Galicia
Así te contamos la mayoría absoluta del PP, el fracaso del PSOE y el hito histórico del BNG

La totalidad de las mesas electorales de Galicia han sido constituidas sin incidencias, según informa la Xunta y la primera candidata en acercarse a votar a su colegio electoral ha sido Ana Pontón, la líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

“Hoy Galicia puede hacer historia”, defendió la candidata a la Presidencia a las puertas de su colegio en Santiago de Compostela. “Estoy muy tranquila, muy contenta, muy ilusionada y muy orgullosa” de toda la campaña electoral que llevaron a cabo su partido y su militancia: “Una campaña en positivo, de ideas, que creo que ha ilusionado a muchas personas y que las ha reconciliado con la política”. Ana Pontón llamó a “esa movilización masiva” necesaria para que “haya cambio”: “Hoy es el día en el que la ciudadanía tiene el poder de decidir el futuro de este país en sus manos”.

Todas las miradas están puestas sobre Galicia este domingo. Probablemente, más de lo que lo hayan estado en los últimos 15 años. No solo las que observan atentas desde el Estado español, sino también las de los casi 2,7 millones de electores y electoras que hoy deciden, en parte, su futuro. Siempre lo han decidido, no es que no haya habido otras elecciones en los anteriores tres lustros. Lo que no había era esperanza de cambio entre el electorado progresista.

Pero eso ha cambiado a una velocidad inalcanzable hasta para el más ávido de los spin doctors, sobre todo, para los que facturan en las calles Ferraz y Génova. Una nueva pulsión social estalló tras el desastre ambiental de los pellets que agitó la memoria emocional de un pueblo, en la última década, asentado en la desidia de la imposibilidad de cambio, aunque a decir verdad el tablero ya se había llevado un buen vuelco en abril de 2022.

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Varias monjas de procedencia religiosa todavía no identificada han sido pilladas por vecinos de Vigo (Pontevedra) colocándoles la papeleta en la mano a las afueras del colegio electoral del barrio de San Roque a personas mayores con apenas movilidad. La imagen ha sido capturada por vecinos y vecinas que han denunciado públicamente los hechos.

El primer avance de participación en las Elecciones de Galicia de este 18F arroja dos puntos menos que en el año 2020 a las mismas horas. Alrededor del 17% del censo electoral había acudido ya a los colegios electorales a las 12h, cuando en la anterior ocasión el porcentaje superaba el 19%. La participación a esta hora es mejor, sin embargo, que la de los comicios de 2016.

En las últimas elecciones, realizadas en plena pandemia, la participación no alcanzó el 50%. 

Besteiro, candidato del PSdeG señaló: “Animo a los gallegos y gallegas a participar en un día histórico para nuestro país. Tengo muy buenas vibraciones. Participad, votad, que se escuche vuestra voz para que Galicia avance.”

El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) ha hecho de nuevo un gran servicio a la ciudadanía el desvelar los llamados Paradise Papers; listas de evasores de impuestos, sus trucos y trampas. Son más de 13 millones de documentos que revelan la ocultación en paraísos fiscales de grandes o considerables patrimonios y de fructíferos movimientos de dinero de personas ricas o muy ricas que no lo han declarado. Obviamente para no pagar impuestos.

Personajes dignos de todas sospecha como Jared Kushnerm (yerno de Donald Trump), Wilburg Ross (secretario de Estado de Comercio de EEUU), reina Isabel II de Inglaterra, la cantante Madonna, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el especulador Georges Soros, el cantante Bono, el ex-alcalde de Barcelona Xavier Trías o el músico José María Cano de Mecano.

También han hecho trampas fiscales grandes y sospechosas empresas como Uber, Apple, Nike o los bancos HSBC, Citigroup, Credit Suisse, Wells Fargo, Bank of América más una larga lista de grandes empresas, corporaciones y grandes fortunas familiares que pagan mucho menos de lo que debieran hasta tal punto que su conducta debería ser considerada delito. Pues más allá del eufemístico e hipócrita lenguaje políticamente correcto, evadir impuestos es robar a la ciudadanía. ¿Acaso robar no es apropiarse de algo ajeno contra la voluntad de su dueño? Y, salvo que aceptemos vivir en la barbarie, no pagar impuestos es impedir la redistribución de la riqueza que suponen los impuestos. Es apostar por la inhumanidad, es condenar a grandes masas a la desigualdad, a la pobreza humillante.

Gabinetes de abogados y asesores también en el punto de mira

En esa inaceptable evasión o elusión de impuestos, cuentan esos delincuentes evasores con la impune colaboración de gabinetes de caros abogados y asesores fiscales. Como Appleby en las islas Bermudas, Asiaciti Trust en Singapur o el ya conocido Mossak Fonseca de Panamá. Carísimos bufetes que ofrecen servicios de transferencias, desvíos de dinero, trucos y tramas empresariales, anonimato, deslocalización y ocultación de fortunas. 

Según los desvelados Paradise Papers, la multinacional estadounidense de ropa deportiva Nike, por ejemplo, ha desviado durante diez años miles de millones de euros de beneficios al paraíso fiscal de Bermudas donde tenía registrados los derechos de su conocido logotipo aún sin tener en ese territorio oficina alguna ni empleados. Por un acuerdo con el gobierno holandés, Nike utiliza una empresa en ese país como base intermedia del envío de beneficios desde cualquier país europeo al paraíso fiscal Bermudas, mediante un abracadabra intermedio que perpetran la empresa Nike International del grupo de esa multinacional y una sociedad comanditaria.

Trampas semejantes son utilizadas por las multinacionales para pagar muchos menos impuestos de los que deberían, como el caso de Inditex. Se escaquean fiscalmente con el llamado 'doble irlandés' que es crear dos compañías irlandesas, una en Irlanda y otra en un paraíso fiscal. Las transferencias, cobros y pagos u otros movimientos de dinero entre ambas dan como resultado final pagar muchos menos impuestos. Que Apple no paga los impuestos que debería es notorio. Según el Institute of Taxation and Economic Policy, Apple elude pagar 76.000 millones anuales en impuestos y eso es mucho dinero, mucha evasión.

Apple elude pagar 76.000 millones anuales en impuestos

Los cómplices gabinetes de abogados y asesores fiscales que hacen posible pagar menos a grandes corporaciones y enormes fortunas tienen oficinas donde no se pagan impuestos y la información de capitales, depósitos, cuentas corrientes y operaciones financieras está escondida y el secreto bancario es una religión. Desde las Islas Caimán a la isla de Malta (en medio de Europa) o Barbuda, Bahamas, Bermudas, Samoa y Vanuatu... esos lujosos gabinetes de abogados ofrecen la impune creación de tramposas empresas y retorcidas estructuras fiscales a clientes que posean más de 30 millones de euros. Para no pagar impuestos. 

Crece el fraude fiscal

Cabe recordar que en el Reino de España, en 2015 y 2016 el envío de dinero a paraísos fiscales se multiplicó por cuatro y hoy una cuarta parte del dinero que España invierte acaba en esas guaridas financieras que llamamos paraísos fiscales. Así lo asegura el informe de Oxfam Intermón El dinero que no ves sobre la estrecha relación entre paraísos fiscales, evasión fiscal y aumento de la desigualdad. Otro sí, en 2016 las empresas del Ibex 35 tenían 891 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué de no ser para evadir o eludir impuestos? 

Por otra parte, el dinero global acumulado en paraísos fiscales aumentó un 45% de 2008 a 2016; más del doble del crecimiento económico mundial del mismo período, mientras de 2007 a 2014 los beneficios de las corporaciones multinacionales de los países de la OCDE se triplicaron. Pero pagaron menos impuestos. Dicho de otro modo, hubo más evasión y elusión de impuestos.

El dinero global acumulado en paraísos fiscales aumentó un 45% de 2008 a 2016; más del doble del crecimiento económico mundial

Según el citado informe, los Estados en fase de desarrollo (es decir, empobrecidos y explotados por países ricos) dejan de recaudar cada año nada menos que 85.000 millones de euros... porque cientos de miles de millones de euros se ocultan en paraísos fiscales. Para no pagar impuestos. Y no los pagan. Con esa recaudación, como botón de muestra, se hubieran escolarizado más de 120 millones de niños y niñas o se hubieran creados centros de salud y hospitales públicos que hubieran salvado seis millones de vidas en esos países empobrecidos.

Acabar con los paraísos fiscales o aceptar un estado general de injusticia

Si el Estado no recauda bastante porque se evaden o eluden impuestos, no puede atender las necesidades sociales y los derechos de la ciudadanía. Ante esa insuficiencia recaudatoria, los gobiernos se endeudan, recortan gasto social o ambas cosas. Si se endeuda el Estado, paga intereses y dispone de menos dinero para atender los derechos de la gente. Si además recorta gasto social (como miserablemente exige la Unión Europea, por ejemplo) los derechos de la gente se van al garete y no se respetan el derecho a la educación, a la atención a la salud ni a la protección social para tener un vida digna. Y, si los derechos esenciales de la gente no se respetan, crece la desigualdad y aumenta la pobreza. Es el estado general de injusticia. 

Contra eso se necesita una ley contra la evasión fiscal así como la definición clara de paraísos fiscales sin trampas ni dilaciones. Y actuar con energía y contundencia contra los paraísos fiscales para hacer frente a la evasión y elusión de impuestos.

Para que no haya dudas de que estamos hablando, paraísos fiscales son los territorios en los que apenas se pagan impuestos por patrimonio y beneficios o sencillamente no se pagan. Además de que la información sobre los titulares de riqueza y los beneficiarios de positivas especulaciones financieras y operaciones empresariales están bien ocultos y son casi secreto de confesión.

Ayer martes 7 de noviembre se conoció la intervención –supervisión sería la palabra correcta–, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministro Cristóbal Montoro. En el nombre de la Regla de Gasto, el golpe en la mesa del gobierno del PP llega en una coyuntura política marcada por la tensión territorial entre el Estado español y Cataluña. En este sentido, resulta tentador a bote pronto plantear la actuación del gobierno central como parte de una política de intervención generalizada de las entidades políticamente "incómodas" para el gobierno del PP. Siguiendo esa lógica, en el día de ayer habríamos vivido una suerte de primer episodio de la aplicación generalizada del artículo 155 de la Constitución, en este caso sobre la ciudad de Madrid.

Sin negar la arbitrariedad política de la decisión de Montoro, esta explicación en clave "nacional" y únicamente centrada en el PP se queda evidentemente corta, además de no ayudar en absoluto a la comprensión de los escenarios que se abren en el corto y medio plazo.

Todo ello obliga a recordar que la Regla de Gasto sólo juega en el campo de las imposiciones de la Unión Europea, siempre encomendada al gobierno de los poderes financieros y como desarrollo específico del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda como prioridad absoluta. Quizás el producto más acabado del espíritu que llevó a la reforma constitucional exprés votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en esos momentos posteriores al 15M.

