Independencia de Catalunya
La libertad de Carles Puigdemont cuesta 75.000 euros

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein —estado federal del norte de Alemania— dictaminó este jueves que el presidente de Catalunya Carles Puigdemont no sería extraditado por el cargo de rebelión a España, dejándolo en libertad bajo una fianza de 75.000 euros y a la espera de una decisión sobre si todavía puede ser entregado por malversación de fondos públicos.

Según ha explicado el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible” por no cumplirse el requisito de la violencia, pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante.

De ese modo, el Tribunal ha rechazado la solicitud de la fiscalía alemana, que pedía mantenerlo en prisión provisional e inquiría que la extradición se tramitara por el delito de rebelión, que según este órgano tenía el delito de alta traición como equiparable en el código penal alemán. Al descartar la rebelión, la Audiencia considera que el riesgo de fuga se reduce y permite a Puigdemont pagar una fianza de 75.000 euros para abandonar la prisión de Neumünster, donde lleva encarcelado desde el 25 de marzo, día en el que fue arrestado cuando cruzaba Alemania desde Escandinavia mientras iba de camino a Bélgica, país al que voló en octubre.

Por otro lado, el tribunal no considera que haya una “persecución política” contra Puigdemont y se centra exclusivamente en “motivos jurídicos”. Asimismo, tanto funcionarios de la cárcel de Neunünster como la propia defensa del presidente han aclarado que no abandonará hoy la prisión.

Fuentes cercanas a la prisión alemana auguran que el President no podrá salir antes de las siete de la mañana de este viernes. En ese sentido, Puigdemont ya ha publicado un tuit en el cual dice: “Ens veiem demà. Moltes gràcies a tothom”.

Ens veiem demà. Moltes gràcies a tothom! #LlibertatPresosPolítics 🎗 pic.twitter.com/quG18LKvQp

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de abril de 2018

Su libertad no se producirá hasta que no se deposite la fianza. En ese sentido, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciado que pagará la fianza de Puigdemont con la caja de solidaridad de las entidades independentistas para que salga en libertad, pago que se realizará en el momento en que reciba la interlocutoria de la justicia alemana.

Acabem de pagar la fiança que ha determinat la justícia alemanya del president @KRLS.
La caixa de solidaritat ja ha pagat quasi 4 milions d’euros en fiances. #llibertat pic.twitter.com/AXqxuWLpPy

— Assemblea Nacional (@assemblea) 5 de abril de 2018

Una de las consecuencias de la resolución de la justicia alemana es que, mientras se continúe con el procedimiento, Puigdemont debe permanecer en el país germánico porque se le imponen medidas cautelares de prohibición de la salida de Alemania y porque en otro estado de abriría otro procedimiento judicial.

La fiscalía alemana no puede recurrir la decisión, según ha explicado el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en declaraciones a TV3. En cambio, ha asegurado que él sí que recurrirá que se inicie el proceso por el delito de malversación de fondos públicos, y ha instado al resto de magistrados que participan en esta causa —en Escocia o Bélgica— a hacer lo mismo.

Frente a esta decisión provisional de la justicia alemana ha habido varias reacciones, entre ellas las del conseller de Sanidad Toni Comín, la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, y el exconseller de Cultura Lluís Puig, quienes ayer también quedaron en libertad bajo fianza después de ir a declarar frente a un juzgado de instrucción belga a causa de la reactivación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de las euroordenes de detención que había retirado en noviembre.

“Evidentemente ha sido una muy buena noticia que en Alemania también se haya dejado en libertad al President Puigdemont y que se haya descartado la acusación de rebelión, ratificando lo que siempre hemos dicho: no hay base para las acusaciones que nos imputan, es un juicio político”, declaró ayer en declaraciones a TV3 Meritxell Serret.

🎥@meritxellserret i @toni_comin: "És una molt bona notícia que ens hagin deixat en llibertat a nosaltres i a @KRLS i que la justícia alemanya hagi descartat el delicte de rebel·lió. Demanem l’alliberament immediat de tots els companys i companyes🎗" #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/gTuzzHbknC

— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 5 de abril de 2018

“Queremos poner en valor que esta decisión debería permitir la liberacióninmediato de todos los compañeros, de todos los miembros del Gobierno, de loslíderes de la sociedad civil y de la presidenta del Parlament que hoy son en lacárcel acusados por un delito de rebelión que un juez alemán dice que no existe”,aseveró Comín.

Por su parte, el President d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión provisionaldesde el 16 de octubre acusado de un delito de “sedición” por la jueza de laAudiencia Nacional Carmen Lamela, en relación con las protestas queorganizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, también haexpresado su solidaridad desde su cuenta de Twitter.

Missatge des de la presó:

El futur que tant els espanta arribarà. I llavors el que quedarà de nosaltres és la confiança que hem mantingut en la foscor (John Berger). Una abraçada, @KRLS @toni_comin @MeritxellSerret @PuigGordi. Militants de la pau, la tendresa i la llibertat!

— Jordi Cuixart (@jcuixart) 5 de abril de 2018

Asimismo, el gobierno español ha tardado apenas unos minutos en reaccionar a ladecisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. Según ha publicadoEl Mundo, el Ejecutivo se ha mostrado “convencido” de que la Justicia española “adoptará las medidas más adecuadas ante esta nueva circunstancia para velarpor el cumplimiento de las leyes en nuestro país”.

Con esta advertencia, lasfuentes gubernamentales parecen apuntar a la posibilidad de que el juez delTribunal Supremo, Pablo Llarena, retire otra vez la euroorden cursada contra el expresidente catalán a fin de evitar que éste sea entregado a España únicamente porel delito de malversación.