La semana política
Derecha contorsionista

La Ley de 2010 no disparó el número de abortos. Abortar de forma segura y haber convertido esa posibilidad en un derecho no lleva a las mujeres a practicarlo más: en 2021 hubo 10,7 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, el año de aprobación de la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la cifra era de 11,71. Cuando el Partido Popular presentó su recurso contra la Ley del Aborto en el Tribunal Constitucional —y, más adelante, cuando el entonces ministro de Sanidad, Alberto Ruiz Gallardón, presentó una ley regresiva bajo el ideario de que “la mujer siempre es víctima”—se estaba planteando una cuestión que, doce años después, sigue marcando la agenda política y que tiene más que ver con el auge de la agitación y propaganda de la nueva derecha que con un cambio sustancial en las estadísticas de interrupción voluntaria del embarazo.

El ataque a la autonomía de las mujeres a través del rechazo al aborto libre y seguro fue la base sobre la que se ha edificado la ideología neoconservadora surgida en los años 70 en Estados Unidos que, en íntima comunión con el movimiento evangélico, hizo de la destrucción de los estados de bienestar su agenda implícita. Un informe publicado esta semana por el estadounidense Instituto de Política Económica (EPI) y recogido por El Salto ha señalado la correlación entre la explotación laboral y la limitación de los derechos reproductivos. Una de las conclusiones de la autora del informe es que “la pérdida del derecho al aborto significa la pérdida de seguridad económica, independencia y movilidad para millones de personas”. Otro artículo académico, de septiembre de 2022, señala la aparente contradicción de que los Estados que mantienen un acceso seguro al aborto llevan a cabo más políticas de protección de las familias que aquellos que lo limitan.

La agrupación de la derecha reaccionaria en una contraofensiva bajo el supuesto empeño de la “protección de la vida” ha creado su propia constelación de líderes globales. Donald Trump o el fallecido magistrado del Supremo estadounidense, Antonin Scalia, Jair Bolsonaro en el conjunto de Latinoamérica, Viktor Orban o Giorgia Meloni en Europa, e incluso Vladimir Putin en Rusia, son los frutos de una estrategia política que comparten una fachada familiarista y el empeño por vaciar de contenido la democracia en lo social y económico. Pese a las derrotas de Trump y Bolsonaro, y pese a los mohines con los que gesticula la Comisión Europea contra Orban, está por ver que esta estrategia haya salido derrotada.

Los latidos de Vox

Como ha explicado Sara Plaza Casares esta semana, el anuncio por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de la puesta en marcha de una serie de actuaciones disuasorias para la práctica del aborto, es un despropósito sin criterio científico que lo justifique y va en contra de la norma aprobada en 2010. Ninguna comunidad autónoma puede plantear un protocolo que vulnere la actual ley, pero eso no ha impedido que Vox, el partido al que pertenece García-Gallardo, haya aprovechado su cuota de pantalla para seguir aportando dosis de espectáculo que contrarresten su por ahora nula capacidad de acción política efectiva.

Lo que está en juego no es disminuir el número de abortos en Castilla y León —por motivos demográficos es, junto con La Rioja y Extremadura, la comunidad donde menos se llevan a cabo— sino señalar las contradicciones del Partido Popular. Los intentos de Vox de escapar de la redundancia política han llevado al PP a tener que estirarse como un contorsionista en un tema como el de los derechos reproductivos. Ya pasó con Gallardón y su ley, derrotados en 2014 por la movilización feminista. El Gobierno de Rajoy, en aquel momento con mayoría absoluta, no pudo o no quiso confrontar con la abrumadora mayoría social que defiende el derecho al aborto libre y seguro. La propia mayoría conservadora del Tribunal Constitucional eligió meter en un cajón el recurso que el PP había hecho a la ley de plazos de 2010, la revisión, que se producirá en febrero, la llevará a cabo un tribunal con mayoría progresista. Hoy, la ocurrencia de la vicepresidencia de la Junta de que las mujeres que deciden abortar escuchen el ruido del feto antes de la intervención añade un punto de show para evidenciar la contradicción que este tema provoca en el partido principal de la derecha española.

El PP no puede trasladar a la opinión pública lo que realmente pasa: que da por hecho que la Ley de 2010 ha consolidado el derecho al aborto en España y que la disputa actual en torno a las medidas aprobadas por el Congreso en diciembre se centra en si el actual sistema de externalización a la sanidad privada de ese derecho va a ser sustituido por la asunción de esta competencia por el sistema público, en el que actualmente solo se realizan el 15% de las intervenciones. Es decir, si la interrupción del embarazo es una cuestión que se dirime en los mercados o si la sociedad la que se tiene que responsabilizar de garantizar las condiciones en que se da.

Descartada por irrelevante la izquierda antiabortista, una tendencia que solo funciona de manera teórica entre algunas luminarias del rojipardismo, el punto en el que se encuentran los movimientos sociales de todo el mundo es en la toma de conciencia de que el derecho al aborto seguro y libre no es una batalla cultural más sino que está siendo el factor clave en un ataque a la vida en todas sus etapas —desde la cuna hasta la residencia— por parte de quienes se hacen llamar provida.