El gobierno alemán, valedor de los intereses financieros continentales y cabeza visible de las políticas de austeridad, ha sido siempre consciente de la necesidad de una especie de principio de subsidiariedad que diera nuevos poderes de intervención a la administración central frente a unas entidades locales y regionales donde la "Troika" no llegaba con la misma eficacia en sus intervenciones. De hecho, es bajo esta rúbrica que las cuentas catalanas, entre muchas otras, llevan intervenidas por el Estado los últimos cinco años.

Con todas estas medidas, Bruselas impuso el control por parte del Estado del gasto en los niveles locales y autonómicos como precepto derivado del recién estrenado articulo 135 de la Constitución. Y la interpretación concreta de esta orden de Bruselas por parte del ministro Montoro fue La Ley de Estabilidad 2/2012, que ampara la Regla de Gasto y que posiblemente es una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el irracional e injusto universo económico de la austeridad.

De reducirse el PEF como plantea el Ministerio, nos encontraríamos ante una paralización casi completa de las obras de escuelas Infantiles, Polideportivos, del arreglo de las calles o de los Centros de Mayores

Efectivamente, nos encontramos ante una norma anticíclica, es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que curiosamente sólo produce sus peores efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Como se ha demostrado en el caso madrileño, cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más obliga a que el presupuesto disponible se dirija al pago de la deuda y no a gastos o inversiones sociales. Al contrario del resto de países europeos, donde no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, ésta no deja de ser un indicador y una recomendación, algo que en España se convierte en una espada de Damocles para los presupuestos públicos.

Madrid debe desobedecer a su destino 

En el caso de la ''intervención'' de ayer sobre el Ayuntamiento de Madrid, se establecen unos nuevos requerimientos que provocarían recortes de más de 238 y 243 millones de euros para 2017 y 2018, respectivamente. Semejantes recortes supondrían –por poner un ejemplo–, que el capítulo de inversiones para 2018, cuantificado en el Plan Presupuestario a Medio Plazo de Madrid en más de 575 millones de euros y que en el PEF ahora denegado se rebajaba a 377,95 millones, se quedaría en la escalofriante cifra de 134,95 millones de euros. De hecho, nos encontraríamos ante una paralización casi completa de las obras de escuelas Infantiles, Polideportivos, del arreglo de las calles o de los Centros de Mayores.

De alguna manera, se ha sobrepasado la línea roja de la proyección de unos presupuestos que cumplan la ley sin aplicar recortes. Ya en el PEF ahora rechazado se aplicaban recortes significativos en los capítulos 4 y 6, además de un aumento de ingresos basado en la venta de parcelas de uso industrial, algo que se vuelve ineficaz en la actual situación. De nuevo el PEF de Madrid no vale y nunca valdrá, porque nos enfrentamos a una batalla que no atiende a arreglos técnicos, sino a pautas políticas.

Los costes del cambio de coyuntura anunciado por el BCE serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los grandes ayuntamientos en forma de recortes de presupuesto

Todo ello nos lleva a la pregunta ¿Qué puede hacer Ahora Madrid? Sabemos que –para Montoro–, estamos ante uno de los mejores experimentos de sus reglas del juego, aquellas que deberán regir en el nuevo escenario de crisis que se avecina. Y es que la finalización de las políticas de estímulo del Banco Central Europeo nos llevarán a nuevos episodios de crisis de deuda, tanto lo que ya sobrevuelan con sus políticas de austeridad a los Ayuntamientos como aquellos que no tardarán en fijarse con más fuerza en las Comunidades Autónomas y los servicios esenciales que prestan.

En efecto, a partir de enero, el verdadero impulsor de la endeble recuperación económica del Estado español, la compra masiva de bonos por parte del BCE, se reducirá a la mitad en su vertiente de compra de activos públicos. Esto nos llevará con toda seguridad a un aumento de los costes del endeudamiento para todas las administraciones públicas que emiten deuda y, también con toda seguridad, hacia una nueva ronda de recortes y privatizaciones que Bruselas ya ha exigido que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin duda, como ha sucedido en otras ocasiones –y la Regla de Gasto es el mejor ejemplo–, los costes de este cambio de coyuntura serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los grandes ayuntamientos.

Por este motivo, en este episodio de Madrid estamos pagando cara las renuncias a reconocer y encarar políticamente el poder financiero europeo sobre su provincia española. El PP sigue en el gobierno porque el BCE le ha mantenido ahí a base de mantener el grifo de estímulos financieros abierto. Montoro ataca a Madrid porque la UE le concedió al Estado central poderes discrecionales para hacerlo, incluso en una coyuntura de crecimiento económico. Por esta razón, el espectro político del cambio, y más en general cualquier fuerza política que aspire a una mínima transformación, no puede seguir sin afrontar esta batalla política relacionada con las políticas de austeridad y deudocracia que, hoy por hoy, siguen definiendo la zona Euro

Ante todo ello es clave remarcar que estamos ya fuera del marco de “respetar la ley sin aplicar recortes” el PEF anterior nos dejo ya en la última línea roja y con serios problemas para gestionar el presupuesto. Ahora Madrid se encuentra con el dilema que va entre armar una batalla que excede a la ciudad de Madrid para capitanear la rebeldía, o aplicar recortes que llevarían al presupuesto madrileño a retrotraerse a los peores años de la crisis, dejando así sin ejecutar una buena parte de los proyectos que se tenían programados. En consecuencia, estamos ante un dilema que excede las posiciones institucionales locales e implica al conjunto de los procesos y movimientos de cambio que llevaron a las candidaturas municipalistas al gobierno de muchas ciudades para buscar en común el camino de la desobediencia y la democratización de nuestras ciudades.

El candidato del Partido Popular y presidente en funciones de la Xunta de Galicia declaró en el momento de la votación: “Agradecer el trabajo de todas las personas que están en las mesas y de los interventores de todos los partidos, pido que todo discurra con normalidad y las 20 de la tarde esperaremos los resultados del que decidan los gallegos y gallegas”

Una de las cosas que visibiliza la crisis catalana es que nuestro Estado aún debe refinar algunas de sus rutinas para volver a la rutina. Porque quizás lo más trascendente de todo el procés —lo que va a dejar huella— no sea que una mayoría coyuntural se suba a la parra, sino que una estructura permanente del Estado funcione como funciona. Porque las mayorías coyunturales pasan (o pueden pasar), los Estados permanecen.

La jueza estaba a lo suyo cuando, de repente, ha mirado por la ventana y ha visto que se le venían encima los reporteros de Ana Rosa

Dicen algunos que la jueza Lamela no está ahí para tomar decisiones con esa trascendencia política. Que no ganamos nada con esta decisión. Pero sucede que la jueza no está ahí para ganar nada con sus decisiones. La jueza estaba a lo suyo cuando, de repente, ha mirado por la ventana y ha visto que se le venían encima los reporteros de Ana Rosa.

Opinan los críticos ahora que la jueza debería tener en cuenta muchas cosas, demasiadas cosas: la proximidad de las elecciones, la oportunidad política, el equilibrio de fuerzas... Yo creo todo lo contrario: la aplicadora de la norma no debería tener en cuenta esas cosas, porque la estructura jurídica debería filtrar los asuntos hasta dejarlos despolitizados cuando lleguen a la mesa de una jueza. Y eso no está siendo así.

Hay delitos que nunca o casi nunca se aplican, de tal modo que su función como norma punitiva se reduce a una suerte de amenaza latente, como un ejército quieto pero armado

La organización judicial en nuestro país y, por supuesto, las dependencias del autónomo Ministerio Público, están marcados por el juego de fuerzas políticas. Sin duda que hay margen de reforma virtuosa en ese terreno; sin embargo, suele quedar en los márgenes de las críticas la persistencia en nuestro código penal de algunos preceptos de eficacia simbólica. O sea, delitos que nunca o casi nunca se aplican, de tal modo que su función como norma punitiva se reduce a una suerte de amenaza latente, como un ejército quieto pero armado.

Su eficacia real, o aun su efectividad, no puede valorarse como hacen los teóricos del derecho con otras normas. Y, sin embargo, ahí siguen, como una estatua conmemorativa que no dice nada y recuerda mucho. El problema que se deriva de esta persistencia en el código es que cuando estos delitos, excepcionalmente, pueden aplicarse, el margen de interpretación es tal que los problemas de “politización de la justicia”, como solemos reconocerlos, se subliman. Porque sucede que esos artículos —colmados de semántica extraña a las rutinas sociales, reconocibles, y huérfanos de debate doctrinal y jurisprudencial— solo pueden desencriptarse desde una posición política concreta; solo pueden cristalizar desde un esfuerzo epistemológico posicionado ideológicamente. Y así sucede que una jueza, involuntariamente, hace política.

Porque la jueza de marras se ha encontrado con un asunto que ha caído en —o lo han empujado a— la Audiencia Nacional, un tribunal de contorno extraño. A la jueza le ha montado la querella una Fiscalía veteada de querencias políticas. Y así es que la jueza coge los papeles tragando saliva y confronta los hechos presuntos con los delitos de rebelión y sedición, unos preceptos penales cargados de elementos indeterminados. Veamos: no se puede ser sedicioso si el interfecto no se alza tumultuariamente. Lo del adverbio de modo ya tiene lo suyo, y parecería necesaria, por interpretación sistemática, que el tumulto incorporase cierto desorden intimidante (si no, estaríamos en un delito del art. 514.5CP, o sea, un delito que castiga a los promotores de una manifestación para subvertir el orden constitucional); pero ese cierto desorden que implica la sedición no puede equipararse con un ejercicio de violencia, ya que en tal caso estaríamos ante un delito de rebelión. Que haya habido violencia en los hechos valorados solo podría determinarse bajo una interpretación extensiva poco garantista y que sin duda no puede parangonarse con los precedentes (bendita violencia, podríamos decir en tal caso).

Al fin y al cabo el 15% de los internos en centros penitenciarios españoles no tienen sentencia. Otra rutina insoportable

Pero al margen de estas especificidades, los preceptos en cuestión exigen, como verbo nuclear, alzarse. Y es que alzarse es un verbo que solo puede tomar significado en el terreno político y, casi por definición, debe ejecutarse mediante una infraestructura armada (España, un país de alzamientos…); alzarse incorporaría la necesidad del uso de la fuerza para obtener el poder de manera inmediata, para tomar el control de centros políticos neurálgicos materialmente (el Congreso, el Consejo de Ministros…). Tan es así que, también por interpretación sistemática, podría incluso invadirse violentamente el Congreso sin que mediase el alzamiento, es decir, sin que medie esta intención de tomar el control de manera inmediata, como prevén los arts. 493 y 495CP. Todo muy novelesco, sí.

