Fronteras
La Unión Europea financia barreras digitales y perros policía en las fronteras comunitarias

Perros para detectar a las personas en movimiento y barreras digitales que impiden su paso. Esto es lo que financia la Unión Europea a través del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (BMVI en sus siglas en inglés), mecanismo que cuenta con un presupuesto de 6.200 millones de euros para el periodo 2021-2017. 

Una investigación conjunta de las redes europeas por los derechos de las personas migrantes ECRE (European Council on Refugees and Exiles) y PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) ha estudiado a dónde se dirigieron estos fondos, en principio destinados a dotar las fronteras exteriores de la UE de equipamiento, capacitación, infraestructuras y tecnología.  

En el informe, presentado en la mañana del 4 de julio, las entidades señalan que en efecto esta financiación se está utilizando para financiar infraestructura de control dañina para quienes migran, lo que conduce a la vulneración de derechos humanos. Para averiguar a qué se han destinado los más de 4.000 millones ya recibidos por los Estados hubo que requerir a la UE a través de peticiones de información dada la falta de transparencia en el ámbito del control de fronteras. Además, los investigadores, han revisado detalladamente 24 programas nacionales de implementación de los fondos del mecanismo BMVI.

El Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados está posibilitando el establecimiento de formas de control digital fronterizo que sustituyen o complementan las barreras físicas

Lo que encontraron es que, aunque sobre el papel la Comisión Europea desaprueba el uso de estos fondos para la construcción de vallas y muros de separación, el BMVI está posibilitando el establecimiento de formas de control digital fronterizo que sustituyen o complementan las barreras físicas. Para ello cuentan con más presupuesto que nunca, un incremento del 45% respecto a lo destinado al mecanismo predecesor que con el nombre Fronteras y Visados rigió entre 2014 y 2020, según refleja el informe. Alemania y Suecia, duplicarían los fondos recibidos respecto al programa anterior, mientras que Letonia recibiría un 196% más, Grecia un 171% y Eslovenia un 141%, siendo estos los cinco estados que han registrado un mayor aumento en la financiación recibida.

“La negativa de la Comisión Europea de permitir la financiación de muros y vallas es una hoja de parra para encubrir otras medidas perjudiciales que los fondos para fronteras ya pueden apoyar en los Estados miembros”, señalaba en este sentido Chiara Catelli, responsable de políticas de ECRE y PICUM. Para esta investigadora, más allá de estos supuestos límites marcados por la comisión, el BMVI ya ha permitido financiar una tupida red de control digital que resulta altamente lesiva para los derechos de quienes intentan llegar a territorio europeo.

Así, el informe demuestra que más de un tercio de los fondos implementados en los programas nacionales se dedican a fortalecer el equipamiento y la infraestructura, si no de muros, sí de infraestructuras de vigilancia, o para aumentar los controles de frontera usando inteligencia artificial. Otro tercio se dedica a desarrollar bancos de datos y sistemas de información, promoviendo la interoperabilidad para agilizar la gestión de datos sobre las personas migrantes y profundizar en instrumentos de seguimiento digital de estas personas tan polémicos como el Eurodac. El resto de la financiación es empleada en capacitación del personal, o cuestiones de estrategia interna. 

Entre los casos en los que este mecanismo ha sido usado de manera tal que daña los derechos de las personas migrantes, señalan el de Estonia, pronta a usar dos millones de euros en un sistema que sirve para localizar señales de móvil de manera remota en espacios donde el establecimiento de muros físicos resulte costoso. Le sigue Polonia, optando este país por sistemas de detención de luz, sistemas de alarma y dispositivos que permitan la detección térmica, y la visión nocturna. En sus fronteras con Rusia, Belarús y Ucrania, Varsovia optaría por instalar cámaras de seguridad que se activan con el movimiento

En las fronteras de Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, circularán automóviles todoterreno equipados con cámaras de imagen térmica, comunicación por satélite, sistemas de identificación con rayos X, relatan las entidades responsables de la investigación sobre los denodados esfuerzos de los países fronterizos para blindar sus fronteras. 

