La Colmena
¡Arriba inquilinos de la Tierra!

La codicia y el lucro siempre van de la mano. Se pasean a diario, intemporales, por el mercado del capital para adquirir bienes de los que hacen rapiña. Poco importa que sean bienes de primera necesidad, anejos a la condición humana. Rinden beneficios al señorío del mercantilismo, la clase plutócrata con nombres y apellidos que atesora no solo riquezas materiales, sino también vidas que no cuentan, anónimas, porque solo producen o rentan.

La vivienda es uno de los mayores negocios de quienes se alimentan de esa codicia.

Hace 50 años, en 1975, el INE ofrecía datos sobre la vivienda en Extremadura, comparadas con las del resto del Estado: el 49,5 % de los hogares extremeños no tenía ni un vulgar retrete, frente a una media del país del 17%; el 38% regional no disponía de agua corriente, frente al 13% nacional; la superficie del 42,6% de las viviendas extremeñas era menor a los 65 metros cuadrados, frente al 35% de media española.

Mientras el Estado fomentaba la natalidad, cantando las alabanzas de la familia numerosa -razón de que hermanos, hermanas y demás progenie se hacinaran en camas y habitaciones-, constructoras y financieras buitres se enriquecían con el mercado inmobiliario, con la connivencia de políticos espabilados que supieron ver el filón y corrieron a cambiarse la chaqueta azul por la de demócrata de toda la vida, gestores de lo público que acabaron rindiendo -y rinden- lo de todos y todas a lo privado, para mayor abultamiento de sus bolsillos.

50 años después, la vivienda en España y en Extremadura sigue siendo un bien inalcanzable. La causa es la codicia de los de siempre, fondos buitre y constructoras que convierten una necesidad en un lujo, que especulan con las viviendas a través de los precios imposibles de propiedad y alquiler. Hoy día, el 86% de los jóvenes menores de 34 años aún viven con sus padres y madres. No por gusto.

Todo ello amparado por una Constitución española que en su artículo 47 dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

¡Menuda trola!

Amech Zeravla