junta de Andalucía y de “los abusos de sus empresas concesionarias del Servicio”. Andalucía es la única comunidad autónoma en la que el servicio de PTIS es un servicio complementario y no esencial, lo que abre la puerta a que las empresas privadas sean las encargadas de prestar este servicio a los centros educativos públicos. “Es el único lugar donde pasa esto, en el resto de España el personal que atiende a los niños con necesidades especiales está integrado en Educación”, comenta Carmen Rodríguez, PTIS en Málaga.

"La externalización es un deterioro del servicio y quien lo sufre son los niños”, comenta Raquel Rodríguez PTIS en Málaga

Hasta 2004 este personal, indispensable para el funcionamiento de los centros educativos, formaba parte de la Junta de Andalucía, pero ese año se realizó un Decreto por el que el servicio pasaba a ser un servicio complementario. Desde entonces los PTIS que son trabajadores directos de la Junta de Andalucía, 900 en toda la comunidad, conviven y realizan las mismas funciones que las 1900 trabajadoras externalizadas que están sometidas a las preferencias de cada empresa. “La externalización es un deterioro del servicio y quien lo sufre son los niños”, comenta Rodríguez, que además añade que “dentro del mismo sector tenemos condiciones muy distintas, cada empresa llega y hace lo que le da la gana”.

A pesar de que la actividad se rige por un Convenio Colectivo cuyo ámbito de aplicación es “solamente en los centros privados y nosotros no trabajamos nunca en privados, trabajamos siempre en centros públicos” añade la trabajadora. Empresas como Osventos S.L o Vital SA se encuentran tras estas externalizaciones, dos compañías cuyos trabajadores se han manifestado en diversas ocasiones por sus condiciones laborales.

En el contexto de la Huelga, varios PTIS se han encerrado en la Delegación Provincial de Educación en Sevilla para exigir una solución a la Junta de Andalucía, un organismo que hasta ahora no les ha atendido para buscar una solución al conflicto “Nunca han tenido interés en negociar” comenta Raquel Rodríguez que añade que las veces que se han reunido “lo han hecho para pasarnos la mano por el lomo”. Patricia del Pozo, Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ha declarado, cinco días antes de la huelga, que el gobierno andaluz ha aumentado “un 67,3% de los recursos destinados a la educación especial desde 2018”.

Una cifra que no se corresponde con la realidad, como denuncian diversos FAMPAS en Andalucía, que se han manifestado en diversas ocasiones desde este septiembre para exigir, entre otras cuestiones, la admisión a trámite de la Proposición de Ley de Garantía de Recursos para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, con el objetivo de blindar los derechos de las infancias con necesidades educativas especiales.

La situación de la educación especial en Andalucía es un problema enquistado, como señalaba a inicios de curso Beatriz Raposo, del Grupo de Atención a la Diversidad de USTEA: “Hay una falta de profesionales en la educación especial en Andalucía sistemática y los pocos recursos que tiene vienen de los fondos europeos, que son pan para hoy y hambre para mañana, se necesita una contratación sistemática”.