Sin embargo, a pesar de que interpretaciones garantistas como las que proponemos aquí harían inaplicables estos preceptos, lo cierto es que su lejanía conceptual los hace tan maleables como para hacer argumentable su aplicación. Y es que estamos ante tipos penales que, al quedar redactados en clave decimonónica, en su traslación a la actualidad dejan un margen de interpretación intolerable a tenor del mandato de taxatividad que el legislador penal no atendió en su momento (a pesar de las enmiendas que modificaron restrictivamente el proyecto original). Para rematar el desaguisado procesalmente, la jueza valora los riesgos, la oportunidad, la necesidad y… zas, a la cárcel por si acaso. ¿Por qué no? Al fin y al cabo el 15% de los internos en centros penitenciarios españoles no tienen sentencia. Otra rutina insoportable.

Lo más perturbador de esta historia no es que se encarcele a políticos. Al contrario, ese es un síntoma de poder del demos sobre la aristocracia (los griegos tenían la figura del ostracismo, aunque en Cataluña, paradójicamente, los políticos damnificados van a pasar a un primer plano). Lo más perturbador es la casi total seguridad de que, con el mismo código y ante los mismos hechos, el desarrollo procesal estaría siendo muy distinto bajo otro ejecutivo central y con otras mayorías parlamentarias. De hecho, y a la vista del revuelo, lo que confirmaría esta hipótesis sería que los miembros del Govern, por alguna casualidad procesal, fueran excarcelados antes del 21 de diciembre. Veremos.

El problema ya no son solo las conductas exorbitadas, los intereses espurios o la ruptura territorial. El problema pasa a ser el de los patinazos jurídico-políticos de quienes están ahora en posición de poder

Los parámetros de análisis de la crisis catalana han cambiado. El problema ya no son solo las conductas exorbitadas, los intereses espurios o la ruptura territorial de España. El problema pasa a ser el de los patinazos jurídico-políticos de quienes están ahora en posición de poder, que serían los patinazos del Estado mismo. El problema ya no son solo los rebeldes, sino los modos en que se les conceptúa —a estos o a los que vengan—. Porque de eso va a depender que ser rebelde sea motivo para la injuria o para la lisonja, para el ostracismo o para la gloria.

Puta, sindicalista y feminista. Georgina Orellano es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), un colectivo reconocido por la Central de Trabajadores de la Argentina que agrupa a más de 6.000 trabajadoras sexuales. Su objetivo: conseguir el reconocimiento institucional de su profesión. Hablamos con Georgina en la sede en Madrid de Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo. 

Lo primero que me llama la atención es que AMMAR está reconocida como parte del movimiento sindical.
Sí. AMMAR es una organización que ya lleva 22 años y desde sus inicios se integró en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, que tiene un nuevo modelo sindical que permite nuclear, no solamente aquellos trabajos que están reconocidos por el Estado, sino también todos los movimientos sociales que luchan precisamente contra la precarización laboral, contra los marcos ilegales, por acceder a derechos laborales. Las trabajadoras sexuales estamos nucleadas en una central obrera y somos parte de la cotidianidad de estar todo el tiempo con otros sindicatos, con otros trabajadores y trabajadoras. Tenemos un camino reconocido en el mundo sindical argentino. Nosotras, más allá de que nuestro país no reconozca nuestro trabajo como un trabajo, ya ganamos mucho espacio cuando la CTA [Central de Trabajadores de la Argentina] nos reconoció como trabajadoras. 

¿El Gobierno argentino os tiene también como un agente interlocutor?
No, nuestra lucha es justamente esa. En Argentina el trabajo sexual no está contemplado como un delito pero en los últimos años se han aprobado muchas normativas, leyes y ordenanzas para combatir la trata de personas que equipararon nuestra actividad con la trata y con las que se han prohibido ciertas modalidades del trabajo sexual. Han prohibido el trabajo sexual en pisos, en whiskerías, en cabaret. Han prohibido también la oferta de trabajo sexual en medios de comunicación. Muchas de nuestras compañeras han tenido que generar otros mecanismos para seguir trabajando, de manera mucho más precaria y mucho más clandestina, porque no pueden publicar sus servicios en los clasificados de los diarios. Su alternativa son los volantes en la vía pública, pero eso también ha generado que una parte del movimiento feminista que considera nuestro trabajo como una actividad que violenta el cuerpo de la mujer haya hecho campaña para estigmatizar esa forma de trabajo. Todas estas ordenanza y leyes que han salido adelante lo han hecho impulsadas por el feminismo abolicionista. Nuestras voces no fueron escuchadas y no fuimos parte de las mesas de discusiones.

Creemos importante que, cuando se despliegan políticas punitivas o políticas públicas sobre un sector, sea ese sector el que tenga que decidir, no que otros hablen por él

Frente al feminismo abolicionista, vosotras también os consideráis feministas y estáis reconocidas por buena parte del movimiento feminista argentino.
Tenemos un reconocimiento a nivel social y dentro del feminismo que hemos logrado a través de los años, cuando comenzamos a incidir, entendiendo que el feminismo también nos pertenece, que también las trabajadoras sexuales somos feministas.  El feminismo históricamente ha excluido a ciertos sectores, no solamente a las compañeras lesbianas, negras, musulmanas o a las compañeras trans, sino que también hay una historia de exclusión dentro de los feminismos hacia las prostitutas. La gran batalla que damos ahí es marcar la agenda, que nuestras voces sean escuchadas, interpelar al feminismo que no nos reconoce como un sujeto de derechos para que se comprenda que, más allá de que cada una pueda tener una posición sobre la prostitución, abolicionista o a favor del reconocimiento de derechos, lo importante es que el sujeto debe decidir por sí mismo. Creemos importante que, cuando se despliegan políticas punitivas o políticas públicas sobre un sector, sea ese sector el que tenga que decidir, no que otros hablen por él. Ese es el feminismo que nosotras defendemos, la principal ética feminista en torno a la autonomía de las mujeres.

Ahora os enfrentáis a la represión que se deriva, desde 2012, de la nueva Ley de Trata, pero vuestra reclama es la regulación de la profesión.
Nosotras lo que comprendemos es que la prostitución sí está regulada por el Estado, pero de una manera punitiva. Nuestra lucha es que se regule desde el derecho laboral.

¿Y hay algún modelo que consideréis más positivo?
Son muy pocos los países que tienen regulado el mercado sexual. Hemos profundizado en cada modelo, hablado con colectivos de trabajadoras sexuales, y con el que más sentimos empatía es con el modelo de Nueva Zelanda, pero también entendemos que cada país tiene su propio contexto socio económico. No es lo mismo Nueva Zelanda que Argentina, aparte de que son países con marcos legislativos y sociedades distintas. En nuestro país hay que seguir dando la batalla cultural más allá de que tengamos leyes de vanguardia, como la del matrimonio igualitario o la de igualdad de género. Hay otras que nos tienen como protagonistas a las mujeres que todavía están pendientes: una es el aborto, otra es el trabajo sexual.

Lo que hicimos fue preguntarnos a nosotras mismas de qué manera queremos que el Estado reconozca nuestros derechos. No hablamos de un modelo reglamentarista, tampoco hablamos de un modelo de regulación. Hablamos de un reconocimiento de derechos. No queremos que el Estado intervenga al 100% en nuestra vida, queremos tener autonomía en el trabajo sexual, pero entendemos que el Estado tiene que estar presente con derechos y garantías, garantizar que tengamos acceso a la obra social, al aporte jubilatorio, a vivienda, a la educación para aquellas compañeras que no han tenido la posibilidad de terminar la Primaria y Secundaria.

También entendemos que las compañeras deben poder trabajar sin ser perseguidas por las fuerzas de seguridad, sin tener que pagar coimas [sobornos] o cánones a la policía para que les dejen trabajar tranquilas, y hablar también de un marco de descriminalización. En Argentina tenemos muchas leyes que criminalizan ciertos espacios: la vía pública, los avisos clasificados, los lugares de alterne, los pisos. Creemos que debe haber una discusión con esas legislaciones y debemos ser nosotras las que estemos sentadas ahí y podamos decidir de qué manera queremos trabajar, respetando que el mercado sexual es muy amplio y hay muchas modalidades, y la ley que queremos llevar adelante tiene que ser inclusiva.

El modelo de Nueva Zelanda incluye políticas públicas para las trabajadoras y el impulso de cooperativas para que las trabajadoras puedan agruparse y trabajar de manera autónoma

¿Puedes contar más sobre el modelo de Nueva Zelanda?
Es un modelo que se considera 'neorregulacionista' y que incluye políticas públicas para las trabajadoras sexuales, el impulso de cooperativas para que las trabajadoras puedan agruparse y trabajar de manera autónoma. También la creación de una mesa de diálogo para tratar mejoras a la ley en la que estén incluidas las trabajadoras sexuales. Es una ley pensada para beneficiar a las trabajadoras sexuales. En otros países, las leyes van más en beneficio de las terceras partes, de los empresarios. En cambio el modelo neorregulacionista de Nueva Zelanda tiene más una perspectiva de derechos laborales para las trabajadoras sexuales.

Entonces no es una ley que beneficia a los prostíbulos.
No. Aparte, crea la posibilidad de que el Estado pueda otorgar créditos para que las trabajadoras sexuales puedan crear una cooperativa.

Es un momento propicio para, desde la resistencia, hacer alianzas con sectores del movimiento feminista, del movimiento sindical, y hacerles comprender que las trabajadoras sexuales somos parte de la sociedad y también abrazamos otras causas que nos interpelan y nos pertenecen

Pero, con Mauricio Macri gobernando Argentina desde 2015, la situación no parece muy propicia para conseguir este reconocimiento. ¿Ha empeorado la situación que vivís desde que comenzó su gobierno?
Desde que está gobernando ha desplegado políticas neoliberales y arrasado con muchas políticas públicas que fueron conquistas por el movimiento de mujeres, por el movimiento feminista y, sobre todo, por la clase trabajadora. La violencia hacia nuestro sector se ha recrudecido. Hay más persecución policial hacia las trabajadoras sexuales. Hay una disputa sobre quien puede hacer uso del espacio público y quien no, donde quedamos fuera las trabajadoras sexuales, las trans, todas aquellas que pertenecemos a los sectores populares, los migrantes. Dieron más capacidades a a las fuerzas de seguridad para que puedan tomar acción contra nosotras, amparados en discursos xenófobos, transfóbicos y putofóbicos. Hay detenciones arbitrarias por no portar DNI, por averiguación de antecedentes a partir de importación de rostros. No es lo mismo ser blanca que ser negra… Todo eso ha vuelto de nuevo, y hay al menos una parte de la sociedad que apoya echar a los migrantes, no quieren a las travestis, no quieren a las putas... quieren un espacio público “limpio”.

Claramente sabemos que este no es un contexto propicio para poder impulsar leyes como las que reivindicamos, cuando la gran mayoría de actividades diarias de la militancia se basan justamente en eso, en defender que nuestras compañeras no se vayan presas, que ninguna compañera trabajadora sexual migrante sea expulsada,en ayudar a que las compañeras puedan hacerse su documentación. Nosotras somos las primeras que intervenimos ante una detención arbitraria en las comisarías y también pedimos colaboración de otros sectores de movimientos sociales para que también puedan visibilizar la problemática.

