Fiscalidad
Educación fiscal en tiempos de pandemia

Como venimos sufriendo desde el pasado mes de marzo de 2020 con el estado de alarma por la propagación de la pandemia del coronavirus, los efectos negativos para la Salud Pública y para la economía y el empleo, los recortes sufridos en los servicios públicos básicos (sanidad, educación, servicios sociales…) -a partir de las políticas de ajuste practicadas desde la crisis de 2018-, han dejado al descubierto nuestro precario estado del bienestar. En efecto, tanto en su financiación (ingreso) como en su ejecución (gasto) seguimos alejados en cerca de 7 puntos del PIB, comparando estos mismos datos con la media de países de la UE. Todo esto contribuye a agravar la situación actual de pandemia con una mayor pobreza y desigualdad y el deterioro de los servicios públicos

Ahora, cuando más necesarios resultan los recursos públicos para reforzar los servicios de salud, educación y servicios sociales… vuelven a sonar “campanas de alarma” por la subida de impuestos. ¿Por qué sigue existiendo este “discurso público” con tanto peso político a sabiendas de que necesitamos más y mejores infraestructuras comunes para articular la vida de los ciudadanos y garantizar sus derechos (cohesión social y territorial)?

¿Por qué sigue existiendo este “discurso público” contra los impuestos con tanto peso político a sabiendas de que necesitamos más y mejores infraestructuras comunes para articular la vida de los ciudadanos y garantizar sus derechos?

Frente al tan demandado contrato social, en medio de la crisis económica (y ahora la sanitaria), el capitalismo busca soluciones en los recortes de derechos, servicios y bienes comunes. Los poderes económicos consideran los impuestos y los bienes públicos como un gasto improductivo porque detraen recursos para la acumulación privada y la producción de bienes mercantiles.

El conflicto entre necesidades económicas de los ciudadanos, gasto público e impuestos se manifiesta como déficit público: los ciudadanos exigen más prestaciones públicas y los poderes económicos quieren menos impuestos para financiarlos. Las exigencias de “equilibrio presupuestario” a los Gobiernos por los poderes fácticos encubren la liquidación de los derechos ciudadanos. Si requerimos el cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos, tenemos que exigir una “fiscalidad justa”.

La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas somos conscientes del valor de los impuestos, según viene recogiendo el CIS, como mecanismo de equidad para la financiación de los servicios y bienes comunes y la economía colaborativa. Impuestos justos son la garantía del cumplimiento de sus derechos.

Aun cuando la falta de “educación fiscal o tributaria” es un problema generalizado, la mayor defraudación y elusión fiscal proviene de las capas más instruidas de la población, basada en “conocimientos financieros”.

En nuestro país no se nos ha formado en el tema impositivo y existe un nivel muy bajo de moral tributaria. Más bien al revés, al que defrauda se le considera más listo que los demás e incluso se expresa que produce envidia. En un contexto de crisis como el actual, en donde no parecen que puedan prosperar las subidas de impuestos para lograr una mayor recaudación, a pesar del enorme daño producido por la pandemia, resulta evidente que lo más sensato sería mejorar la lucha contra el fraude y la formación sobre la necesidad de los impuestos.

Es necesario enseñar, desde la edad escolar, que “otra economía es posible” y propiciar un clima favorable a la oportunidad y bondad de contribuir  a fortalecer los servicios básicos comunes

Es necesario enseñar, desde la edad escolar, que “otra economía es posible”, incentivar el pensamiento crítico en economía, y formar a los ciudadanos con las herramientas económicas, como son los impuestos, que garanticen los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población, incluidos los coercitivos necesarios para su aplicación. Y propiciar un clima favorable a la oportunidad y bondad de contribuir TODOS a fortalecer los servicios básicos comunes.

Aunque el fraude fiscal responde a causas múltiples, un factor determinante es la moral tributaria, entendida como la motivación intrínseca para pagar impuestos. La falta de honradez y conciencia cívica es un factor con gran influencia en la decisión de defraudar.

La Comisión Europea recomienda campañas educativas para mejorar la moral fiscal. Defiende que las autoridades fiscales deben fortalecer la moral fiscal de los contribuyente mediante campañas educativas que expliquen por qué se deben pagar impuestos y por qué es injusto para otros contribuyentes que alguien no cumpla con sus obligaciones tributarias. Estas campañas educativas deben segmentarse por grupos de edad.

La Comisión Europea defiende que las autoridades fiscales deben fortalecer la moral fiscal de los contribuyente mediante campañas educativas que expliquen por qué se deben pagar impuestos y por qué es injusto para otros contribuyentes que alguien no cumpla

Mientras en otros países de nuestro entorno europeo la Educación Fiscal (EF) forma parte del currículo escolar, como nos consta para los casos de Francia y Alemania, en España todavía no se está aplicando. Es imprescindible la colaboración de la Administración Tributaria con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aprovechando el actual debate parlamentario sobre la reforma educativa.

La Plataforma por la Justicia Fiscal es plenamente consciente del enorme daño que produce en España la falta de conocimiento sobre el tema de los impuestos en el ciudadano medio. En nuestro país, existe una gran correlación entre el fraude fiscal (en torno a los 60.000 millones de euros anuales, según GESTHA) y su nivel de moral tributaria. Sufrimos uno de los índices más altos de fraude fiscal de la eurozona. El monto estimado de fraude fiscal podría cubrir la mitad del gasto anual en educación y sanidad en toda España.