Evasión fiscal
Bruselas quiere atacar a los paraísos fiscales europeos acabando con las decisiones por unanimidad

El artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reza que “en caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembro falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembro interesados”. En caso de que esas consultas no lleguen a ningún acuerdo para eliminar dicha distorsión por el proceso actual, la unanimidad en la toma de decisiones, el artículo permite que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten “con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin”, entre las que se podrán adoptar cualquier otra medida apropiada prevista en los Tratados.

Este artículo es el que, según ha publicado el Financial Times, la Comisión Europea pretende poner en marcha por primera vez para atacar a los Estados miembro que están utilizando políticas fiscales agresivas para atraer a empresas y, por lo tanto, provocando ese tipo de distorsiones en el mercado y una pérdida de ingresos fiscales al resto de países de la unión.

Abrir esta puerta sin precedentes, en medio de una duras negociaciones por el fondo de reconstrucción, podría cambiar muchas cosas en la Unión Europea y su funcionamiento actual. Actualmente, la legislación fiscal ordinaria de la UE necesita la aprobación unánime de los 27 Estados miembro. Algo que imposibilitaba la toma de medidas drásticas contra la evasión fiscal y contra la elusión dentro del mismo territorio de la UE, ya que los países que ofrecen ese tipo de fiscalidades agresivas para atraer a las empresas (Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos o Malta) votaban en contra y nunca se consiguen los consensos completos.

De llevarse a cabo, países como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos no podrían negarse a una armonización fiscal que acabaría con sus políticas de paraíso fiscal

De aprobarse el uso del artículo 116, las iniciativas contra las políticas fiscales de algún Estado miembro solo necesitaría la aprobación de una mayoría cualificada de los 27 Estados de la UE, en vez del apoyo unánime y esos países perderían su capacidad de veto. Aunque, en su lugar, la medida debería pasar también por el Parlamento Europeo, algo que no debería ser un problema ya que estos cuatro Estados tienen una representación pequeña en comparación con el resto de países que conforman el hemiciclo en Bruselas.

Los planes para abordar esta problemática mediante el uso del artículo 116 está todavía en una fase muy temprana, según han explicado fuentes del funcionariado de la CE al Financial Times, pero, como explican, tendrían el objetivo de identificar las estructuras y políticas fiscales de los Estados miembro para buscar cuales de ellos distorsionan la competitividad y el mercado único.

Esos paraísos fiscales internos que tiene Europa no se quedarán con los brazos cruzados. Los técnicos también explicaron que prevén que esta medida desencadene una fuerte controversia y defensa de sus intereses por parte de los Estados miembro que utilizan dichas políticas fiscales agresivas con el resto de países y laxas con las empresas. Varios diplomáticos consultados por el diario económico han explicado que muchos de esos países afectados se resistan “abriendo la perspectiva de años de largas batallas legales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.