Ahora se está discutiendo una reforma laboral, pero nosotras estamos en un escalón mucho más abajo: no tenemos reconocido nuestro trabajo, trabajamos en la clandestinidad, perseguidas por la policía, estigmatizadas por una parte de la sociedad, excluidas por una parte del feminismo, y ahora hay una reforma laboral que viene a arrasar con los derechos que la clase trabajadora ya había conquistado, así que no es un momento propicio para pedir cambios de leyes. Pero sí es un momento propicio para, desde la resistencia, hacer alianzas con sectores del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, del movimiento sindical, y hacerles comprender que las trabajadoras sexuales somos parte de la sociedad y también abrazamos otras causas que nos interpelan y nos pertenecen.

Las leyes que llevan a cabo los gobiernos de izquierdas no terminan favoreciendo a ciertos sectores si estos no son escuchados

También es buen momento para poner sobre la agenda, sobre todo del kirchnerismo, que estuvo 12 años en el gobierno y desplegó unas leyes prohibicionistas sobre nuestro sector, que hoy han dejado a un gobierno liberal todos esos dispositivos estatales en bandeja y es por eso que ahora se despliega una mayor violencia. Encontrarnos en la calle con los movimientos que apoyan al kirchnerismo hace que ganemos en aliados y se pueda hacer ver que las leyes que llevan a cabo los gobiernos de izquierdas no terminan favoreciendo a ciertos sectores si estos no son escuchados. Respecto a esto sí que hemos logrado que muchas agrupaciones políticas alineadas con el kirchnerismo nos incluyan en su agenda feminista, de género, y vengan a preguntarnos qué es lo que queremos para que mejore nuestra vida.

Cambiando de tema, veo que llevas la palabras 'puta' tatuada en el brazo. Supongo que es para reivindicarla y reapropiárosla.
Nosotras históricamente dentro del movimiento de trabajadoras sexuales en Argentina rechazábamos las palabras puta y prostituta. Nuestra identidad principal siempre fue la de trabajadora sexual, primero porque es propia de nuestro sector, segundo para situarnos como parte de la clase trabajadora. Nos escapábamos de esas muchas otras palabras que siguen usándose como insulto dentro de esta sociedad machista y patriarcal, que durante mucho tiempo nos han herido. Nos ha dado vergüenza cuando se referían así hacia nosotras porque son palabras que cargan con mucho estigma y discriminación. Cargan con la intención de aleccionar a las mujeres que nos salimos de las normas establecidas. No por nada nuestro oficio es utilizado como un insulto, cosa que no pasa con otros oficios. No se dice albañil como insulto, no se dice empleada de casa particular como insulto. Se dice puta porque hay un sector de trabajadoras sexuales que está estigmatizado, que trabaja con una parte del cuerpo que una parte de la sociedad la sigue considerando con una concepción de sacralidad.

Tenemos que dar la batalla, no solamente en las leyes y desde la transformación social, sino también apropiarnos del discurso, apropiándonos del lenguaje 

Luego de participar en un encuentro en 2014 acá en Barcelona con el movimiento de trabajadoras sexuales de Europa, que orgullosamente llevaban remeras [camisetas] en las que ponía “putas feministas” y se reivindicaban así, discutimos en AMMAR y decidimos que sí, que ya demasiado le regalábamos al patriarcado todos los días como para seguir regalándole también parte de nuestra identidad. Que tenemos que dar la batalla no solamente en las leyes y desde la transformación social, sino también apropiándonos del discurso, apropiándonos del lenguaje.

Durante la jornada electoral de este domingo, varias monjas y personas sin identificar ha sido capturadas llevando a votar a ancianos y ancianas internas en dos asilos de Cambados (Pontevedra) y Lugo.

Según el relato de las personas que han tomado las fotografías, en el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Lugo, el tránsito de monjas y otras personas no identificadas llevando a ancianos y ancianas a votar no ha cesado durante las primeras horas de la mañana.

Además de en Lugo también ha sido documentado un fenómeno similar en el asilo de Cambados, en las Rías Baixas. Allí, según el relato de quien lo ha documentado gráficamente, un par de coches se mantuvieron durante toda la mañana haciendo viajes de ida y vuelta a los colegios electorales correspondientes, subiendo y bajando a más personas mayores internas en el asilo.

Desde El Salto Diario hemos documentado los hechos con un fotorreportaje que puede consultarse aquí.

La participación a las 17h en las urnas gallegas se ha disparado en 6,29 puntos con respecto a las elecciones de 2020, situándola a esta hora en un 49,26% de los electores o, lo que es lo mismo, un total de 1.000.795 votos ya han sido depositados en toda Galicia.

Si se toman de referencia las últimas tres convocatorias electorales también ha habido cambios. Por ejemplo, en 2020 alcanzó el 43%, mientras que en 2016 y 2012 se situó en un 42,5% en ambas ocasiones. En contraste, en las elecciones de 2009, que fueron las más reñidas hasta estas, la participación llegó al 49,3%. Asimismo, en 2005, año en que se produjo la victoria del bipartito conformado por PSdeG y BNG, la participación a esta hora fue del 46,7%. 

En las elecciones generales de 2016, UPN fue el partido más votado en el Valle de Aranguren con el 35% de los sufragios. Un año antes, en las municipales, logra tan solo la mitad de los votos. La culpable de esta paradoja a nivel municipal es la Candidatura Popular del Valle de Aranguren, agrupación vecinal que no ha perdido ninguna elección desde su origen en 1991 y que acumula siempre más del 60% de los votos. Esta sólida tendencia, avalada por gran parte del vecindario tanto de derechas como de izquierdas, está fundada en una modélica gestión municipalista, basada en buenos servicios públicos y deuda cero.

Manolo Romero lleva 22 años como alcalde del municipio, a los que hay que sumar diez más desde que entró en la vida política del Valle. Activo en la lucha contra el vertedero de Góngora, compagina su labor como alcalde con su trabajo de autónomo en la construcción, labor que desempeña desde los 15 años. Él es la cara visible de una candidatura consolidada a la que otros municipios se acercan para aprender de su exitoso modelo de gestión, fruto de un esfuerzo realizado durante años, recorrido a paso lento y basado en el desarrollo sostenible del Valle. Frente a los 1.500 habitantes de principios de los años 90, Aranguren tiene en la actualidad 10.000 vecinos y vecinas, que cuentan, entre otros servicios, con un ambicioso plan de empleo, un programa de atención a los refugiados, un modelo urbanístico sostenible, así como unos eficientes servicios de gestión pública.

EMPLEO Y URBANISMO

“En el 2008 empezamos a notar que cada vez más gente se juntaba durante el día en la plaza del pueblo, y decidimos hacer algo”, narra Romero en relación a los principios de la crisis, origen del plan de empleo público. Desde ese momento y hasta la actualidad, el presupuesto para este programa ha sido de 500.000 euros, una cifra que se puede considerar astronómica para un municipio de estas dimensiones, pero que ha logrado que Aranguren tenga una tasa de paro del 4%, una de las más bajas del Estado. Entre subvenciones a la contratación de empresas del Valle y del resto de Navarra, formación y ayudas para autónomos, esta “inversión social”, según cuenta el alcalde, ha sido mirada con lupa por otros municipios para seguir su modelo aunque, como comenta, “la clave es dotarlo económicamente”.

“Nuestro objetivo ha sido siempre claro, que las plusvalías que genera el urbanismo reviertan en servicios para los ciudadanos”

En materia de asistencia social, en Aranguren no se ha vivido ningún desahucio, ya que los servicios sociales ayudan a las familias necesitadas y siempre se recurre al alquiler social, con el apoyo del ayuntamiento a través de un puesto de trabajo o incluso la mediación del ente municipal con la entidad bancaria.

Una de las claves para entender la gestión de Aranguren es su modelo urbanístico, bajo la premisa del desarrollo sostenible. “Nuestro objetivo ha sido siempre claro, que las plusvalías que genera el urbanismo reviertan en servicios para los ciudadanos”, explica Romero. Además de ser pioneros en la creación de cooperativas para vecinos, el modelo urbanístico del Valle ha pasado por convertir al consistorio en el propio promotor bajo el sistema de cooperación, exigiendo un coeficiente de homogeneización. Esto implica que el ayuntamiento saca a concurso las urbanizaciones, las adjudica y controla su calidad; un proceso gestionado por la figura del secretario-gerente y que en otros municipios lo suele hacer una empresa externa que cobra un 4% del precio de la vivienda a los particulares. Solo este ahorro permite cubrir prácticamente los sueldos de la plantilla municipal durante todo el año. “Ha habido ayuntamientos que incluso han optado por crear sociedades urbanísticas que controlan al 51% con otras empresas, pero ahora todas están cuestionadas y endeudadas, como ha pasado en Beriáin, Huarte o Egüés, donde incluso hay delitos de por medio”, explica el alcalde. Por otro lado, gracias al coeficiente de homogeneización, el ayuntamiento se reserva una parte del terreno para edificar viviendas de VPO en función del valor de cada vivienda libre, una política que ha favorecido que la mayoría de jóvenes del Valle se puedan quedar a vivir si así lo desean.

El ayuntamiento también se adjudica bajeras que dispone para otorgarles un uso público. “Hemos recibido presiones tremendas de los promotores inmobiliarios”, reconoce Romero, que explica que, cuando se construyeron los pisos de Entremutilvas, se optó por edificar casas de cuatro alturas como en el resto del Valle. “Nos decían que era económicamente inviable y que no se seguía el esquema de otros barrios de Pamplona”, explica, y puntualiza que “construir más alto nos hubiera supuesto más vecinos y más ingresos, pero el compromiso con nuestra visión del pueblo era firme”.

Aranguren ha respondido con solidaridad a las crisis de los refugiados: 28 personas han sido acogidas y censadas nada más llegar

Ligado al modelo urbanístico, en Aranguren destaca la configuración del ayuntamiento como operador de internet, al que están adscritos más de 1.600 domicilios. “Nos dimos cuenta que las grandes operadoras condicionan los planes urbanísticos al exigirnos colocar determinados tubos, por lo que decidimos que nosotros también íbamos a poner el nuestro”, narra Romero. En varios años consiguieron conectar a todos los pueblos del valle, y ahora mismo el ayuntamiento ofrece televisión por cable, en la que destaca su propio canal, Aranguren TV (autogestionada por los jóvenes), e internet, y están renovando el sistema a fibra óptica, un pack que se puede contratar por solo 100 euros al año. Además, la cuidadosa instalación de estas redes, aprovechando los caminos vecinales, sirvió para que se actualizaran todos los sistemas de control de riego, alumbrado y consumos de calefacción, ahorrando un 60%.

“La participación ciudadana ahora es muy forzada y ficticia”, opina el alcalde de Aranguren, orgulloso de cómo el Valle goza de una ciudadanía implicada. Desde el ayuntamiento se trabaja en constante interlocución con las diferentes colectivos para conocer sus necesidades y, antes de los plenos en los que se votan los presupuestos, se organizan asambleas abiertas para que la ciudadanía aporte sus opiniones sobre los proyectos de gasto público. Igualmente, este clima democrático provoca que en las asambleas concejiles la presencia vecinal sea siempre muy concurrida.

