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Venezuela, entre la salida al laberinto y el enroque autoritario

Las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre supondrán, más allá del resultado que obtenga cada partido, la apertura de una nueva fase política en Venezuela.

La oposición ha agotado la estrategia conocida como “La Salida”, un plan para derrocar a Nicolás Maduro que comenzó en 2013 con manifestaciones masivas y terminó con la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino por la Asamblea Nacional.

El Gobierno logró conservar el poder, pero a cambio de poner en tela de juicio la neutralidad de las instituciones públicas y de dejar por el camino a un sector nada desdeñable de su base social. Tras el combate, los contendientes se lamen las heridas. El Gobierno busca abrir el sistema político a nuevos contendientes que aporten legitimidad democrática, mientras que la oposición necesita pequeñas victorias y una cuota suficiente de participación en las instituciones. Ante esta coyuntura, ¿son las elecciones una oportunidad para la apertura democrática o un mero pacto entre algunas élites políticas?

Parlamentarias en Venezuela: todo lo que juega este 6 de diciembre

Ociel Alí López

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Parlamentarias en Venezuela: todo lo que juega este 6 de diciembre

Ociel Alí López

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Las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde se elijen los representantes de la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición de derecha, se celebran este domingo 6 de diciembre. Los resultados pueden determinar el futuro político del país caribeño.

Si hay algo que está fuera de debate es que Maduro no es Chávez. Y no hablamos de liderazgo, carisma o simpatía, sino del proyecto de país que uno y otro representan. La victoria de Chávez en 1998 vino acompañada de un incremento en la satisfacción con la democracia, al integrar a los sectores más empobrecidos de la sociedad a un sistema político que hasta entonces les había sido ajeno. De esta forma se logró construir una sociedad más cohesionada, aumentando la confianza interpersonal entre las y los venezolanos y mejorando la consideración de cuán justa era la distribución de los ingresos.

Con la llegada de Maduro a la presidencia, el sistema político venezolano ha sufrido una indudable deriva autoritaria, perdiendo el impulso democratizador y distributivo que lo había caracterizado en sus inicios. El siguiente gráfico ilustra que, a partir del año 2010, la percepción de Venezuela como un país justo y cohesionado desciende abruptamente.

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El gobierno necesita abrir el sistema político a nuevos contendientes que aporten legitimidad democrática, mientras que la oposición requiere de pequeñas victorias y de alguna cuota de participación en las instituciones

El contexto de fuerte polarización y violencia política, así como las amenazas de una intervención militar estadounidense han dado un papel cada vez más predominante a las Fuerzas Armadas.

La alianza cívico-militar consagrada legalmente en 2014 ha garantizado la lealtad de los uniformados en los momentos de mayor incertidumbre política, pero también ha aumentado su poder en pilares económicos como la petrolera PVDSA o la entrega de alimentos y productos básicos mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El exmilitar y vicepresidente Diosdado Cabello es desde 2018 el presidente de una Asamblea Nacional Constituyente que, arrogándose las funciones del parlamento, ha promulgado la Ley Antibloqueo que supuestamente sorteará los efectos de las sanciones económicas contra Venezuela. En realidad, como han señalado algunas voces del chavismo crítico, puede constituir una vía de entrada del capital internacional en los ricos yacimientos de oro controlados en gran parte por la jerarquía militar.

Las injerencias del Gobierno también se han producido en el poder judicial. El TSJ se ha puesto manos a la obra para facilitar la acomodación de la oposición, activando la creación de los “alacranes”: un proceso mediante el cual se inhabilita a las direcciones de los partidos opositores para otorgar los derechos económicos y políticos de la organización a miembros críticos. Las cúpulas de Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia han sido intervenidas y sustituidas por otras que apoyaban la participación en las elecciones, dejándoles participar a cambio en la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Con la llegada de Maduro a la presidencia, el sistema político venezolano ha sufrido una indudable deriva autoritaria, perdiendo el impulso democratizador y redistributivo que lo había caracterizado en sus inicios

La oposición no se ha quedado quieta ante estos movimientos del Gobierno. El sector inmovilista, encabezado por Juan Guaidó, insiste en una llamada a la abstención que ya fracasó en 2005, y ha lanzado una “Consulta Popular” para puentear las elecciones, si bien su objetivo prioritario es erigirse en líder de la oposición frente a Henrique Capriles.

