Fronteras
Las ONG en el Mediterráneo central: cuando salvar vidas te puede llevar ante un juez

El pasado fin de semana el fiscal jefe de Catania (Italia) ordenó inmovilizar el barco de la ONG Proactiva Open Arms. Lo hizo tras acusar al personal al mando de la nave de asociación criminal y promoción de la inmigración clandestina. La embarcación continúa en estos momentos en el puerto de Pozzalo, una pequeña localidad al sur de Sicilia, a la espera de que la justicia italiana decida qué hacer con ella.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué una ONG especializada en salvar vidas en el mar se enfrenta a un posible proceso judicial por su actividad en el Mediterráneo central? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en los últimos meses en esta frontera, la más mortífera del mundo según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)?

Empujar la frontera Sur

Hay una fecha clave que cambia la gestión de las tragedias que día a día cruzan el trozo de mar que separa Italia de Libia. Hace poco más de un año, el 2 de febrero de 2017, el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, y el presidente del Gobierno de Reconciliación Nacional de Libia —la autoridad reconocida por la Unión Europea (UE) en el caos del país norteafricano—, Fayez Mustafa Serraj, firmaron en Roma un acuerdo de colaboración contra la “inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos” y para “reforzar la seguridad fronteriza” entre ambos países.

Este memorándum y sus ampliaciones posteriores tienen el objetivo de evitar a toda costa las llegadas de barcos con migrantes y solicitantes de asilo a las playas italianas y, en la medida de lo posible, impedir su salida desde Libia. Igual que en 2016 se hizo con Turquía, la intención es externalizar las fronteras comunitarias y llevarlas más allá de lo que indican los mapas. También lejos de los medios de comunicación europeos.

La maniobra del Gobierno de Italia, que un día después obtuvo el respaldo del resto de Estados miembros de la UE —incluida España— durante una cumbre de primeros ministros en Malta, se dio en un contexto de auge del discurso xenófobo y anti-inmigración en todo el continente, con especial incidencia en el país transalpino. Las elecciones que han entregado el poder a la derecha nacionalista ya se vislumbraban en el horizonte.

Reglas de juego cambiantes

El pacto libio-italiano, basado en un fondo de financiación de cerca de 200 millones de euros, cambió las reglas de juego en el Mediterráneo Central. A las numerosas ONG de salvamento que trabajaban entonces en la zona se les impidió acceder dentro de las 12 millas náuticas del litoral libio. Pero las trabas a su labor no se quedaron ahí.

Según relataba en una reciente entrevista con CTXT el jefe de operaciones de Proactiva, Gerard Canals, en la primavera de 2017 la actitud de los guardacostas libios cambió radicalmente. De convivir e incluso cooperar en algunos rescates en alta mar se pasó a un hostigamiento constante. “No nos quieren frente a sus costas. A veces lo hacen de un modo más normal, pero otras es violento”, relataba Canals en febrero, antes del episodio de la semana pasada que ha provocado el secuestro preventivo del Open Arms.

En un vídeo publicado por el diario ARA se observa cómo en medio de su última operación de rescate, una fragata libia reclama a la ONG con sede en Badalona que entregue a las personas rescatadas. En un momento de gran tensión, en el que varios de los migrantes amenazaron según diversos testigos con tirarse al agua si eran devueltos a Libia, los guardacostas advierten de sus intenciones a los socorristas de Proactiva: “I kill you”. Poco después abandonaban la zona.

Este es el último de varios episodios similares y recientes. En noviembre la organización alemana Sea Watch denunció el “comportamiento temerario” de las patrulleras libias tras un caótico rescate en el que murieron 5 migrantes. Antes, en agosto, otro buque de Proactiva, el Golfo Azurro, fue retenido durante dos horas con la intención de ser llevado a Trípoli. La intermediación de varios eurodiputados que iban en el barco lo impidió.

Por esas mismas fechas el Ejecutivo italiano impuso una nueva medida de presión a las organizaciones gubernamentales. Un código de conducta que incluye cláusulas que dificultan todavía más la eficacia de los rescates (limita el traslado de migrantes de un barco a otro para su evacuación o el uso de luces para facilitar el salvamento) o que van en contra del principio de neutralidad de estos grupos (exige la presencia, en ciertas situaciones, de policías armados en los buques). Actores hasta entonces muy activos en la zona como Médicos Sin Fronteras rechazaron acogerse a este código.

El caldo de cultivo idóneo para más muertes

Durante el verano de 2017 el fiscal que ahora ha inmovilizado el Open Arms, Carmelo Zuccaro, echó más leña a la hoguera de los bulos incitados desde grupos xenófobos europeos al asegurar en una entrevista con La Stampa que contaba con pruebas para demostrar la connivencia entre las ONG y las redes de traficantes de personas. Aquello se quedó en una simple insidia. Meses antes, desde la agencia de la UE Frontex se acusaba, también sin pruebas, a algunas ONG de actuar como “taxis del mar”.

La tóxica teoría de que las labores de rescate en el Mediterráneo central actúan como un factor de atracción (pull factor, según el término más utilizado en los estudios migratorios) para las personas que tratan de llegar a Europa no se basa en dato alguno. Al contrario. Tal y como demuestra el estudio Blaming the Rescuers, elaborado desde la Universidad de Londres, los flujos migratorios en esta frontera natural responden a dinámicas mucho más complejas. Pero no a la presencia de barcos de salvamento.

En cambio, el citado discurso sí ha servido para infundir y propagar la sospecha en torno a las organizaciones humanitarias. Matteo Salvini, líder de la xenófoba Liga Norte y uno de los triunfadores de los últimos comicios en Italia, publicaba el siguiente mensaje en Facebook después de conocerse la acusación contra Proactiva: “¿Salvamento humanitario? No, es un farol, se trata de una asociación para delinquir”.

Los datos más recientes añaden un elemento todavía más trágico a la ecuación que se calcula sobre las aguas frente a Libia. Aunque el número de llegadas a suelo italiano se ha reducido claramente en el último medio año, las cifras de muertes registradas —cuerpos encontrados, aquellos que el mar no ha tragado— ha bajado en una proporción mucho menor.

Según los datos de la OIM, hasta mediados de marzo de 2017 por cada 32 llegadas a suelo italiano se contabilizaba un cadáver que añadir al enorme cementerio que es hoy el Mediterráneo. En lo que llevamos de año la proporción de muertes se ha prácticamente duplicado: cada 17 migrantes que tocan tierra uno queda por el camino.