CIUDAD DE ACOGIDA

Los vecinos de Aranguren han respondido a la crisis de las personas refugiadas con la mejor de las armas: la solidaridad. Frente al inmovilismo del sistema de acogida a nivel autonómico, con tan solo 35 personas acogidas por el Gobierno de Navarra —frente a las 300 comprometidas—, hasta ahora han llegado a Aranguren 28 personas, una cifra solo superada en Navarra por los 170 que ha acogido Iruñea. “Un municipio puede convertirse rápidamente en Ciudad de Acogida, luego cruza los brazos y todo queda en saco roto”, explica Romero. Los refugiados que llegan a Aranguren son empadronados nada más llegar, por lo que gozan de todos los servicios sociales y actividades gratuitas como el comedor municipal o campamentos.

En Aranguren los agentes se organizan los turnos sin una estructura de mando y ninguno de ellos porta un arma.

Por último, destaca el modelo de fuerzas de seguridad. Frente a la sobredimensionada Policía Municipal de Pamplona, con una ratio de dos policías por cada 1.000 habitantes, en el Valle hay solo siete para sus 10.000 vecinos. “La Policía local corresponde casi a la figura del alguacil del pueblo y tiene que servir para colaborar con los ciudadanos”, reflexiona Romero. Los agentes se organizan los turnos sin una estructura de mando y ninguno de ellos porta un arma.

UNIDOS POR LA BASURA

La particularidad del Valle de Aranguren es imposible explicarla sin su vinculación directa con la lucha antivertedero que llevaron sus vecinos entre el 88 y el 92. En 1988 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprueba sin ningún voto en contra la construcción de un vertedero en el concejo, decisión que contó con un consenso fácil entre los partidos al estar el Valle gobernado por una candidatura vecinal, pese a que la ubicación era ilegal ya que estaba situada a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano. Además, la resolución se tomó mediante un PSIS que sorteaba cualquier objeción de los concejos, y se realizaron dos reformas exprés de la ley para obtener una licencia. Desde el primer momento el rechazo vecinal fue casi unánime, lo que provocó que los actos de desobediencia civil se multiplicaran. Las sentadas pacíficas del vecindario cortando los dos accesos se sucedieron, y el conflicto estalló el 2 de abril de 1990, cuando la Guardia Civil disolvió una barricada en la que estaban los principales representantes del Valle, causando varios heridos. En total, diez de las 22 personas encausadas, entre las que estaban el entonces vicesecretario del Valle Juan Manuel Sarasíbar, el alcalde Juan Antonio Villamayor, y el párroco Jesús Equiza fueron sentenciadas a entre seis a ocho meses de cárcel, aunque finalmente fueron absueltas, ya que según el Tribunal Supremo, su lucha fue “exclusivamente por motivos medioambientales”.

El vertedero acabó siendo construido en 1992, pero esta lucha provocó la unión entre los habitantes de los distintos concejos, lo que alentó la configuración en 1990 de lo que es el Valle de Aranguren y su Candidatura Popular. Pese a que varios municipios navarros de más de 1.000 habitantes se separaron para configurarse como ayuntamientos propios, en el Valle de Aranguren se extinguieron los concejos de Mutilva Baja y Mutilva Alta para crear un ayuntamiento fuerte al que el resto de concejos cedieron casi todas sus competencias, con el fin de que tuviera suficiente capacidad de prestación de servicios.

Desayuno. Gimcana. Chocolatada. Excursión a buscar setas.

En el mejor de los casos, con un emoticono haciendo guiños para darse cuenta que de setas pocas y de desayuno, pues el justo. Todo sobre las 6 de la mañana.

La Huelga General, la segunda en un mes en Catalunya, convocaba sus piquetes enmascarada en eufemismos para no llamar la atención. Pese a todo, parece que todo el mundo sabía de qué iba la boletada. En Catalunya llevamos un tiempo desarrollando el universo de los eufemismos. Por eso se declararon dos independencias sin declararlas y ahora tenemos un protectorado intervenido con Soraya haciendo de comendadora bajo el eufemismo del 155. Hasta a las huelgas algunos las han querido llamar paros de país.

Una huelga que sirve para que los CDR (Comités de Defensa de la República) salieran a escena.

Desbordando por la izquierda a ANC y Òmnium. Al procesismo imperante, vaya. Una huelga que sirve para que muestren hasta qué punto puede la gente organizada hacer efectivo aquello que los políticos han dejado en el limbo. Y recuperen aquel entusiasmo que el Govern se llevó para Bruselas. Y para la trena.

Sin apoyo de los sindicatos mayoritarios. Solos. Poder popular, asambleas de base, más de 200, con implantación en todo el territorio catalán. Nacidas para garantizar el referéndum del 1 de octubre y, ahora, para defender el proceso constituyente. La República. La huelga de ayer fue, a buena fe, su puesta de largo. Con el objetivo de parar el país. Una huelga en que los piquetes, en lugar de bajar persianas, se centraron en colapsar las vías de transporte. Y a bien que lo lograron.

De madrugada los huelguistas se quitan las legañas y saltan a cortar las vías ante la mirada atenta de los cuerpos policiales. Los típicos encontronazos con el conductor poco sensible al tema. “Hijos de puta, dejadme pasar!” suelta uno. “Vagos”, “maricones”, “payasos” son otros gritos que se escuchan, acompañados, algunos de esos, por un gesticulado meneo testicular al compás de “me la vais a chupar del derecho y del revés”. Pura cordialidad, vamos.

Durante cerca de tres horas unas 30 vías del país fueron cortadas, 72 puntos conflictivos para el tráfico, incluyendo los principales pasos fronterizos al principado catalán

Otro aprieta el gas a la moto, a ver si achanta al cordón. Hay otro que, tras alzar la zarpa al grito de viva España, invita a acelerar y llevarse por delante a quien haga falta. Una mujer, más amable, saluda y lanza besos mientras pasea el perro y grita “sois una panda de maricones y vagos”. Muchos lanzan bocinazos de apoyo. Algunos se confiesan partidarios de la causa, pero dicen que a ver si se les deja pasar, que eso es muy egoísta. Pero cuando se abre el paso para una ambulancia que pone la sirena a 200 metros, la urgencia del servicio parece ser lo de menos ante los 20 coches solidarios que se le cuelan. A unos y otros se les contesta en una pancarta: “Si te agobia estar una hora atrapado, ahora imagínate un mes entre rejas”.

Cortes en todo el país. Algunas carreteras se convirtieron en salas de baile coreografiado, otras en salas de estudio, otras en terrazas para el desayuno. Durante cerca de tres horas unas 30 vías del país fueron cortadas, 72 puntos conflictivos para el tráfico, incluyendo los principales pasos fronterizos al principado catalán.

En Girona cerca de un millar de personas ha roto el cordón policial para impedir el paso al AVE y ocupaban la estación por horas, pintando un 155 tachado en el frontal de un convoy de alta velocidad. “A ver si así les llega en la capital” decían. Escenario que se repite en la estación de Sants de Barcelona a las ocho de la noche con una invasión que desespera a yuppies de maletín y corbata camino de la capital.

#VagaGeneral8N | Les vies de l'AVE a l'estació de Sants continuen tallades per les manifestants. Hi ha un miler de persones segons les convocants https://t.co/RBR0Q421ri pic.twitter.com/nbEa0CteBa

— Directa (@La_Directa) 8 de noviembre de 2017

“Huelga borroka” según Alberto Fernández Díaz, hermano del afinador de fiscalías. Y mientras los telediarios sacan familias quejándose por los continuos parones escolares en Catalunya al grito de “ya vale que la política afecte la educación de mi niño” acto seguido se da la noticia que Moncloa ha decidido que el 21D será no lectivo por las famosas elecciones. Pim pam.

Según la delegación del Gobierno en Catalunya, un seguimiento residual. Apuntan incluso a un aumento del consumo eléctrico del 3%

Masiva incidencia en la colapsada movilidad del país; importante impacto en el sector educativo; desigual según la población pero tirando a flojo el impacto en el sector comercial. En Barcelona, la mayoría de tiendas estaban abiertas. Mercabarna, sin embargo, reducía un 80% sus ventas. Según la delegación del Gobierno en Catalunya, un seguimiento residual. Apuntan incluso a un aumento del consumo eléctrico del 3%.

Y todo cuando Aznar nos promete el “imperio de la anarquía” si el 21D se imponen los secesionistas. Con esta perspectiva quizá volverán a conseguir lanzar a los ácratas a las urnas, quien sabe. Cayendo las elecciones en el día que caen, que no se convierta en el corto invierno de la anarquía. Aunque si por eso fuera, ya superaría de largo los ocho segundos de la república del 10 de octubre o ese otro republic-interruptus muy celebrado el 25 del mismo mes.

Y unos que querían demostrar que de huelga nada de nada, estaban en el pleno del Tribunal Constitucional quien a media mañana por unanimidad decidía, oh qué sorpresa, anular la DUI-que-no-fué y la Ley de Transitoriedad. Con estas ya son cerca de 30 las leyes del parlamento catalán anuladas por el TC en los últimos cinco años.

Y el tema es que buena parte de estas nada tienen que ver con el temilla de marras. A saber, entre otras: Ley contra el fracking (3/2012 y 4/2016); Decreto-Ley contra la pobreza energética (6/2013 y 4/2016); Ley de impuestos contra los pisos vacíos (4/2016); Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres (4/2016), prohibición de grandes superficies fuera de ciudades (4/2016); Ley de desahucios /24/2015); Ley de impuestos a la energía nuclear e incluso la ley que consumó la peligrosa separación entre los municipios de Medinyà y Sant Julià de Ramis en 2015, entre otras. Puro desafío separatista, vaya.

De hecho al Ayuntamiento de Madrid ya le ha llegado su dosis de 155. Intervención, zasca. Y además lo hacen coincidir con la libertad condicional a Ignacio González, el trilero de la operación Lezo. Dando argumentos a todos aquellos que creen que todo esto va a ser solo la excusa para recentralizar el Estado y revertir más, si cabe, el régimen del 78. lo que cada vez está más claro es que esto no va (solo) de Catalunya. Rajoy, en Madrid, avisa. Espera que el 21D devuelva la tranquilidad a la política catalana. Como si en un mes todo esto pueda cambiar drásticamente y los votantes de las CUP se lancen a votar por Inés Arrimadas en masa. Pero los políticos unionistas, como Albiol, nos alertan: si los resultados no molan, reiniciamos la consola con el 155 y volvemos a empezar.
155 y tiro porqué me da la gana.