Por su parte, el excandidato presidencial se ha desentendido completamente de la estrategia rupturista de Guaidó, llegando a negociar durante el verano su participación en las elecciones con el apoyo de la Iglesia Católica y algunos grupos empresariales. En sus redes sociales las reivindicaciones de carácter socio-económico son más frecuentes que los alegatos contra el “régimen”, una estrategia que engarza bien con las preocupaciones reales de la población.

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La candidatura izquierdista opositora a Maduro, la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), pretende ser la piedra en el zapato del gran pacto entre Gobierno y oposición moderada. Conformada inicialmente por una amalgama de partidos chavistas entre los que destacan el Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos y Tupamaros, la larga mano del TSJ inhabilitó a las direcciones de los dos últimos para incluirlos dentro de la candidatura del PSUV.

Aunque el peso electoral de estos partidos sea una incógnita, el oficialismo teme perder una parte de su electorado más correoso, el núcleo duro que lo ha apoyado fielmente en estos últimos años de decadencia económica y polarización política. Por ello no es de extrañar que la represión contra los disidentes izquierdistas esté siendo particularmente despiadada. El líder histórico de los Tupamaros, José Pinto, lleva varias semanas en prisión pese a su avanzada edad y su delicado estado de salud. El PCV ha convocado manifestaciones para denunciar la invisibilización que sufre en los medios de comunicación y los ataques contra miembros del partido. A los partidarios de Maduro le preocupa que una coalición que denuncia al mismo tiempo el bloqueo internacional impuesto por el imperialismo estadounidense y la venta de bienes públicos a inversores extranjeros pueda tener éxito entre el chavismo crítico.

El contexto de fuerte polarización y violencia política, así como las amenazas de una intervención militar estadounidense, han dado un papel cada vez más predominante a las Fuerzas Armadas

A la división interna del chavismo se une un descrédito generalizado del sistema político venezolano. Como ilustra el siguiente gráfico, el ejecutivo, en su utilización partidista de los instrumentos del Estado, no solo ha sufrido una disminución de su popularidad, sino que ha arrastrado a instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ, que disfrutaban de altos niveles de popularidad durante el gobierno de Chávez, a unas cuotas históricas de desafecto entre la población. La oposición tampoco escapa a esta desilusión generalizada de la población, que otorga puntuaciones negativas tanto a la Asamblea Nacional como a a los partidos políticos que la conforman.

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La deslegitimación generalizada de las instituciones políticas es un cóctel explosivo al que el Gobierno ha querido ponerle solución, ofreciendo una conciliación con los sectores moderados de la oposición. Las elecciones parlamentarias son el mejor lugar donde escenificar este compromiso.

A diferencia de la presidencia, el poder parlamentario puede ser repartido sin poner en peligro la mayoría oficialista. Una parte de la oposición ha entendido que gana más poder con la participación que con el boicot, y está dispuesta a recoger la mano tendida por el Gobierno. Al mismo tiempo, una fracción del chavismo se distancia del Gobierno de Maduro y puede constituirse en la pata izquierda de la cámara. En general, estas elecciones podrían dar como resultado un tablero político, de algún modo, más inclusivo, con presencia de actores políticos renovados y una mayor fragmentación parlamentaria.

La deslegitimación generalizada de las instituciones políticas es un cóctel explosivo al que el gobierno ha querido ponerle solución, ofreciendo una conciliación con los sectores moderados de la oposición

En la consecución de este equilibrio entre bloques jugará un papel determinante el contexto internacional. Venezuela sufrió duramente el derrumbe de la primera ola del progresismo sudamericano, con una contraofensiva derechista que tuvo su culmen en el golpe de Estado contra Evo Morales que dejaba a Venezuela y Argentina como únicos Gobiernos de izquierda de la región. La tendencia está cambiando de nuevo, y a la presidencia de López Obrador en México se suma la amplísima victoria de Luis Arce en Bolivia; si a ello añadimos la inestabilidad que sacude a gobiernos conservadores como los de Perú y Chile, el mapa geopolítico de la región se torna algo menos asfixiante para el oficialismo. Por su parte, la nueva administración de Joe Biden no dará un volantazo en su aproximación estratégica, pero muy probablemente sepultará la “vía Guaidó” hasta nuevo aviso.

Por último, el Gobierno español puede impulsar una conducción más imparcial por parte de la Unión Europea, amén de aprovechar las capacidades mediadoras que brindan el vicepresidente Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente, curtido defensor del diálogo en el conflicto venezolano, ya dio su opinión en una entrevista para el canal privado Globovisión: “Estoy esperanzado con el 6 de diciembre, con una votación importante, que acudan los ciudadanos, estoy esperanzado para que Venezuela inicie una nueva etapa".