Hungría no se limita a incorporar este tipo de vehículos, sino que aspira a integrar, mediante sistemas de inteligencia artificial, operaciones de reconocimiento por tierra y aire, incorporando drones a la vigilancia. Otros países que se incorporan al uso de drones para la vigilancia aérea son Grecia y Estonia. En esta carrera securitaria, se ha permitido a Lituania adquirir un detector móvil para localizar a personas escondidas en vehículos. 

Siguiendo a Croacia, señalada por usar perros policía para amedrentar y atacar a migrantes, España, Polonia y Lituania incorporarán perros para la búsqueda y rastreo de personas en sus fronteras

Siguiendo el camino de Croacia, que ya ha sido señalada por emplear perros policía para amedrentar y atacar a las personas migrantes con el fin de expulsarles de su territorio, España, Polonia y Lituania, planean incorporar, si no lo han hecho ya, perros para la búsqueda y rastreo de quienes intentan cruzar las fronteras. Entre estos países, España, Croacia, Lituania y también Eslovenia, además, se harán con vehículos para el transporte de personas migrantes detenidas en la frontera con el fin de agilizar su expulsión a los países vecinos. El traslado de personas entre países fuera de los procedimientos establecidos ha sido declarado ilegal y definido como “devoluciones internas” por varias sentencias en Eslovenia, Austria o Italia, señalan las entidades.

Preocupa a las organizaciones especialmente que Grecia, país que ha sido varias veces señalado por las condiciones de sus centros para extranjeros —condiciones que incluyen un régimen carcelario y restricción de movimientos— sea el mayor destinatario de estos fondos, contando ya con mil millones de euros para la gestión de sus fronteras. Dinero que está utilizando para financiar los centros de identificación en sus islas, y también para poner en funcionamiento el primer centro de recepción del país en Pournara. Todo esto mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene el país bajo su mira por diversas vulneraciones de derechos. 

Frente a este extenso uso de los fondos comunitarios para afinar las políticas de persecución y control de personas migrantes, los estados apenas recurren al BMVI para financiar otros ámbitos previstos por este mecanismo: las medidas de apoyo enfocadas a personas que tengan condiciones de vulnerabilidad o a niñas y niños que viajan solos. Tras evaluar el destino de la financiación, los investigadores han encontrado que solo un 0,4% de los programas de los estados miembros (apenas 1,3 millones de euros) se dedican a estas medidas de apoyo. 

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Fallas en el seguimiento

Para fiscalizar las grandes sumas de dinero que se mueven a través del programa BMVI se prevé la creación de comités de vigilancia. En teoría, expertos en derechos humanos, sociedad civil, y de manera potencial, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, deberían participar de estos mecanismos, explican desde las entidades autoras del informe. Pero no es así: las organizaciones de la sociedad civil apenas tendrían cabida y relevancia en estos espacios. PICUM y ECRE solo han podido saber tras requerimientos de información que la Comisión Europea habría interpuesto algunas objeciones a las estrategias nacionales en su fase de planificación. 

Grecia, Chipre, Polonia y Turquía aparecen entre los estados cuestionados por las vulneraciones de derechos humanos encontradas en sus programas, no queda claro de qué manera la Comisión aprobó finalmente las propuestas de estos estados. Una falta de transparencia, recuerdan las organizaciones, que ha sido objeto de crítica por parte del Parlamento Europeo.

“La UE y sus Estados miembros deben garantizar que respetan los derechos fundamentales de las personas en las fronteras, incluida su protección frente a la devolución, los tratos inhumanos o degradantes y el derecho a la vida, así como su derecho, a menudo desatendido, a acceder a asistencia jurídica y recursos legales”, ha afirmado en este sentido Catelli.