Y si con ello seguimos con el juego de la oca, genial. Porqué si algo ha pasado desapercibido en los medios es la aparición el martes de un tal Manuel Morocho en el Congreso de los Diputados. Que el responsable policial de la Gürtel y jefe de la UDEF apunte a que todo indica que un tal Mariano Rajoy recibió dinero de la caja B del PP, parece ser de poco interés a tenor de la cobertura que le han dado los medios. Ninguna portada. Cero. Era más interesante hablar del viaje de 200 alcaldes catalanes a Bélgica y discutir quién había pagado el viaje. Es decir, un presidente del Gobierno es acusado de posible cobro de miles de euros en dinero B y resulta que el problema es quien ha pagado lo 80 euros del billete de Vueling de los alcaldes catalanes a Bruselas.

Dime atrevido, pero todavía será que el que se tapa las vergüenzas con la estelada es el PP y no (solo) Artur Mas, como nos decían. No sé. Diga'm agosarat, tu.

Las elecciones gallegas del 18 de febrero no concluyen completamente en esta noche electoral, ya que los votos de los ciudadanos que sufragaron desde el extranjero se contarán a partir del 26 de febrero, lo que podría influir en la distribución de escaños en juego, y se alargará como máximo hasta el día 29 del mismo mes. Es decir, el resultado definitivo podría no saberse hasta dentro de 11 días. 

La eliminación del voto rogado, a diferencia de citas electorales anteriores, puede aumentar la participación de los electores exteriores, que representan aproximadamente el 18% del censo electoral de Galicia, con casi medio millón de personas. Esto marca una diferencia significativa en comparación con los últimos comicios, donde el voto exterior había disminuido debido a las restricciones del voto rogado impuestas desde 2009.

Todas estamos acostumbradas a lidiar en las redes sociales con elementos del género masculino que saben mejor que nosotras qué es el feminismo, que intentan llevarnos “por el camino correcto”, porque no quieren que seamos feminazis. De hecho, creo que las feministas ocupamos uno de los primeros puestos del ranking de seres más denostados en las RRSS, sólo superadas por los separatistas catalanes y los venezolanos partidarios de Maduro, si bien estos últimos han caído en el olvido en las últimas semanas debido al fervor anticatalanista alimentado por el sistema desde mediados de septiembre.

Estamos acostumbradas a los haters de Twitter y siempre hay alguna compañera con ganas de darles un revolcón dialéctico. Es bueno hacer pedagogía en cualquier sitio. En grandes grupos, como es el caso del que tiene Colectivo Burbuja en FB, el hecho de ser abiertas a todo tipo de participantes nos causa muchos problemas de moderación, pues se nos cuelan provocadores y agitadores de todo tipo, también machistas. Tras años de aplicar el buenismo y los argumentos pedagógicos, hemos llegado a la conclusión de que esas personas son irrecuperables y que no podemos malgastar energía en combatirlas, ya que sirven a unos intereses muy concretos y muy poderosos. Es preferible que nos tilden de intolerantes que hacer el juego a quienes queremos combatir. Por tanto, la expulsión de uno o varios de esos trolls es la medida inevitable.

Lo asombroso y triste es que nos encontremos con esos elementos machistas en espacios en los que se supone que el debate sobre el feminismo está superado

Lo asombroso y triste es que nos encontremos con esos elementos machistas en espacios en los que se supone que el debate sobre el feminismo está superado. Pondré como ejemplo lo sucedido en un chat de activistas del municipalismo en Madrid, con casi quinientas participantes a las que se presupone conciencia feminista. Pues bien, en estos días hemos tenido que leer perlas como estas: “yo no soy machista ni feminista, yo defiendo la igualdad”, “hablar de feminismo es tener una postura fundamentalista”, “somos muy sensibles y salen sarpullidos al hablar de feminismo”, “me gustaría diferenciar entre feminismo y equidad de género” o “yo defiendo vuestros derechos pero el término feminismo no me parece adecuado”, incluso la estupefaciente “defender el feminismo es tener a veces posiciones de superioridad”.

Aunque se trata de un personaje aislado, han surgido algunos espontáneos en su defensa, lo cual dice mucho de la deriva ideológica en la que estamos. Que se dé esta controversia en la vida real es lo esperable, ya que estamos en una sociedad patriarcal y las personas son educadas con los valores del patriarcado. Solo en algunas familias se inculcan los valores del feminismo, que son los de la igualdad y el respeto. En los espacios políticos progresistas se supone que ya hemos superado el debate sobre el patriarcado, pero parece que siempre hay quien tiene esa asignatura pendiente, como ilustra mi ejemplo.

Resulta doloroso comprobar que la equidistancia se extiende como un virus. Equidistancia cuando se trata de temas espinosos. Hay quien no quiere ser etiquetado junto a “los radicales”, “no quiere ofender”, quiere “llegar a la mayoría social”, no quiere “reabrir viejas heridas”. Y asistimos perplejas a la adopción de los viejos mantras equidistantes del “centro sociológico” por parte de gentes que se decían de izquierdas. Gentes que abrazan esa equidistancia para atraer a “los que faltan”, para lograr la mayoría electoral. Es una versión actualizada del ya viejo “el que se mueva no sale en la foto”, una especie de PSOE 2.0, de tal modo que observamos la equidistancia no solo en temas de género, sino también en temas de Memoria Histórica, conflictos territoriales o de clase e incluso hallamos equidistancia en temas tan delicados como refugiadas o derechos sociales básicos.

Esa equidistancia que lleva a decir “ni machismo, ni feminismo, igualdad” nos trae indefinición en la defensa del patrimonio público enajenado por gobiernos municipales anteriores, nos impele a plegarnos a los intereses inmobiliarios “por no perjudicar a terceros”, nos hace ser tibios al cambiar los nombres franquistas de nuestras calles “para no romper el consenso con nuestros socios de gobierno” o nos hace recibir con honores a dirigentes de la derecha más dura o asistir a procesiones religiosas o actos indefendibles ideológicamente porque “representamos a la Institución” o “gobernamos para todos”. Esa equidistancia no la mantiene la derecha cuando gobierna, por lo que nuestra postura tan “ética” es, al final, “fuego amigo” y por parecerles bien a la mayoría, a ver si al final acabamos por no parecerles bien ni a las nuestras.

Nunca te has encadenado a una secuoya y no vas en bici al trabajo, y sin embargo a lo mejor eres un poco ecologista. Si no te parece normal que se esté volviendo normal llevar manga corta en noviembre, tenemos que hablar.

Si fuiste allí cuando parecía que iban a desahuciar a tu vecina. Si te enciende que quieran privatizar el agua de tu ciudad. Si estás harto de Florentino, de Bankia, de Suiza, de los Paradise Papers. Si crees que es una estafa hipotecar lo público para pagar la fiesta a cuatro ladrones, a lo mejor eres un poco ecologista.

Si crees que es insostenible que sea tu madre quien cuida de tus hijos, o ver a tu pareja al final del día cuando solo queréis poner una serie y dormir. Si no entiendes por qué se te va la vida construyendo cosas que te importan una mierda... Si te interesa cualquiera que quiera estar vivo después de 2050, a lo mejor eres un poco ecologista.

Los incendios, los tornados, los tomates kilométricos. Esa isla del Pacífico hecha de plástico gris. La cara de idiota que se te pone después de sonreír diciendo: “No, si yo ya sé que no voy a tener una pensión”. Esa deuda a ochenta años que alguien ha firmado en tu nombre.

Si cuando se habla de soberanía de los pueblos tú piensas en que todo el mundo sea soberano para decidir qué come, dónde trabaja, a quién le paga el recibo de la luz y qué puede opinar sin que le pongan una multa… Bueno, ya sabes lo que te voy a decir.

Si te parece que suponer que cada persona actuando de forma egoísta y cortoplacista va a traer lo mejor para toda la población no es precisamente un plan sin fisuras, a lo mejor eres un poco ecologista.

No me importa si te gustan los pájaros. Si me apuras, me da igual si reciclas o no. Se trata de construir conjuntamente un sistema que nos permita vivir bien a largo plazo, saber de dónde podemos sacar el agua, la tierra, el combustible, el cobre, el tiempo para cuidarnos. Se trata de organizarnos de formas que no sean una bomba de relojería. No es tan difícil. Si te apetece vivir en un sistema que no juegue a llevarnos por delante, a lo mejor eres un poco ecologista.

Y, la verdad, algo así no se construye en un día, ni (afortunadamente) cada cual por su cuenta. Pero lo cierto es que tampoco se empezó ayer. La sociedad existe y es capaz de cambiar y algunas creemos que su sentido común ya es, al menos, un poco ecologista. Si este sentido está en las mentes, entonces la trinchera está en los bares, en la tienda, en la cena de Navidad. Un cambio solo puede darse si es aceptable, y solo es aceptable cuando a mucha gente le parece lógico.

Si quieres contribuir a hacerlo lógico, quizás podrías comenzar por imaginar cómo sería tu vida en ese mundo capaz de funcionar a largo plazo y para todas las personas… ¿Cómo comeríais? ¿Dónde viviríais? ¿Qué pasaría cuando alguien estuviese enfermo? ¿De dónde saldrían los tornillos o el papel? La verdad, lo más interesante es cuando te juntas a imaginártelo con otra gente. No es fácil tratar de vivir en un mundo que aún no existe, y sin embargo ya hay gente que lo va construyendo en su esquinita, por parcelas.

Es en estas parcelas donde algunas personas consideramos que se están conquistando las cosas que merecen la pena, incluidas nuestras propias formas de pensar. Porque sostener estructuras que le han declarado la guerra a la vida es, al menos, un poco locura… y lo sabes.

En España no existe separación de poderes. La judicatura ha asumida como propio el relato de dominio y de poder del gobierno. El poder judicial es una extensión de la Fiscalía, un órgano político que depende de los ministerios de Justicia y de Interior. El otro poder encargado de controlar los actos de gobierno, nuestro Tribunal Constitucional, actúa impunemente en la misma dirección. Es una situación que no por vieja deja de ser triste.

Como abogado me gustaría poder escribir otras líneas. Decir que la separación de poderes es un hecho. Que nuestra Constitución salvaguarda nuestros derechos colectivos e individuales. Que vivimos en un Estado Social de Derecho, esto es, un Estado cuya prioridad es velar no ya por la seguridad si no por el bienestar de la ciudadanía. Pero no es así. 

Los jueces actúan como armas. Disparan sentencias, no las dictan. Algunos no alcanzan a comprender la lógica de tales actos. Pero la tiene: es antiobrera, es colonial, es patriarcal

La ley, como bien sabe todo aquel que se ha acercado a ella (no hace falta ser especialista en leyes) deja la puerta a un amplio margen de interpretación. Así es como debe ser, de otra manera viviríamos prisioneros de palabras, que como toda obra humana, no son ni pueden ser perfectas.

Las últimas decisiones judiciales que han conducido a prisión a la plana mayor de los cargos electos políticos de Cataluña tienen una clara inspiración política. La judicatura podría haber interpretado las leyes en  otro sentido. Han decidido ideológicamente. Asestando un duro golpe al Estado de Derecho han optado por ser la punta de lanza de la revolución conservadora de Rajoy.

