Derecho al agua
¿Qué pasa con el agua en Inglaterra y qué relación tiene con la gestión del agua en España?

El argumento que empujó a Margaret Thatcher a privatizar el agua en 1989 fue la falta de inversión pública. 35 años después, Thames Water, el mayor operador privado de agua de Inglaterra que abastece a 15 millones de personas en la región de Londres, acumula una deuda de 14.700 millones de libras. La dimisión de su antigua directora, Sarah Bentley, y la posible quiebra de la empresa fuerza el debate sobre el fracaso de la privatización.

La deuda de la empresa no tiene nada que ver con la inversión hecha para garantizar un servicio de calidad. Al contrario, la deuda proviene de una trama financiera que ha priorizado el pago de dividendos a accionistas.

Según The Guardian, desde la privatización de la gestión del agua en Inglaterra, la deuda de los operadores privados se disparó hasta los 54.000 millones de libras mientras los accionistas recibían 66.000 millones de libras. Al mismo tiempo, los recibos aumentaron un 40% por encima de la inflación, y se calcula que el 20% de estos se destinan a pagar deudas y dividendos a empresas de inversión, capitales de riesgo, fondos de pensiones y empresas domiciliadas en paraísos fiscales que se reparten el 70% del negocio del agua en Inglaterra.

Algunos de los postores de Thames Water son el fondo de pensiones Ontario Municipal Employees Retirement System, Canada Pension Plan y China, entre otros. De entre las nueve empresas privadas de agua y alcantarillado del país, el 10% es propiedad del conocido fondo buitre BlackRock, con una relevante presencia en el IBEX-35.

La deuda de los operadores privados se disparó hasta los 54.000 millones de libras mientras los accionistas recibían 66.000 millones.

Lo que comparten todos estos actores es que el agua les importa bien poco. Les da lo mismo unas cañerías, que viviendas o redes eléctricas. Su objetivo es maximizar los ingresos que generan sus participaciones, muy a menudo a expensas de incrementos tarifarios, endeudamiento o recorte de inversiones. Y cuando han exprimido hasta el último céntimo posible, se van.

Los impactos de este modelo son visibles en el estado de los ríos y playas de Inglaterra. Según la Environment Agency, los operadores vertían agua residual sin depurar a los cauces más de 1.000 veces por día de media en 2023, causando graves incidentes de contaminación. Según The Guardian, Thames Water vierte cada año cerca de 10.000 piscinas olímpicas de agua residual a los cursos de agua.

Otra muestra de la falta de inversión es el nivel de pérdidas en la red, del 24% para Thames Water, muy por encima del límite del 15% aceptado por la International Water Association. La empresa acumula más de 30 millones de libras en multas por incidentes de contaminación en el río Támesis. Uno de ellos, muy exorbitante, causó la muerte de más de 1.000 peces por unos vertidos cerca del aeropuerto de Gatwick en 2017.

La impunidad con la mala gestión de la empresa genera malestar social. Por ello, cansados de pagar recibos inflados y de no poder disfrutar de ríos y playas libres de contaminación, la campaña Don’t Pay for Dirty Water, de Extinction Rebellion, llama a un boicot con los recibos de agua. Esta herramienta puede ser muy útil en el escenario actual en el cual los auditores de la empresa pronostican que puede quedarse sin dinero en abril de este mismo año. Recordemos que, en Barcelona, en 1991, inició la guerra del agua que contó con unas 80.000 familias insumisas al pago de las facturas que consiguió rebajar los recibos.

La campaña Don’t Pay for Dirty Water, de Extinction Rebellion, llama a un boicot con los recibos de agua.

La de Inglaterra no es la primera campaña que denuncia los impactos de la privatización del agua. We Own It hace años que reclama recuperar la propiedad y gestión pública del servicio. Según la organización, el país se ahorraría 2.300 millones de libras anuales. Esta alternativa cuenta con el apoyo del 70% de la población.

Bajo la lupa, Thames Water promete desde hace tiempo invertir para mejorar su rendimiento y evitar derrames. La letra pequeña es un aumento del 40% de las facturas del agua para costearlo. Mientras, el gobierno británico de mayoría conservadora se plantea pasar a un régimen de administración especial. No se atreven a decirlo, pero a la práctica implica nacionalizar y rescatar a la empresa. Y como no, el gasto lo acabaría costeando la ciudadanía.

Con todo, la hipótesis que llevó a Tatcher a privatizar el agua -es decir, la falta de inversión pública y la confianza en la inversión y bondad privada- hace aguas. Claro está que el Gobierno debe mover ficha, pues es crucial, y responsabilidad pública, mantener un servicio básico que garantice un derecho humano y un bien común del cual no podemos prescindir. Eso sí, volvemos a estar delante de un escenario de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Ojalá que la nacionalización, si se da, no solo sirva para sanear la empresa sino recuperarla de forma definitiva.

¿Y qué relación tiene lo anterior con la gestión del agua en España?

La respuesta está en el modelo de gestión. La privatización “a la británica” se ha extendido poco y solo se encuentra en algunos lugares del mundo con ejemplos paradigmáticos como el chileno. En España la propiedad del agua es pública, pero la gestión privada ha entrado con fuerza mediante el modelo. Hoy día, la mitad de los españoles reciben agua de operadores privados, aunque en Cataluña esta cifra se incrementa al 78%. Los que se reparten el pastel son los de siempre: en Cataluña y Murcia domina el grupo AGBAR, presente en Chile y otros países de Latinoamérica. Hasta 2011, también estaba en el mercado inglés con Bristol Water, ahora fusionada en South West Water, una de las nueve empresas en investigación por los derrames de aguas residuales en los ríos.

La sequía que sufre Cataluña también abre el debate sobre el modelo de gestión. Los recibos del agua suben con el pretexto de la sequía, mientras la ciudadanía que es abastecida por empresas privadas paga el agua un 20% más cara que allí donde hay gestión pública.

¿Es lícito seguir pagando los beneficios de grandes empresas privadas mientras la administración pública invierte en reparación de fugas de agua? Unas inversiones, por cierto, que están recogidas en los contratos privados que muy pocos ayuntamientos han fiscalizado. Unas subvenciones, por cierto, que también van a recibir los operadores privados.

Desde su remunicipalización, Valladolid ahorra 10 millones de euros anuales y los reinvierte en el propio servicio. Terrassa, por su parte, ha ahorrado 13 millones de euros los primeros cuatro años de gestión pública tras su remunicipalización, y la gran mayoría los ha destinado a inversiones en el servicio. Estamos delante de una gran oportunidad para recuperar la gobernanza del agua en los municipios que pronto finalizan sus contratos de concesión privada y no comprometer ningún euro más para así destinarlos a hacer frente a los retos como son las sequías. La remunicipalización, cuando llega, llega para quedarse. Esperemos que la nacionalización también.