Madrid
Izquierda parlamentaria y organizaciones sociales reclaman medidas para acabar con el racismo inmobiliario

Más de 50 organizaciones sociales, acompañados por los grupos parlamentarios de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, han registrado en la mañana de este 7 de mayo una proposición no de ley para exigir al Gobierno que acabe con una práctica que comparten el 99% de las inmobiliarias: discriminar, dificultar o directamente bloquear el acceso a la vivienda a las personas migrantes.

Según el reciente informe de Provivienda “¿Se alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de la vivienda”, la práctica total de las empresas intermediarias del mercado inmobiliario dificultan el acceso a la vivienda en función del origen, el color de la piel o la indumentaria de las personas a través de la negación de contratos o aumentando los requisitos exigidos para poder conseguir un techo. Entre las organizaciones impulsoras de esta propuesta, que presentaron en el Congreso este miércoles con una rueda de prensa, destacan Asociación Rumiñahui, CEAR, CECU, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Provivienda y Red Acoge.

El rentismo es racismo

Hannah Soraya Assiatu Diallo

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Opinión

Opinión El rentismo es racismo

Hannah Soraya ,  Assiatu Diallo

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La posición de las personas migrantes y racializadas en el conflicto del alquiler nos coloca como sujetos esenciales e imprescindibles en la lucha por la vivienda.

Según estas organizaciones, el racismo inmobiliario está “intensificando los procesos de segregación” y de “discriminación residencial” ya existentes, llevando a las personas migrantes y refugiadas a niveles de “vulnerabilidad extrema”. La única salida que queda para muchas familias y hogares es el subarriendo de habitaciones, una situación que las deja “legalmente desamparadas frente a prácticas abusivas” y que las obliga a vivir en condiciones de hacinamiento. Ni el alquiler de habitaciones ni mucho menos el subarriendo de habitaciones está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos ni por la ley de vivienda de 2023, dejando a los caseros margen absoluto para decidir condiciones, términos, precio y duración de la estadía. Los problemas de acceso a una vivienda se traducen, señalan desde estas organizaciones, en dificultades para acceder a otros derechos vinculados normalmente con contar con un techo y una dirección, como es la sanidad o la educación. 

El 99% de las inmobiliarias discrimina, dificulta o directamente bloquea el acceso a la vivienda a las personas migrantes, según un reciente informe de Provivienda

A pesar de que la discriminación inmobiliaria está prohibida por la Constitución, por la ley de vivienda y por la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación (Ley 15/2022 ), según señalan las organizaciones, no existe una política pública ni medidas efectivas ni mucho menos mecanismos de seguimiento que eviten que en la práctica las inmobiliarias y los caseros ejerzan esta discriminación de forma sistemática. 

Para acabar con esta indefensión que afecta a cientos de miles de personas en territorio español, la proposición no de ley insta al Gobierno a que dote de recursos y reglamentos a la Ley 15/2022, que incorpore al Plan Estatal de Vivienda (2026-2029) medidas inclusivas y financiación, que regule los requisitos máximos y la documentación necesaria para acceder a un piso para evitar procedimientos discriminatorios o que incremente la vigilancia efectiva del mercado inmobiliario, que facilite las denuncias de racismo inmobiliario y sancione a las inmobiliarias que incurran en él.