Especulación inmobiliaria
El caso de Carmen y los desahucios que no conocen la moratoria del Gobierno

Con moratoria de desahucios y todo, miles de familias vulnerables siguen siendo expulsadas de sus viviendas, la mayoría en manos de los bancos y fondos de inversión. Sirva de ejemplo el caso de Carmen, que tiene pendiente una orden de desahucio y encaja en todas las definiciones de vulnerabilidad.

En esta ocasión, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha encargado de recordar a la sociedad limitada Artilleros Consulting que existe esta ley a través de la ocupación de su sede durante una hora, tiempo que aprovecharon para entregar la documentación necesaria para paralizar el desahucio de Carmen Arroyo. “Esta empresa son unos cazadores de gangas. Ahora quieren desahuciar a Carmen, convaleciente de una operación por cáncer de mama”, denuncian desde PAH Vallekas.

A cargo de dos menores —un hijo de 14 años y una nieta de siete—, hace pocas semanas Carmen fue dada de alta después de ser operada de un cáncer de mama y todavía está convaleciente y bajo tratamiento intensivo de radioterapia

Carmen ha vivido durante siete años en una casa de Bankia, entidad rescatada con dinero público, según recuerdan desde PAH Vallekas. El banco vendió la propiedad a la sociedad limitada Artilleros Consulting, que “se niega a negociar cualquier solución que impida que sea desalojada de su vivienda”. A cargo de dos menores —un hijo de 14 años y una nieta de siete—, hace pocas semanas fue dada de alta después de ser operada de un cáncer de mama y todavía está convaleciente y bajo tratamiento intensivo de radioterapia.

Este 2 de noviembre, unos 50 activistas de la PAH ocuparon las oficinas de esta inmobiliaria y entregaron los papeles de Servicios Sociales que confirman su situación de vulnerabilidad social, así como los informes médicos de la operación y del pronóstico. A pesar de todo esto, Artilleros Consulting sigue sin querer negociar una solución para esta vecina de Vicálvaro y el desahucio tiene fecha: el 12 de noviembre. Desde PAH Vallekas advierten que no dejaran que Carmen y los dos menores a su cargo se queden en la calle y convocan una acción para ese día para detener el desahucio y exigir un alquiler social para la familia.

El caso de Carmen no es único. Según denunciaba la PAH, en el segundo trimestre del año se han producido 11.571 desahucios: “Lejos de reducirse el problema, los desahucios siguen en aumento, como llevamos avisando que pasaría desde marzo de 2020”. Las esperanzas puestas en la Ley de Vivienda se han convertido en una “gran decepción” después de que la propuesta salida del Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre no incluya una de las principales e históricas demandas del movimiento de vivienda: la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Según denuncia la PAH y otras otras organizaciones sociales y sindicales en un comunicado, la nueva ley no prohíbe este tipo de desahucios sino que solo los suspende entre dos y cuatro meses a la espera de que las comunidades autónomas ofrezcan una vivienda digna en un contexto en el que el parque público de viviendas es virtualmente inexistente. Si en ese tiempo las comunidades autónomas no han ofrecido una alternativa nada impide dejar en la calle a esas familias, según el texto presentado.