El judicial es un aspecto clave del golpismo de baja intensidad de su plan Erdogan para España. Una estrategia  concebida para demoler las garantías y los derechos de los ciudadanos. Y que para ello se alza en los hombros de aquellos que debieran aplicar la Justicia. La que según nuestra constitución emana del pueblo (artículo 117). Pero el nuevo régimen tiene otra idea de la Justicia y de su origen. Una idea autoritaria, represiva y colonial. Una idea que como bien saben los que la han padecido o estudiado no es ni mucho menos nueva.

Los jueces españoles han estado tradicionalmente al servicio del poder. Han sido parte de su armamento de excepción.

La Audiencia Nacional, es la heredera directa de esta infausta historia de represión. Es el último estado de desarrollo de una serie de tribunales de excepción políticos que llevan doscientos años reprimiendo a los españoles y a aquellos que estaban bajo su dominio colonial.

Sus antecedentes cabe remontarlos a los tribunales de guerra ampliamente utilizados para reprimir a las protestas obreras y anticoloniales en el siglo XIX. Los tribunales de guerra de aquel entonces sirvieron para condenar a muerte a los líderes revolucionarios que resistieron a la burguesía y al colonialismo.

A finales del siglo XIX los revolucionaros cubanos luchaban por su independencia, el presidente conservador de aquel entonces decretó la instauración de los primeros campos de concentración de la época moderna. La población rural negra fue “reconcentrada”, vejada, sometida. A los que se resistieron los ejecutaron previa sentencia de un tribunal militar. Los cubanos no estaban solos, la solidaridad se extendió en la península. El presidente Cánovas murió a manos de un anarquista, que sería también juzgado por un tribunal militar. 

Esta jurisdicción militar fue ampliamente usada por el poder franquista para reprimir masivamente a las fuerzas leales de la República. La jurisdicción militar se mantuvo durante el franquismo, a la que además se añadió la “Jurisdicción especial de responsabilidades políticas” (1939-1969) y los “Tribunales especiales de responsabilidades políticas" y el “Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo” (1940-1971). Estos se encargaron de vigilar y castigar la disidencia política.

Los tribunales franquistas condenaron por ideas, por pensamiento, por resistirse a la tiranía. Condenaron a muerte a aquellos que decidieron luchar por la democracia y por la libertad. Condenaron a presos de pensamiento, de acto, o a los que simplemente consideraban simpatizantes. Toleraron las torturas y las violaciones. Las vejaciones e incluso los asesinatos en prisión. Fueron no solo cómplices si no actores protagonistas de la parte más miserable de la dictadura. Nunca fueron juzgados por ello. En 1963 y hasta 1977 toda esta represión se organizó a través de los “Tribunales de Orden Público”.

En 1977, ya en “Democracia”, el tribunal franquista de excepción pasaría a llamarse Audiencia Nacional. Cambió el nombre, no el escenario, ni los actores, ni su particular idea de Justicia. Los mismos magistrados que decretaron prisión y muerte servirían a la "democracia"

Muchos de los jueces de aquel entonces han sido sustituidos por otros nuevos. Algunos, como la jueza Carmen Lamela, fueron catalogados como “progresistas”. Los rostros cambiaron, pero la misma estructura criminal diseñada para reprimir la disidencia política sigue en activo. En España bien pudo tener una precaria transición política, pero nunca vivió una transición judicial. No lo hizo cuando pasamos de ser un imperio a un país pobre del Sur de Europa gobernado por una burguesía conservadora. No sucedió cuando el fascismo tomó el poder. El mismo poder judicial que decretó la muerte de líderes sindicales, de independistas cubanos o filipinos, de republicanos, sigue vivo. Más fuerte que nunca. Arbitrario, represivo, autoritario, vigilante, al acecho. Empoderado por un gobierno al que sirve.

Quisiera poder escribir otras palabras. Pero los jueces hoy son armas.

Con el 30% de los votos escrutados, el PP revalidaría el Gobierno en Galicia, aunque el BNG va ganando terreno a medida que avanza el conteo. Con los votos contados hasta el momento, el PP obtendría 42 escaños, el BNG 22, tres más que en 2020, y el PSOE 10, cuatro menos que en las elecciones pasadas.  Democracia Ourensana (DO) entra con un diputado.

Sumar, Podemos y Vox se quedan lejos por ahora de obtener representación.

Con más del 50% del voto escrutado las malas noticias para Sumar y Podemos en las elecciones gallegas son inocultables. La candidatura de Marta Lois obtiene el 1,7% de los votos. Y el partido de Isabel Faraldo apenas un 0,23 %. 

Con el 60% del voto escrutado, el BNG sigue avanzando posiciones frente al PP, ganando un escaño más, en este caso por A Coruña. El BNG obtendría 23 asientos en el Parlamento gallego, cuatro más que en 2020 y el PP baja a 41, uno menos que en las anteriores elecciones, pero todavía con suficientes escaños para gobernar en solitario. El PSOE sigue perdiendo cuatro escaños con respecto a 2020, y se quedaría con 10.

Con el 71% de voto escrutado, el BNG arrebata otro escaño al PP, esta vez en Lugo, y se queda con 24, cinco más que en las elecciones previas. El PP pierde dos escaños con respecto a 2020 y se queda en 40, dos por encima de la mayoría absoluta. La debacle del PSOE, que sigue perdiendo cuatro asientos, aleja la posibilidad de formar un gobierno alternativo.

La articulación y organización del territorio en España es un asunto que ha sido y es de capital importancia. En este trabajo nos centraremos en el proceso de centralización del Estado desde el Antiguo Régimen hasta el modelo de Estado liberal.

Por centralización en la administración y el gobierno se entiende el proceso que desvincula el poder de las unidades más pequeñas a favor de una estructura institucional central y común. Este centralismo está muy relacionado con el nacimiento y desarrollo del Estado Moderno a partir de la crisis bajomedieval, en el proceso de creación del Estado absolutista, y luego transformado, con otros principios, basados en parte en el principio de la igualdad ante la ley, en la Revolución Liberal. Este fenómeno encontró en cada momento su contestación o resistencias, diferentes también, según el contexto, por lo que no debe entenderse como algo aceptado unánimemente.

Con la vuelta a un pleno liberalismo moderado o conservador en la Restauración canovista surgirán los nacionalismos, especialmente, el catalán, que terminarán por plantear un fuerte debate sobre el modelo centralista de Estado

Las Monarquías europeas occidentales protagonizaron un proceso de expansión y acumulación de poder en el siglo XV, como lo demostrarían los casos de los Tudor ingleses, los Avís portugueses, los Valois franceses y los últimos Trastamaras hispanos, los Reyes Católicos. No fue una historia lineal ni corta, sino muy sinuosa y llena de obstáculos. Recordemos simplemente el caso castellano con los conflictos en el reinado de Enrique IV y la guerra civil posterior entre los partidarios de Juana y los de Isabel. Los Reyes Católicos, una vez alcanzado el poder y pacificadas las dos Coronas, asentaron su dominio con la guerra de Granada y, sobre todo, al montar un aparato institucional claramente centralizador, a través de la creación de los Consejos, que los Austrias desarrollaron plenamente, a medida que aumentaron los territorios bajo su dominio y los asuntos de gobierno. Se puso en marcha una creciente y sofisticada administración, nutrida por juristas formados en las universidades.

Con la vuelta a un pleno liberalismo moderado o conservador en la Restauración canovista surgirán los nacionalismos, especialmente, el catalán, que terminarán por plantear un fuerte debate sobre el modelo centralista de Estado

La centralización del poder siempre encontró fuertes resistencias en los reinos y territorios con una tradición administrativa y de gobierno planteada bajo los principios el pactismo, es decir, por la necesidad de llegar a acuerdos entre los reinos, a través de sus instituciones representativas estamentales, como eran las Cortes y las Diputaciones de las mismas, con la Monarquía común. Fue el caso de todos los territorios de la Corona de Aragón. Los Austrias intentaron socavar esta situación a través de varios medios. Procuraron aplicar instituciones comunes, siendo el ejemplo más notorio el de la implantación de la Inquisición moderna en Aragón, que causó fuertes resistencias, pero que, al final, se impuso, dependiendo, como la castellana, de una institución central, el Consejo de la Inquisición. También se enfrentaron con algunas instituciones que velaban por el cumplimiento y respeto de los fueros, como fue el caso del conflicto entre Felipe II y el Justicia de Aragón a cuenta del episodio de Antonio Pérez. Por fin, el conde-duque de Olivares, ya en el siglo XVII, intentó imponer claramente la centralización con un proyecto más elaborado, como se puso de manifiesto en el Memorial Reservado y en el proyecto de Unión de Armas. El objetivo principal de Olivares era que el rey dejara de serlo de los distintos reinos para serlo de España. Pero también pretendía que todos los territorios contribuyesen al esfuerzo general, especialmente en las cuestiones fiscales y militares. Fracasó completamente, y aunque se reprimieron cuantos intentos hubo de separarse de la Monarquía Hispánica, como fue el caso catalán, los Austrias nunca abolieron los fueros e instituciones particulares, ni implantaron el modelo centralizador en la Corona aragonesa. En la época de los Austrias siempre estuvo presente la pulsión centralista, pero nunca se terminó de imponer. La cuestión cambiaría claramente con la llegada de los Borbones.

Efectivamente, la dinastía francesa trajo un cambio fundamental en la organización territorial de la Monarquía porque supuso el triunfo del centralismo absoluto y uniformador en España, en una medida infinitamente más intensa que todo lo que pudieron hacer los Reyes Católicos en su día.

Con Felipe V los reinos y territorios de la Corona de Aragón vieron abolidos sus fueros e instituciones cuando fueron derrotados en la Guerra de Sucesión española. Se implantó un modelo absoluto y centralista, de raíz francesa, y que no había existido anteriormente en la Monarquía Hispánica, un conglomerado de estados y reinos con sus instituciones y ordenamientos jurídicos propios. Parece evidente que estos Decretos se impusieron como represalia por la oposición de estos reinos al nuevo rey, pero, no cabe duda, que el primer Borbón tenía muy claro que había que imponer una nueva forma de gobernar y administrar la Monarquía, en línea con lo que había implantado su abuelo desde Versalles, aunque adaptado a las peculiaridades españolas.

Este profundo cambio se articuló a través de los denominados Decretos de Nueva Planta, que suprimieron los gobiernos, instituciones y fueros de los reinos de la Corona de Aragón. En 1707 se implantó el primero de ellos sobre Aragón y Valencia, después de la batalla de Almansa. La disposición establecía la legislación y el aparato institucional castellano. En 1715 se promulgó el Decreto que se aplicó a Mallorca, que pudo conservar algunas instituciones. Por fin, año siguiente, se promulgó el Decreto de Nueva Planta para Cataluña, que perdió todas sus instituciones y fueros.

El ánimo centralizador borbónico no llegó a las provincias vascas ni a Navarra, ya que se respetaron sus fueros e instituciones porque ambos territorios habían sido fieles a la causa de Felipe V.

El modelo organizativo impuesto en los Decretos de Nueva Planta era el castellano, aunque con aspectos franceses. Desapareció la figura del virrey, propia de los Austrias, con orígenes medievales, por la de capitán general, que aunaba competencias gubernativas con otras militares. Además, se establecieron las audiencias, encargadas de asesorar al capitán general e impartir justicia. Lo más genuinamente francés fue la figura del intendente, también aplicada en Castilla, un funcionario encargado del fomento económico del territorio que administraba, acumulando otras competencias en materia de hacienda, milicias, justicia, inspección de otras autoridades y obras públicas.

Por centralización en la administración y el gobierno se entiende el proceso que desvincula el poder de las unidades más pequeñas a favor de una estructura institucional central y común

Otro aspecto fundamental en la centralización borbónica fue el fiscal. Se impuso un sistema de contribución única. Cada reino debía recaudar una cantidad fija, según su peso demográfico y riqueza: la Talla en Mallorca, la Contribución Única en Aragón, el Catastro en Cataluña y el Equivalente en Valencia.

La uniformidad llegó también a las lenguas. A partir de entonces en la administración de la Monarquía solamente se pudo emplear el castellano. En todo caso, se dieron algunas concesiones como el mantenimiento del derecho civil catalán.

En 1749 se promulgaron las Ordenanzas de intendentes-corregidores. En dicha disposición se dejó claro el interés de la Corona por reorganizar la administración para mejorar el gobierno y la recaudación fiscal. Precisamente, en esos momentos se estaba poniendo en marcha el Catastro de Ensenada. Se estableció en cada provincia un intendente al que iba unido el corregimiento de su capital, además de una serie de oficiales a su cargo. A los intendentes se les conminó para que fueran eficaces para mantener el orden y para evitar que hubiera abusos en la administración de la justicia. También se les ordenó que, ayudados por un ingeniero, levantaran el mapa geográfico de su provincia, señalando los lugares de realengo, los de señorío, los de abadengo, los accidentes geográficos, bosques, calidades de las tierras, montes, dehesas, etc.., con el fin de poder mejorar el gobierno, la administración y la economía Detrás de esta medida estaría la impronta del siglo, la de del despotismo ilustrado, con su interés por el desarrollo.

Posteriormente, en 1766 se separó el cargo de intendente del de corregidor para que el primero solamente tuviera funciones administrativas, financieras y militares y no las judiciales, pero siempre fue muy imprecisa la diferencia entre unas funciones y otras, algo muy propio del Antiguo Régimen.

En tiempos de Carlos III y en virtud de las reformas emprendidas por José de Gálvez, figura capital en la historia de los cambios administrativas en América emprendidos por el despotismo ilustrado, el sistema de intendencias se extendió al Nuevo Mundo.

La construcción del Estado liberal en España supuso la consolidación de la centralización que habían emprendido los Borbones. La Constitución de 1812 definía claramente lo que era España, la nación española, y el territorio que comprendía, aunque luego las Constituciones promulgadas en tiempos de Isabel II, no fueron tan explícitas en esta materia.

Las estructuras administrativas del Estado, a pesar de las carencias presupuestarias, crecieron durante el siglo XIX, especialmente en lo referente al ejército y a la creación y expansión de distintos cuerpos de funcionarios. El Estado liberal vació de competencias a los municipios y las asumió, especialmente las relacionadas con el orden público, además de controlarlos con el nombramiento de los alcaldes, aunque el liberalismo español estaba dividido sobre esta cuestión entre moderados y progresistas, éstos últimos más partidarios de la autonomía municipal. En 1844 se creó la Guardia Civil, el primer cuerpo policial de ámbito estatal. Otro de los medios que empleó el Estado para consolidar la centralización fue la creación, por vez primera, de un sistema educativo para toda España, a través de la Ley Moyano.

La centralización del poder siempre encontró fuertes resistencias en los reinos y territorios con una tradición administrativa y de gobierno planteada bajo los principios el pactismo, es decir, por la necesidad de llegar a acuerdos entre los reinos

Para consolidar el control del territorio se reformó la organización territorial del Estado y que se había heredado del Antiguo Régimen. El liberalismo no concebía particularismos, ni señoríos jurisdiccionales, ni instituciones que no estuvieran dentro del organigrama general. Este asunto debe tenerse en cuenta a la hora de entender parte del complejo entramado de causas que generó la creación del carlismo y el estallido de las consiguientes guerras civiles del siglo XIX. En este sentido, es fundamental la división provincial, ya aprobada en los estertores del sistema antiguo, en 1833, y muy poco modificada posteriormente. En cada provincia habría un jefe político o gobernador civil, que representaba al gobierno, y que hacia cumplir las órdenes provenientes del Ministerio del Interior o de Gobernación, teniendo un gran poder en materia de orden público y de control de los Ayuntamientos, especialmente en la versión más moderada del liberalismo. Esta estructura sería fundamental para consolidar el control electoral por parte del gobierno de turno. En las provincias habría Diputaciones.

En cuestiones técnicas fue fundamental la extensión del telégrafo que, a partir de la segunda mitad del siglo, permitiría transmitir información y órdenes con una gran rapidez con el fin de coordinar la labor del gobierno con las respectivas instituciones provinciales y locales. La construcción de la red ferroviaria se hizo a través de una red radial con Madrid como centro. De ese modo no sólo se potenciaba la capital, sino que se fomentaba el control de todos los puntos cardinales. Este sistema también se aplicó a la red de carreteras. La centralización de la red de comunicaciones es fundamental en la historia del centralismo de nuestro país.

Otros instrumentos pretendían uniformizar aspectos muy importantes para vertebrar un Estado y fomentar la creación de un mercado nacional. En el primer caso ser fundamental la codificación de las leyes. En 1848 se aprobó el Código Penal, que consagró la unificación legal y judicial. En el segundo caso, fue fundamental la abolición en 1858 de la diversidad de pesos y medidas y la obligatoriedad de emplear el sistema métrico decimal. Por fin, en el año 1868 se implantó la moneda única, la peseta, terminando con los distintos sistemas monetarios existentes.

Este modelo comenzó a ser cuestionado en el Sexenio Democrático desde posiciones federalistas y cantonalistas, aunque sin terminar de cuajar una alternativa. Con la vuelta a un pleno liberalismo moderado o conservador en la Restauración canovista surgirán los nacionalismos, especialmente, el catalán, que terminarán por plantear un fuerte debate sobre el modelo centralista de Estado, precisamente cuando sus pilares entraron en crisis en el 98, pero esto supera los límites del presente trabajo.

Texto: Eduardo Montagut | Ilustración: SrPotatus

Los de Marta Lois se quedan en torno al 2% del voto en el conjunto de Galicia y Podemos no llega al 0,5%. La izquierda española desaparece del mapa político gallego.

Don Pasquale es una de las obras maestras de Gaetano Donizetti (1797-1848). Escrita en un periodo increíblemente breve, esta pieza del célebre compositor italiano sigue despertando emociones allá donde va. En Bilbao, el público fiel a la ópera espera con ansias su interpretación, prevista para los próximos 18, 21, 24 y 27 de noviembre en el Palacio Euskalduna.

Sin embargo, existe un amplio porcentaje de probabilidades de que el espectáculo se caiga de la cartelera. La culpa no será de una garganta estropeada ni de un catarro imprevisto, sino de los recortes practicados por el Gobierno Vasco en todas las áreas de la administración. Todas, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE).

Cuando faltaba algo más de una semana para el inicio de las actuaciones, el sindicato ELA anunció que la orquesta no seguirá tocando. A partir del día 18, la reconocida OSE empezará una huelga en defensa de los derechos de la plantilla. No son pocas ni pocos.

Según ha podido confirmar El Salto, allí trabajan –entre músicos y personal administrativo– 104 personas. Todas ellas dependen del Gobierno vasco, ya que se trata de una sociedad pública que se financia con capital del Ejecutivo autonómico y que, por tanto, está supeditada a las decisiones que se adopten desde ese ámbito.

“No hay soluciones. Hasta aquí hemos llegado”, dice Xabier Udabe, portavoz del sindicato ELA.

Su mezcla de cansancio y hastío tiene una clara explicación: el conflicto entre el personal de la OSE y el Gobierno Vasco se arrastra, como mínimo, desde 2010. Políticamente hablando, empezó bajo la efímera gestión de Patxi López (PSE), quien supo gobernar con el apoyo del PP, y se arrastró durante las dos gestiones de Iñigo Urkullu (PNV), quien hoy gobierna junto (y gracias) a la sucursal vasca del partido de Pedro Sánchez.

Ni unos ni otros lograron llegar a un acuerdo que atendiese las demandas de la plantilla. Por el contrario, el conflicto creció casi al mismo ritmo que los recortes aplicados por el Gobierno vasco. “Además de sufrirlo en las condiciones laborales y los salarios, también hemos visto desaparecer puestos de trabajo”, relata Udabe.

Ahí radica, precisamente, uno de los problemas: en 2010, el Gobierno vasco de la época borró de un plumazo cuatro puestos de trabajo, todos ellos correspondientes a músicos. “Decimos que fue ilegal porque esas plazas desaparecieron mediante la aplicación de un decreto que no podía utilizarse en sociedades públicas”, dice el sindicalista. Siete años después, sus palabras suenan a indignación.

Del máster a la orquesta

El personal de la OSE denuncia, además, que no se cubren vacantes. En su lugar, el Gobierno vasco apuesta por una práctica de dudosa legalidad: “Se implica de manera fraudulenta a estudiantes que pagan 6.000 euros por un máster y luego cubren puestos estructurales” en la compañía, según el portavoz de ELA.

Al mismo tiempo, las cuentas de la OSE siguen ofreciendo cifras reveladoras. De acuerdo a los datos que maneja este sindicato, el “recorte realizado en el gasto” ha permitido al Gobierno vasco “ahorrar 1.500.000 euros en salarios entre 2012 y 2015”. Por tales motivos, la organización obrera sostiene que actualmente “prima el criterio de reducir el gasto sobre el objeto para el que fue creado la Orquesta: la calidad musical y la labor social”.

Para Udabe, la actuación de la administración autonómica podría resumirse en una frase: “Muchas promesas y pocos hechos”.

De ahí que el día 18 empiece una huelga que –según señala el portavoz sindical- podría paralizar la agenda elaborada por la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO) a partir de ese día, con Don Pasqualede Donizetti como atracción principal. “El planteamiento es que a partir de esa fecha cese toda actividad. Hay cuatro conciertos programados más los correspondientes ensayos, y todo eso podría suspenderse”, subrayó.

En ese contexto, la OSE ha anunciado que se mantendrá en lucha hasta que consiga “firmar un convenio que recoja las reivindicaciones del colectivo”. O lo que es lo mismo, que “garantice el empleo y la estabilidad de la plantilla y ponga fin a la política de recortes en la Orquesta de Euskadi”. Mientras tanto, la banda dejará de tocar.